Llamado a la responsabilidad

El plazo para que las nuevas organizaciones políticas que aspiran a participar en las elecciones generales del 2026 lograran su inscripción venció el pasado 12 de abril. La agrupación Unidad Popular (UP) consiguió registrarse recién el 23 de junio –es decir, fuera de la fecha límite– debido a una serie de tachas presentadas en su contra. Sin embargo, desde entonces, un juez ha tratado de alterar este orden de cosas para que el partido liderado por Duberlí Rodríguez –un expresidente del Poder Judicial, precisamente– pueda competir en el proceso que tendrá lugar en menos de seis meses.

En días recientes, sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió suspender de manera provisional los fallos del juez John Paredes que ordenan fijar el 7 de abril como fecha de inscripción de UP hasta que resuelva la demanda de fondo presentada por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta institución alega que el Poder Judicial se ha arrogado competencias que no le corresponden al tratar de dictarles cuándo deben inscribir un nuevo partido y ha intentado alterar el calendario electoral. Y aunque todavía falta conocer el fallo final del TC en esta disputa, es lamentable que, estando tan cerca de las elecciones, tengamos que observar este tipo de episodios.

Como se ha repetido hasta la saciedad, el proceso electoral del 2026 será muchísimo más complejo que los anteriores. No solo porque elegiremos nuevos cargos (debido al retorno de la bicameralidad), sino porque las organizaciones que pueden postular candidatos son nada menos que 39 (más del doble que el 2021). Es decir, ya estamos ante un escenario lo suficientemente caótico como para que las autoridades le añadan más hilos a la maraña. El calendario electoral, como bien suelen apuntar los expertos, se rige por el principio de preclusión; es decir, que una vez que una etapa se cierra ya no puede volver a abrirse. Y tiene sentido que sea así para evitar, justamente, que se imponga el caos entre los electores. Además, ¿cuántos otros partidos podrían solicitar, como UP, que se los inscriba ‘retroactivamente’?

Mención aparte merece el protagonista de este tinglado, el juez Paredes, que arrastra en su historial una serie de decisiones –por decir lo menos– controversiales, que van desde acoger un hábeas corpus a favor del prófugo Vladimir Cerrón hasta ordenar al Congreso que suspenda la elección del defensor del Pueblo en el 2022.

Ojalá que el TC tome todo esto en cuenta al momento de emitir su fallo final en el caso de UP, pues lo que está en juego es mucho más que la inscripción de determinado partido; es la certeza con la que contamos todos –postulantes y electores– de que los plazos del calendario electoral son inmodificables.