Cártel de laboratorios: ¿por qué el juicio contra 13 farmacéuticas podría alargarse hasta 10 años?

A través de un comunicado, la institución expresó su rechazo a las prácticas de los laboratorios y distribuidoras, que afectaron el abastecimiento de tratamientos, antibióticos, suplementos, entre otros, dirigido a pacientes.

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El Minsa sostuvo también que había iniciado una denuncia penal contra esta práctica antes de que se emita el fallo de Indecopi. “El Minsa no ha esperado a este fallo para actuar. El pasado 25 de julio de 2024, nuestra Procuraduría Pública ya había interpuesto una denuncia penal por estos hechos. Hoy, con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que revalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos”, mencionó.

En ese sentido, el Minsa informó que ha coordinado con la Procuraduría Pública del sector Salud —vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado— para iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado. “El objetivo es obtener una reparación económica que iguale o supere la multa administrativa de S/539 millones impuesta por Indecopi”, sostuvo.

De acuerdo con la entidad, los montos obtenidos por las indemnizaciones serán destinados a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS). También, mencionó que solicitará al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que evalúe iniciar procesos sancionadores contra las empresas, conforme a la normativa vigente.

Ana Teresa Revilla, exministra de Justicia y experta en contrataciones del Estado, declaró a El Comercio que el acto formal iniciado por Indecopi y aquel que el Minsa pretende empezar involucrarán procesos largos antes de una sentencia.

“Los procesos judiciales son largos, porque tiene que garantizarse que existan las pruebas suficientes, tienen que respetarse los plazos y etapas del proceso. Además, no solo actúa el Poder Judicial, también tiene que intervenir el Ministerio Público, porque es el que investiga primero”, explicó.

El abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado, coincide con Revilla. Asimismo, resaltó que tanto el proceso de Indecopi como el del Minsa son diferentes.

“El proceso de Indecopi ya tiene una decisión en primera instancia administrativa, que es la sanción a los medicamentos por limitar la competencia y hacer que los productos sean más caros. En el otro caso, el Minsa ha pedido al Ministerio Público que revalúe su denuncia penal interpuesta el 2024. En este proceso penal, el Minsa debe constituirse como actor civil de tal forma que le corresponda la reparación civil que se ordene a pagar a estas farmacéuticas”, detalló.

Castillo indicó que la denuncia penal del Minsa debe realizarse por el delito de colusión agravada. Además, ya que el ministerio ha anunciado que buscará obtener una reparación económica equivalente o mayor a la multa administrativa de S/539 millones impuesta por Indecopi, el abogado expresó que el Minsa debe pedir una reparación civil diferente a cada una de las 13 empresas del ‘cártel de medicamentos’.

Por otro lado, el experto afirmó que ni el Minsa ni Indecopi tienen competencias para clausurar a los laboratorios y distribuidoras involucrados. “Esto corresponde a la Digemid, que tendría que abrir un proceso administrativo”, subrayó. Castillo propone que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE) aplique una sanción que impida a las 13 empresas contratar de nuevo con el Estado.

La sanción con la multa total de 100.852,72 UIT (equivalente a más de S/ 539 millones de soles) corresponde a la primera instancia del escenario administrativo del proceso iniciado por Indecopi. Castillo explicó que la segunda (y última) instancia administrativa estará a cargo de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi.

En esta segunda instancia, las empresas involucradas pueden presentar apelaciones hasta el 15 de diciembre. “Considero que el fallo sobre la responsabilidad de las empresas no será revertido, porque las últimas investigaciones que ha hecho Indecopi no se han revertido fácilmente. Las multas sí podrían reducirse”, expresó.

Sobre este último punto, Castillo recordó que, conforme a la normativa de Indecopi, la multa impuesta a las empresas puede reducirse a la mitad si no apelan la decisión en primera instancia. “Pero, en mi opinión, y con cargo a equivocarme, todas las empresas van a apelar”, dijo.

Finalizado el escenario administrativo, continuará el judicial. “El escenario judicial comenzará con una demanda en primera instancia del Poder Judicial, que establecerá una sentencia contra las empresas. Calculo que esto se dará en 5 o 6 años. Luego puede continuar una segunda instancia con apelaciones a la resolución emitida previamente. La máxima instancia de apelación sería una apelación ante la Corte Suprema”, explicó Castillo.

“Si la resolución de la Corte Suprema declara fundado el recurso judicial y ordena a las empresas que paguen las multas correspondientes, ellas podrían interponer una acción de amparo contra dicha resolución y llevar el caso al escenario constitucional o internacional. Resolver dicha acción de amparo podría alargar el proceso hasta 10 años”, afirmó.

Por otra parte, el experto recordó que Indecopi empezó a investigar a las empresas farmacéuticas en el 2022 tras hallar una serie de irregularidades en los procesos de licitaciones estatales. Por ello, sostiene que “el Minsa ha tardado en reaccionar”. “Esta investigación de Indecopi se sabía desde el 2022 con una serie de expedientes. El Minsa recién está reaccionando ahora luego de la sanción de Indecopi cuando ha podido pedir sanciones desde el principio. Considero que esto se debe a negligencia administrativa”, argumentó.