Desde el feminicidio y descuartizamiento de Sheyla Cóndor a manos del suboficial Darwin Condori hasta la mutilación de una joven de 20 años y de una madre desaparecida hace 13 años, cuyos restos fueron encontrados en un contenedor de basura y en un pozo subterráneo de una vivienda en Comas, estos casos son consecuencia de un sistema ineficiente que permite que estas tragedias se repitan.
Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (celebrado el 25 de noviembre) algunos reportajes nos recuerdan una vez más nuestra bizarra realidad. Blanca Elizabeth Reyna Lara (20) y Rosa María Liberto Salcedo (desaparecida a los 36 años, presuntamente a manos de su expareja Alfiere Juárez Ventura) son solo dos de los 132 feminicidios perpetrados entre enero y octubre de este año.
Lo más triste de todo es que siempre hay un período de espera hasta que las malas noticias llegan: para Sheyla fueron cuatro días; para Blanca, un mes de investigación; y para Rosa, 13 años para descubrir sus restos.
Familias desesperadas, feminicidas prófugos (sin sentencia condenatoria, para variar) y autoridades policiales que se niegan a atender estas denuncias al instante. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos escuchamos días después que por ese caso desatendido terminó “descuartizada y en una maleta”.
¿Cuántas veces escucharemos la excusa de “seguro está con su pareja, ya volverá” o “estoy en refrigerio”? La indiferencia institucional es un segundo golpe para las víctimas. El Estado debe dejar de ser cómplice pasivo de la violencia y actuar de forma diligente e inmediata ante cualquier denuncia de agresión. Porque la justicia tardía es justicia negada. ¿Hasta cuándo?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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