Editorial El Comercio

, el sobrino del expresidente implicado en el caso de corrupción de la licitación del puente Tarata, al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tras casi dos años de estar prófugo. Sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional, y pesa todavía una orden de prisión preventiva por 24 meses.

Lo que el Ministerio Público le imputa, como se sabe, es haber conformado, junto con su primo , el denominado “brazo operativo” de la presunta red criminal que encabezó su tío mientras gobernaba el país y cuyo objetivo era obtener ganancias o beneficios irregulares. Se le atribuyen los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado. En la misma carpeta de la investigación sobre la licitación ya mencionada está comprendido también el proceso de adquisición de a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., representada por Samir Abudayeh. Y Vásquez Castillo afronta además una segunda investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias por el .

Así las cosas, la noticia de su entrega es evidentemente positiva. Particularmente por la cantidad de información que puede aportar sobre el resto de implicados –incluyendo al ex jefe del Estado– en las indagaciones de las que es parte. Pero de ahí a que su puesta a derecho intente ser presentada como un logro, aunque sea parcial, de la PNP, el nuevo comandante general de esa institución, Víctor Zanabria, hay una gran distancia. Una entrega no es lo mismo que una captura, y lo que la policía estuvo supuestamente intentando hacer durante los últimos 20 meses fue esto segundo. El nulo éxito obtenido a ese respecto ha dado pie, más bien, a especulaciones sobre algún tipo de protección oficial de la que el otrora prófugo podría haberse beneficiado. Conviene recordar, en ese sentido, las declaraciones al Eficcop de Jorge Hernández Fernández, ‘El Español’, al respecto, que contó en marzo pasado que al menos dos exdirectores de la PNP de Vásquez Castillo.

Ayer, el general Zanabria afirmó: “Una vez más se evidencia un trabajo profesional coordinado […], se han hecho acuerdos a nivel del Ministerio Público, con la participación de la Policía Nacional y sus equipos especiales”. Ahora, si Fray Vásquez Castillo se ha entregado es, obviamente, por la posibilidad de obtener algún tipo de concesión en el proceso penal que tiene por delante… Y en eso la PNP no tiene participación conocida. “Lo hemos traído [de Puno] en un vuelo con nuestra aeronave de la Policía Aérea”, agregó, como si aquello constituyese un mérito en lugar de una obligación.

Ya en vena grandilocuente, el flamante comandante general de la PNP se animó a hablar también del fugado secretario general de Perú Libre, , que lleva más de 100 días prófugo. “Está aquí y lo vamos a capturar”, señaló, al tiempo de especular que ello sucedería . Deslizó, por otra parte, que para evitar su apresamiento Cerrón recibe ayuda de “otros países con desarrollo de mucha tecnología”.

A propósito de lo primero, solo podemos desear que esté en lo cierto y que para mediados de febrero el condenado ex gobernador regional de Junín se encuentre ya tras las rejas. Pero, después de la performance de la institución que conduce en el esfuerzo de atraparlo, no podemos menos que ser escépticos. Y, con respecto de lo segundo, lo mínimo que se le puede demandar son pruebas de la insinuada intervención extranjera, porque, si no las tiene, estaríamos solo ante un ejercicio de retórica sin sustancia. En ambos casos, el eventual paso de los días sin resultados podría jugarle seriamente en contra.

La sensación que queda, a decir verdad, es la de que podríamos estar ante una materialización del viejo dicho “Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”. Ojalá no sea así. Pero, si lo fuera, tendría que haber consecuencias.

Editorial de El Comercio

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