La ‘periodista’ de Chávarry y Beteta, por Andrés Calderón

“Se descubrió otra mentira de Pedro Chávarry”. No importa cuándo lea esta oración, estimado lector; será cierta.

Al momento de escribir esta columna, los más recientes embustes del ex fiscal de la Nación tienen que ver con la violación de los precintos de seguridad que se habían dispuesto a la oficina de su ex asesor Juan Manuel Duarte.

Gracias a los últimos destapes de Graciela Villasís de la Unidad de Investigación de este Diario, se sabe que Chávarry no solo estuvo en el Ministerio Público el mismo sábado cuando su personal ingresaba ilegalmente a una oficina lacrada y retiraba subrepticiamente cajas con documentación, sino que estuvo con ellos antes, durante y después de que se produjo la ilegal sustracción.

Lo más probable, entonces, es que su ex asesora Rosa María Venegas y los policías encargados de su seguridad hayan actuado en complicidad con Chávarry, y todos ellos (Chávarry, incluido) enfrenten, tarde o temprano, condenas por los delitos de resistencia a la autoridad (atentado contra la conservación e identidad de objeto) y encubrimiento real.

Aprovechemos, sin embargo, este vergonzoso episodio para aclarar algunos conceptos al abordar una de las más ocurrentes pero nefastas excusas que dio la señora Venegas para justificar su ilegal intervención en la oficina lacrada. Según la ex congresista, ella lo hizo para proteger su información privada, incluyendo aquella que revelaba sus fuentes protegidas por el secreto que le corresponde por ser periodista.

En primer lugar, un allanamiento necesariamente implica una limitación a la privacidad. Es una restricción válida sujeta a un control judicial previo. Es decir, el derecho a la privacidad, por sí solo, nunca podría ser un pretexto para impedir un allanamiento o vulnerar un precinto de seguridad.

¿Pero qué pasa si en la oficina por allanarse se encuentra información privada o íntima que no es relevante para la investigación? En ese caso, la señora Venegas podía haber solicitado al fiscal o al juez que se excluyera o se le devolviera su información. Siempre con autorización.

Más absurdo aun es el argumento de Venegas en el sentido de que ella buscaba proteger la identidad de sus fuentes.

El secreto de las fuentes periodísticas, no obstante, es un derecho muy valioso, que no puede ser alegado con semejante irresponsabilidad. Existe en la historia del periodismo ejemplos de mujeres y hombres de prensa que han sacrificado su libertad por cuidar el secreto de sus fuentes como para que la ex asesora de Karina Beteta y Pedro Chávarry lo menosprecie con una elucubración tan burda.

Se resguarda la identidad de las fuentes periodísticas para preservar el ejercicio del periodismo independiente frente a las posibles presiones que pueden surgir, principalmente, del poder estatal. Si no existiera tal derecho, muchos informantes dejarían de hablar con periodistas por el temor a que se descubra quiénes son.

Es un contrasentido alegar la reserva de fuentes periodísticas y, al mismo tiempo, trabajar para una entidad estatal (distinta a un medio de comunicación, claro está). La señora Venegas puede haber estudiado periodismo, y puede haber sido asesora de comunicaciones, asesora política o relacionista pública mientras acumulaba (de)méritos en su currículum al trabajar en los despachos de una parlamentaria (Karina Beteta desde el 2016) y de un fiscal (Pedro Chávarry desde el 2018). Pero periodista no era.

Fue, más bien, todo lo contrario: una persona que menospreció el ejercicio periodístico al intentar usarlo como pretexto para cometer un delito.