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Libres pero no inocentes
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Algunas resoluciones, al margen de que estén bien o mal fundamentadas, pueden fomentar la percepción de impunidad. Tal es el caso de las dos decisiones dictadas ayer por el Tribunal Constitucional y la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia, que dispusieron las excarcelaciones de la y del , respectivamente.

Lo que es importante aclarar, y que la ciudadanía debe tener presente, es que en ninguno de los dos casos se trata de una declaración de inocencia. Ni Betssy Chávez ha sido absuelta por su rol en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ni Vizcarra ha sido declarado inocente de las acusaciones por corrupción por las presuntas coimas recibidas cuando era gobernador de Moquegua. Los dos procesos siguen su curso y las graves acusaciones que ambos enfrentan no han sido desbaratadas. Lo que está en cuestionamiento son los criterios que aplicaron los jueces para dictarles prisión preventiva.

En el caso de Chávez, el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que se había vulnerado su derecho a no “padecer detenciones arbitrarias”. De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público presentó un pedido tardío para ampliar su prisión preventiva, y el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley lo resolvió días después de su vencimiento. La resolución representa un severo llamado de atención tanto para la fiscalía como para el Poder Judicial.

Respecto de Vizcarra, la decisión que lo favorece señala que el juez que lo envió a prisión cometió “un exceso en sus atribuciones”. Vale recordar que el martes este Diario informó que durante el tiempo que el expresidente estuvo cumpliendo prisión preventiva, el juicio que se le sigue avanzó de manera célere.

Si bien la justicia garantista protege derechos fundamentales, debería ir de la mano con medidas que aseguren que los beneficiados no eludan a la justicia. No hay que olvidar el historial evasivo de Chávez ni la actitud obstruccionista que ha caracterizado a la defensa de Vizcarra en su juicio. Es deber de la fiscalía coordinar desde ahora medidas preventivas para evitar posibles fugas o interferencias en los procesos en curso. Las pruebas que incriminan a una como golpista y al otro como corrupto son abundantes y contundentes. La libertad que disfrutarán es solo temporal, pues las sentencias que los aguardan pondrán nuevamente las cosas en su lugar.

Editorial de El Comercio.

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