En el último mes, tres huaicos empantanaron la avenida Gran Chimú de Zárate. A los periódicos cortes de agua establecidos por Sedapal durante el año para este barrio, se añadió el penoso récord de cinco días de seca en las cañerías domiciliarias. Aunque San Juan de Lurigancho fue declarado en emergencia, no hubo una atención enfocada en aliviar la situación. El incumplimiento reiterado de los plazos determinados por las autoridades –incluyendo al primer ministro Fernando Zavala– agravó la impaciencia popular. Los rumores de saqueos –falsos o no– acrecentaron la sensación de descontrol social.
Quienes nos quejamos por tal desatención y desorden hemos sido catalogados como agentes que contribuimos a la anomia. Algunos imberbes nos calumnian especulando que somos parte de una conspiración cuasi golpista. Obviamente que existen sectores organizados para dañar políticamente al gobierno, pero no toda queja te convierte en un “fujitroll”. ¿O es que acaso un “poblador” sanjuanchano no tiene derecho a quejarse? O sea que, además del malestar, se coaccionan las voces de reclamo acusándolas de mezquinas, poco cooperativas y desestabilizadoras.
Desde Twitter, muchas personas –entre ellas “personalidades influyentes”– han cuestionado mi actitud demandante, mostrando falta de empatía conciudadana. Entre ellas, la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, insinuó que mi queja culpabiliza al presidente Kuczynski; una abogada de una transnacional deslizó que mi reclamo incita a saqueos; un editor periodístico sugirió que mis tuits restan autoridad a mis columnas de opinión; etc. Estas discrepancias ilustran la insensibilidad social que abunda en nuestras élites, esa incapacidad de ponerse en el lugar del “otro” y en cambio atacarlo desde su angosta visión de la sociedad (es “fujimorista”, es “resentido”).
El descrédito a la dignidad de los afectados por los desastres naturales se desnuda públicamente en el discurso y la acción de nuestros más altos funcionarios. Cuando el presidente acalla a los “criticones” y su gobierno ataca indistintamente a detractores y afectados, viralizando mensajes en redes sociales; cuando desde el Ejecutivo se prioriza la judicialización de rumores de saqueo a la seguridad en la emergencia; cuando se deslegitima la demanda justa mediante una comparación interesada (“ni el presidente ha tenido agua en su casa ni en Palacio”, Rudecindo Vega, presidente de Sedapal). Este tipo de intento de deslegitimación (“de qué te quejas si hay gente peor que tú”) recuerda la sabiduría popular que reza “mal de muchos, consuelo de tontos”.
En momentos de crisis y de emergencias, tan importante como atender a las víctimas es escucharlas. No debe entenderse la queja como antónimo de paciencia. Parte del tacto político que se espera de las autoridades proviene de esta capacidad de empatía. De nada vale promover un sambenito que funciona para los sectores A y B (“hoy se siente más Estado”) si la realidad C, D y E desdice al márketing. La insistencia en silenciar a quienes elevan sus derechos (“te voy a poner tu puente, no grites”) trasluce desprecio social y autoritarismo.
Hoy, desde San Juan de Lurigancho, no escribo como analista sino como “poblador”