¿Qué reflexiones se podría formar aquel turista extranjero que, luego de ver frustrada su visita a Machu Picchu por las protestas de las últimas semanas, perdió el vuelo de vuelta a su país de origen como consecuencia del caos en el aeropuerto Jorge Chávez? La primera podría ser la urgencia de cambiar de agencia de viajes, si es que usó una. La segunda sería, sin duda, alertar a su familia y amigos sobre los riesgos de visitar un país en el que las agendas de grupos organizados pueden imponerse sobre el resto sin ninguna consecuencia.
El jueves y viernes de la semana pasada los vuelos suspendidos y cancelados se acumularon en el primer aeropuerto del país. La causa era el pedido de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Córpac) para incrementar los tiempos entre vuelos a cinco minutos con el objetivo de otorgar períodos de descanso a los controladores aéreos. Ello originó un embalse de vuelos que no fue comunicado por Córpac sino hasta el viernes en la mañana. A los pasajeros se les dieron pobres explicaciones y varios tuvieron que pasar la noche en las banquetas del aeropuerto. Ante el desconcierto, Roberto Emilio de la Torre, presidente de Córpac, presentó su carta de renuncia ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Estos problemas no son nuevos. Varias alarmas se encendieron en el 2022 luego del accidente que resultó en el fallecimiento de tres bomberos aeronáuticos al estrellarse su vehículo contra un avión en proceso de despegue. Videos de la torre de control demostrarían a la postre que, en el momento de la colisión, el supervisor estaba durmiendo, y otros más, descansando. Los cuatros trabajadores involucrados siguen en labores en Córpac luego de 30 días de suspensión.
De acuerdo con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, la falta de personal capacitado está en el centro de la cuestión, lo que ha llevado a un “aumento del número de horas que utilizaba un controlador, por encima de las que son razonables”. “Va a haber una ventana de dos meses en los que va a haber este proceso especial de gestión de la fatiga asociado a los controladores. [...] Dos meses para que el problema esté resuelto como una solución de largo plazo”, mencionó en declaraciones a TV Perú.
Hasta ahora, las limitaciones autoimpuestas en el acceso a la carrera de controlador aéreo han concentrado poder sobre los pocos que ya tienen la licencia. Ello les permite hacer más horas extras, demandar mayores ingresos y establecer condiciones de trabajo. De ahí los pedidos de tiempo que perturbaron 120 vuelos y más de 6.000 pasajes la semana pasada, y que no son los primeros. Ya los gremios aeronáuticos (ALTA, AETAI y APEA) indicaron que desde enero Córpac viene emitiendo disposiciones técnicas “sin ningún sustento técnico adecuado, [que] afectan los itinerarios y planes de miles de pasajeros”. Ante las aerolíneas internacionales, el Perú es un espacio aéreo menos confiable.
El MTC tiene que responder con urgencia a la situación. El plan del ministro Pérez Reyes ataca el problema de fondo, pero llega demasiado tarde y tomará un tiempo en implementarse. Lo que no puede permitirse es que, mientras tanto, pequeños grupos organizados –pero con poder concentrado– ejerzan una suerte de chantaje sobre miles de ciudadanos, afectando sus traslados e incluso poniendo en riesgo sus vidas, hasta que no se cumplan sus demandas. Se vio en Machu Picchu y se ve en la torre de control del Jorge Chávez. La reflexión del turista frustrado es perfectamente justificada.