El castigo del destape

Si los políticos, en general, y los congresistas, en particular, están preocupados por lo que aparece sobre ellos en los medios de comunicación y otros espacios públicos, lo mejor que podrían hacer es fortalecer la transparencia y enmendar el rumbo para evitar luego destapes incómodos. Pero como eso parece un camino demasiado complicado para ellos, la otra opción a la mano es penalizar la cobertura mediática desfavorable.

En esencia, es eso lo que ha impulsado el Congreso esta semana. Con apenas 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones, el pleno aprobó la modificación del Código Penal para elevar las penas por los delitos de calumnia y difamación. La norma también hace más restrictiva la rectificación y confunde –adrede– las protecciones a la intromisión ilegítima en la privacidad.

Las notas maliciosas o que difunden falsedades con el objetivo de hacer daño ya deben enfrentar un ordenamiento jurídico estricto. Si bien este marco puede ir mejorando en línea con los nuevos retos que impone la tecnología y la virtualidad, eso no es lo que ha hecho el Congreso. Ni era esa su intención.

Por los cambios normativos realizados, es difícil inferir del Parlamento otra cosa más que un propósito de amedrentar a la prensa crítica a partir de castigos cada vez más punitivos y espacios de defensa legal a la libertad mediática cada vez más estrechos. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión y otros especialistas han criticado la legalidad de la iniciativa.

El cambio se da, además, en un contexto de creciente preocupación por la salud del ecosistema para la libertad de prensa. Como señalamos en estas páginas el viernes pasado, la reciente visita al Perú de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa dejó a sus integrantes “muy preocupados”. Los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes vienen en la forma de violencia física desde la creciente criminalidad organizada, pero también en forma de discursos políticos agresivos y proyectos de ley amenazantes de parte del Ejecutivo y del Legislativo.

El Congreso tiene todavía tiempo para enmendar su error en la segunda votación de la norma. Sería una pequeña pero valiosa señal de respeto al trabajo periodístico y a lo que representa para la democracia, sobre todo en ciernes de un año electoral.