Dosis de recuerdo

Esta semana, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de la vacunación irregular durante el ensayo clínico de la fórmula de Sinopharm en nuestro país, conocido como ‘Vacunagate’. La denuncia por concusión incluye a la exministra de Salud Pilar Mazzetti. A ambos se les imputa haber sacado provecho de sus cargos para inocularse clandestinamente durante la segunda mitad del 2020, en plena pandemia del COVID-19.

Con el ex jefe del Estado aún esmerándose públicamente para describirse, no solo como un exmandatario eficiente, sino también como uno heroico (de hecho, cuando se conoció lo de su vacunación furtiva trató de hacer creer que fue un valiente voluntario), y a propósito de las medidas legales tomadas en su contra por la fiscal de la Nación, resulta conveniente recordar lo que fue, sin duda, el episodio más bajo de su gestión. En especial, frente al evidente interés del expresidente por volver a la palestra política, a través de Perú Primero, la agrupación que busca inscribir.

Como se sabe, Martín Vizcarra recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm el 2 de octubre del 2020. Para ese entonces, el Perú registraba 821.564 casos confirmados del coronavirus y habían muerto, según cifras del Ministerio de Salud, 32.609 compatriotas. Era limitado el uso de las pruebas moleculares y proliferaban, a pesar de los cuestionamientos de los expertos sobre su precisión y pertinencia, las pruebas rápidas. Poco después sabríamos que nuestro país accedería al récord de más fallecidos por cada 100.000 habitantes en el mundo y que, mientras la más alta autoridad del Estado, su esposa y su hermano se vacunaban, su administración emprendía una perezosa negociación con los laboratorios que nos venderían los inyectables. En buena cuenta, dejándonos al final de la cola para la recepción de un lote del fármaco que, ahora lo sabemos más que nunca, acabaría con el calvario pandémico y las muertes.

Una circunstancia, en fin, que incluso comparada con todas las otras sombras que el gobierno de Vizcarra coleccionó (como la de los pagos irregulares al estrafalario Richard Cisneros y la de los sobornos que se le acusa a Vizcarra de haber recibido cuando era gobernador de Moquegua), resalta por la bancarrota moral que tiene que demandar aquello de ser el presidente y poner al Perú primero (como le gustaba decir al exmandatario), pero después de uno.

La saga de conductas reprobables, por otro lado, no terminó cuando Martín Vizcarra fue inoculado. La manera en la que eligió defenderse, con mentiras sobre una supuesta participación suya en el ensayo clínico –del que no existe registro alguno– e incluso, a inicios del 2021, haciéndose una prueba de anticuerpos para dar a entender que no generó resistencia contra el virus, le añadieron sal a la herida. Sobre todo, al darse en tiempos en los que el discurso antivacunas estaba a la orden del día.

Además, las transgresiones de Vizcarra en el caso en cuestión podrían trascender el simple hecho de que trató de beneficiarse irregularmente con una vacuna para salvar su propio pellejo. Una denuncia planteada por el procurador Daniel Soria, donde pide a la fiscalía que a Vizcarra se lo investigue por cohecho activo transnacional, sugiere que, a cambio de saltarse la cola de la inoculación, el ex jefe del Estado habría “prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos […], una posible preferencia, ventaja o exclusividad” a la firma involucrada. Un caso que las autoridades deberán investigar y que revelaría la manera irresponsable con la que se puso en riesgo las vidas de los peruanos.

Como suele ocurrir, con los políticos empañados por el escándalo durante su paso por el Estado, Martín Vizcarra ha intentado (y continuará haciéndolo) describirse como un hombre intachable, como un líder denodado y una autoridad cercana y desprendida para con los suyos. Las intenciones políticas del expresidente, al fin y al cabo, están muy claras. Pero por más esfuerzos que haga, la denuncia elevada esta semana por la titular del Ministerio Público debería servirnos como una dosis de recuerdo de que el expresidente no dudó en saltarse la fila y colocarse, tras bambalinas, la vacuna que le correspondía a otros.