Se queda aquí

Por varios días se especuló sobre la decisión del Gobierno Peruano respecto de la posibilidad de otorgarle un salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez. Como se sabe, tras un período en prisión preventiva por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, Chávez fue puesta en libertad por un error de la fiscalía y –al poco tiempo– se refugió en la Embajada de México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum decidió otorgarle asilo a la investigada, lo que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La solicitud de salvoconducto –para que Chávez pueda abandonar la embajada y dirigirse al aeropuerto sin ser detenida– ponía al gobierno del presidente José Jerí en un trance diplomático complicado. La cancillería, sin embargo, ha reaccionado con propiedad. En un comunicado del viernes 7, indicó que, en vista de la desnaturalización del convenio de la OEA que regula el derecho al asilo, propondrá a los países miembros una modificación de los términos. “En ningún caso debe utilizarse [el asilo] para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”, señaló Torre Tagle. El anuncio remata con la buena noticia de la salida del país del embajador cubano Carlos Zamora “en forma definitiva”.

El anuncio del planteamiento ante la OEA no solo compra tiempo legítimo al gobierno para evaluar la situación de Chávez, sino que saca al fresco el abuso que México ha estado haciendo de la figura del asilo para cobijar en sus sedes diplomáticas a acusados de delitos graves con los que tenga alguna afinidad ideológica. Apenas el año pasado, por ejemplo, el Gobierno de Ecuador decidió tomar por asalto la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

Por si faltara aclararlo, Chávez no es ninguna perseguida política. Es hasta absurdo proponerlo. Es una persona que coordinó un intento de golpe de Estado mientras ejercía el segundo cargo más alto del Poder Ejecutivo. Nada menos. Debe ser procesada por ello conforme a las leyes vigentes. En buena hora el Gobierno Peruano decidió que lo mejor era mantenerla por el momento en el país y que, de paso, se debe terminar con la impunidad internacional que impulsa el Gobierno Mexicano a sus aliados regionales.