Los colocados

Si hubiese que simplificar, son dos los principales legados de la administración del expresidente Pedro Castillo. El primero es el clima de conflictividad que hoy se vive sobre todo en el sur del país. Es incierta la duración de esta enorme fuente de inestabilidad. El segundo es el deterioro de la calidad del aparato del sector público. Bajo la gestión de Castillo, el Ejecutivo fue infestado por personas que no solo no cumplían el perfil profesional mínimo para los altos puestos en los que fueron colocadas, sino que –en más de un caso– su nombramiento respondía a fines ilegítimos de los ministros de entonces.

Entre los ministerios copados por personas afines al gobierno de Castillo estuvo, por ejemplo, el de Salud. Kelly Portalatino, congresista oficialista y miembro de Perú Libre desde el 2020, reemplazó como titular del Ministerio de Salud a Jorge López –exdirector del hospital Carrión de Huancayo, en Junín, y cercano a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre–. El anterior ministro, Hernán Condori, de hecho, había tenido las mismas inclinaciones políticas. En un ministerio tan fundamental para el país como el de Salud –sobre todo luego del desastre experimentado a raíz del COVID-19– las cuotas políticas y partidarias que implementó el Ejecutivo fueron una muestra permanente de su desidia por la población más vulnerable.

El otro copamiento partidario obvio fue el del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Por este ministerio pasaron titulares también cercanos a Cerrón, y entre sus nombramientos dejaron una estela visible. Según publicó ayer la Unidad de Investigación de este Diario, seis militantes o allegados a Perú Libre fueron contratados por primera vez en el Minem a través de la modalidad FAG (Fondo de Apoyo Gerencial), reservada para profesionales especializados. Es el caso, por ejemplo, de Yoana Amable Salva, contadora militante de Perú Libre, quien recibió S/68.500 entre febrero y junio del año pasado por sus servicios de consultoría en la secretaría general del Minem en calidad de FAG. A partir de julio del 2022, Amable fue beneficiaria de órdenes de servicio para el Minsa. En total, los gastos en remuneraciones para el grupo de personas cercanas a Perú Libre en el Minem ascendieron a por lo menos S/277 mil.

Otros ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones o el de Educación, e instituciones dependientes del Ejecutivo, como Indecopi, también con titulares cercanos al partido del expresidente, es posible que hayan sufrido similares nombramientos bajo modalidades diversas. El problema de fondo en estos ni siquiera es tanto las remuneraciones públicas –un asunto de por sí grave en la medida en que son financiadas con el dinero de todos los contribuyentes–, sino la calidad del trabajo que pueden entregar y sus prioridades funcionales. ¿Respondían a los intereses del ministro de turno o del Estado?

A pesar de los esfuerzos recientes por desmarcarse de la administración anterior, la presidenta Dina Boluarte arrastra una trayectoria complicada en este campo. Como una de las ministras más estables –además de vicepresidenta– de la gestión pasada, no ha sido del todo ajena a prácticas como las descritas. Durante su gobierno, instancias competentes dentro de la administración pública, y también de independientes como la prensa, deben estar especialmente atentas a nombramientos que responden a cuotas partidarias o de afinidad personal antes que al interés público.

Dentro de todas las formas para perder legitimidad política –un bien tan escaso para el actual gobierno–, nombrar funcionarios incompetentes simplemente por la cercanía con estos debe ser la más elemental.