La organización política Todo con el Pueblo, que busca aglutinar a los simpatizantes que le quedan a Pedro Castillo, tiene problemas para conseguir su inscripción como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Del total de 25.951 fichas de afiliados que presentó originalmente, solo le validaron 15.042 (es decir, necesita validar 10.246 más) y 66 de los 77 comités provinciales presentados no contaron con el mínimo legal de 50 afiliados válidos. Para poder tomar parte en los comicios generales del 2026, esas carencias tendrían que ser suplidas antes del 12 de abril (fecha en la que se convocará ese proceso electoral), y sucede que dos congresistas, pertenecientes ambos a la Bancada Socialista, están tratando de hacerlo con recursos del Legislativo. Una práctica que, lógicamente, está prohibida.
Se trata de los legisladores Alfredo Pariona y Pasión Dávila, que postularon al Parlamento en las listas de Perú Libre, pero luego se apartaron del conglomerado cerronista. Los dos, en efecto, profesan una adhesión al expresidente Castillo que no parece encontrar reparos en la circunstancia de que el 7 de diciembre del 2022 él ensayara un golpe de Estado. Más allá de las febles credenciales democráticas que ello les concede, sin embargo, está el problema de que, como El Comercio reveló ayer, viajaron en abril del 2024 a Juliaca para participar de una asamblea de Todo con el Pueblo, con pasajes pagados por el Legislativo. Pariona, en particular, trató de justificar el traslado diciendo que tuvo allá otras actividades relacionadas con la función de representación que le toca. Este Diario, no obstante, revisó sus redes sociales y comprobó que no tuvo actividades registradas en las fechas concernidas. En su caso, además, se ha podido corroborar que miembros de su despacho y de la comisión que preside –la de Ciencia y Tecnología– están inscritos en la organización política que él promueve y son presionados para “apoyar” en la tarea de conseguir nuevos afiliados. Una situación más que irregular que requiere ser investigada, para empezar, por la Comisión de Ética del Congreso y eventualmente por otras instancias.
No es la primera vez, desde luego, que se pone en evidencia que determinados despachos parlamentarios están al servicio de personajes acusados e incluso sentenciados por diversos delitos, como Vladimir Cerrón. Pero una cosa es que los valedores de tales individuos no sientan vergüenza por el socavamiento del orden legal y constitucional al que contribuyen y otra, que no sufran las consecuencias políticas o penales que ello acarrea.
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