Jaque mate a Fujimori

La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima avanza rápidamente hacia lo que sería una nueva condena para el expresidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos en el juicio conocido como Caso Pativilca. Examina el asesinato de seis campesinos por el grupo Colina, al norte de Lima, en enero de 1992. La inteligencia militar los consideró presuntos terroristas. El mismo juicio determinará responsabilidades por el Caso La Cantuta de 12 militares en retiro. Es posible que haya sentencia antes de fin de año. Una declaratoria de culpabilidad para Fujimori volvería inútil toda discusión sobre la legalidad de una próxima candidatura presidencial. La Constitución prohíbe postular a cualquier sentenciado en primera instancia por delito doloso. El indulto por razones humanitarias del que goza el expresidente evitaría que volviese a prisión.

El procesamiento a Fujimori por el Caso Pativilca se produjo después de que en el 2017 lo permitiera la Corte Suprema de Chile, que lo extraditó en el 2007 para que fuera juzgado por dos delitos de violación de derechos humanos y cinco de corrupción. Este año autorizó su procesamiento en cinco causas más, que consideró de lesa humanidad. En el 2009 Fujimori ya fue condenado por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Según la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, fue autor mediato de los crímenes, a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que reporta al presidente. La sentencia sostuvo que el SIN supervisaba a los miembros del grupo Colina, pertenecientes al Ejército.

En las primeras semanas del juicio, Vladimiro Montesinos, jefe sin título del SIN durante los 90, admitió culpabilidad por los hechos de Pativilca y La Cantuta. Recibió condena anticipada en febrero pasado. Otros seis acusados, todos ellos exagentes de inteligencia del Ejército, fueron asimismo sentenciados anticipadamente luego de aceptar los cargos de la fiscalía a cambio de penas atenuadas. Estos asentimientos debilitan las defensas de Fujimori y de otros procesados que rechazan las acusaciones.

Montesinos recibió una pena de 19 años de prisión. Acumula una treintena de sentencias en contra y saldrá en libertad en el 2026, luego de cumplir con la mayor, de 25 años, por el Caso Barrios Altos. Entonces tendrá 81 años. Una persona con varias condenas cumple la más alta, subsumiendo el resto, según la legislación aplicable a estos procesos. Montesinos se declara culpable en forma anticipada en los juicios que aún afronta, para que su duración no prolongue su condición de detenido. Ahora asiste a las audiencias como un espectador más.

Así las cosas, no habrá mayor debate respecto de que hubo efectivamente una matanza de campesinos por parte de un destacamento del Ejército. La cuestión por discutir es la responsabilidad de cada uno de los acusados que no aceptaron culpa. El pronóstico adverso para Fujimori deriva del peso que tendrá la sentencia en su contra por La Cantuta y Barrios Altos, en las que, según la tesis de la autoría mediata, dominaba lo que hacía el grupo Colina. También se atribuyó esta figura a Montesinos y a otros ex altos mandos militares.

En el primer juicio hubo testimonios que objetaron la presunción de que Fujimori dio órdenes para asesinatos. En 1993, la revista “Sí”, en una crónica sobre el secuestro de los estudiantes de La Cantuta −cuyas fosas descubrió ese año−, dijo que el grupo Colina fue comisionado para capturarlos, no para matarlos. Agentes de inteligencia del Ejército los refirieron como sospechosos de compromiso con el atentado senderista del 16 de julio de 1992 en la calle Tarata, en Miraflores, que mató a 25 personas y dejó heridas a 250. En la versión de “Sí” fue el jefe del destacamento, Santiago Martin, quien decidió ejecutar a los detenidos, sin autorización de su comando. Como exdirector de “Sí” sustenté esta versión, proveniente de testigos directos, en el juicio que condenó a Fujimori.

En teoría, los autores mediatos no están necesariamente al tanto de cada paso que da su organización criminal, pero tienen poder sobre la misma. Este fue el criterio de los jueces en el proceso contra Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La sentencia del 2009 dijo que había una política de eliminar subversivos mediante unidades especializadas del Ejército bajo la tutoría del SIN y, en última instancia, del presidente. En el juzgamiento del Caso Pativilca se abre la interrogante de si habrá nuevos elementos contra Fujimori o serán los mismos que empleó la Corte Suprema hace 15 años.

Debería haber evidencias adicionales, porque cada juicio es independiente. En la investigación para mi libro “Muerte en el Pentagonito” revelé que el Ejército podía realizar sus propios operativos. En 1991, cuando aún no existía el grupo Colina, el SIE hizo estallar cartas-bomba que mataron a dos personas y le destrozaron el brazo al abogado de derechos humanos Augusto Zúñiga. El parlamentario izquierdista Ricardo Letts salvó la vida porque sospechó del sobre remitido y lo hizo estallar en el techo del Congreso. El juicio sobre las cartas-bomba sigue abierto.

Ninguno de los oficiales acusados se acogió a la culpabilidad anticipada. De ellos, han fallecido los exjefes del SIN y del SIE, Julio Salazar Monroe y Alberto Pinto. El ex comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos se halla en prisión, en estado vegetativo. Los exoficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) Juan Rivero Lazo y Federico Navarro, ambos enfermos, no admiten culpabilidad, así como los del SIE Santiago Martin y Eliseo Pichilingue. Los dos primeros están acusados como autores mediatos y los segundos como ejecutores materiales. Por la posición que desempeñaban es previsible una sentencia condenatoria para los cuatro. No habría que descartar que en el juicio alguno de estos acusados −por ejemplo, Rivero, Navarro o el propio Martin− admitan por primera vez su participación, aportando al conocimiento de toda la verdad.

Del grupo de 15 suboficiales acusados, descontando a seis con sentencia anticipada y a dos prófugos, queda por determinar la responsabilidad de siete. La mayor duda se centra en el caso de tres (Julio Salazar, Pedro Santillán y Víctor Hinojosa) que aducen inocencia. Hay testimonios contradictorios. No son completamente fiables las declaraciones de los nueve colaboradores eficaces procedentes de la etapa de investigación. Fueron testigos de que el grupo Colina asesinó por aquí y por allá, pero ninguno admitió haber disparado una bala porque cumplían −aseguraron− roles inofensivos. Por lo común corrigieron sus dichos. Uno de ellos, Hércules Gómez, cambió cinco veces de versión, conforme se caía lo afirmado anteriormente. El cuentazo más llamativo provino del colaborador estrella, Julio Chuqui, quien fue beneficiado con solo seis años de prisión efectiva pese a haber sido jefe de grupo, y cuyas contradicciones lo han devuelto a la condición de acusado. En el juicio Pativilca-La Cantuta será probablemente condenado.

Las defensas de Chuqui, de Fujimori y del exagente de inteligencia Nelson Carbajal, han solicitado a la Cuarta Sala Penal declarar prescrito el juicio en aplicación de la ley reciente que prohíbe el procesamiento por delitos de lesa humanidad por hechos anteriores al 2002, cuando el Perú suscribió tratados internacionales que los declaran imprescriptibles. El colegiado, presidido por Miluska Cano, se pronunciará en los próximos días. Cabe pronosticar una resolución negativa. La controversia llegará probablemente al Tribunal Constitucional. Los crímenes horrendos no pueden quedar impunes, pero tampoco deben consentirse juicios eternos. La primera instancia del Caso Pativilca concluirá 33 años después de los hechos. Acabará cuando la mayoría de sentenciados haya muerto, alguno quizá siendo inocente.