Así se cae una colaboración eficaz

En estas últimas semanas, la colaboración eficaz (tal vez la herramienta más importante con la que cuenta el Ministerio Público para quebrar organizaciones criminales) ha sido ampliamente debatida, a raíz del despropósito aprobado por el Congreso para debilitarla (una acción al parecer movilizada más por su afán de salvar el pellejo tanto de ellos como de sus líderes). Lo ocurrido hoy con la empresaria Sada Goray aporta un nuevo enfoque a la discusión: qué pasa cuando un investigado cuenta solo lo que le conviene.

Esta empresaria, recordemos, apareció en escena poco después de que Salatiel Marrufo, exasesor principal del hoy preso exministro Geiner Alvarado, fuera detenido en octubre del año pasado a pedido del equipo especial, no por la trama de sobornos en el sector Vivienda, sino como integrante del llamado ‘gabinete en la sombra’ que tenía Pedro Castillo. Marrufo, al verse acorralado, accedió a someterse a la colaboración eficaz y confesó un hecho nuevo de corrupción en el que tuvo participación: las presuntas coimas que entregaba a Castillo de los fondos de una empresaria inmobiliaria que hasta entonces era desconocida por el gran público. Frente a ese escenario, Goray también decidió acogerse el año pasado a esa figura legal y reconoció que, efectivamente, entregó S/4 millones a Marrufo (luego la fiscalía estableció que, en realidad, fueron S/5,4 millones y US$21 mil). La empresaria se mostró como una persona que no tenía otra alternativa: aseguró que el pago lo hizo prácticamente bajo extorsión para sacar adelante unos proyectos de su empresa de vivienda social y que temía que se atentase contra su vida. Firmó un preacuerdo y se comprometió a regresar cada cierto tiempo al país para colaborar con el caso.

Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones y más personajes se acercaban a colaborar con la fiscalía, la participación real de Goray en esa trama se iba esclareciendo más y, en consecuencia, su testimonio inicial iba perdiendo consistencia. No solo había pagado sobornos, sino también había hecho gestiones directas para copar comités y directorios del Fondo Mivivienda, la Sunarp y la SBN, y así beneficiar a sus negocios privados. No solo eso. Mientras era “colaboradora” de la fiscalía, en paralelo iniciaba sus gestiones para tramitar una segunda nacionalidad en República Dominicana.

Hoy el equipo especial cuenta hasta con chats de las gestiones subrepticias que hizo esta empresaria y que, en su momento, cuando se acercó para contar supuestamente toda su verdad, las omitió. “Se le dio la oportunidad de que colabore, pero no cumplió”, dice una fuente del Ministerio Público. Hoy, en audiencia pública, la fiscalía sustentará por qué esta empresaria perdió los beneficios que tenía y ahora debe ser recluida en un penal. Esto es, en resumen, por contar solo lo que le conviene.