Conflictos sociales: ¿Qué panorama le espera al próximo presidente o presidenta del Perú?

A dos meses de conocer quién será el nuevo presidente o presidenta del Perú, la Defensoría del Pueblo ha reportado que en el país existen 194 conflictos sociales. Pese a la pandemia por el COVID-19, en el 2020 los conflictos no cesaron, e incluso, hubo 14 personas fallecidas en diferentes regiones del país, una cifra altísima que hace más complejo el panorama que deberá enfrentar el líder de Perú Libre, Pedro Castillo, o la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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El último informe de la Defensoría del Pueblo alerta que la mayoría de conflictos sociales se concentra en Loreto (24 casos), seguido de Cusco (24 casos) y Áncash (17 casos). Precisamente, uno de los nuevos conflictos que se incorporó a la lista ha sido el de la demanda de la población de Nauta, en Loreto. Ellos exigen a la empresa Electro Oriente S.A. el restablecimiento del suministro de electricidad que fue suspendido a fines de marzo de este año.

Además, está el reclamo de la comunidad nativa Fernando Rosas a Petroperú por la remediación correspondiente ante la contaminación de la quebrada Shifeco. En el 2020, también se registró la demanda de los indígenas Kukuma a la compañía Petrotal, que opera el lote 95. Ellos pedían la paralización de las actividades petroleras, así como una mejor compensación por el uso del territorio indígena. Luego de una violenta represión policial en la localidad de Bretaña, tres indígenas fallecieron.

Otro de los conflictos nuevos que se registró en marzo fue el paro nacional de los transportistas de carga y de pasajeros, quienes exigen la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo, la reducción del combustible diesel y la vacunación de los transportistas.

Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, otro de los factores que evidencia una situación preocupantes respecto al tratamiento de los conflictos sociales es el número de fallecidos que se ha registrado y los pocos casos que se han resuelto a través de la vía del diálogo.

“Durante el 2020 solo se resolvieron 8 casos, el número más bajo de casos que se haya resuelto en los últimos años. En el 2019 fueron 16 y en el 2018 fueron 30. Y ahora también surgieron 34 casos nuevos. Un asunto bien preocupante es la violencia. Durante el 2020 han habido 14 muertes; en el caso de Bretaña con 3 muertes, en movilizaciones de noviembre hubo 2, en la huelga de agricultores hubo 5 muertos y en enfrentamientos entre comunidades tanto en Apurímac como en Cusco hubo 4. Todos los muertos fueron civiles y no hubo fallecidos por parte de la PNP. En el 2019 hubo solo 2 fallecidos, entonces, hemos pasado de 2 a 14 en el 2020 y ese es un dato muy preocupante”, opina.

Las protestas

Según la Defensoría del Pueblo, también ha habido un aumento en el número de protestas. Pese a la pandemia, en el 2020 han crecido en 23% respecto a las registradas en el 2019. Luque asegura que han habido 2.096 protestas públicas en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Las más numerosas han sido las relacionadas con la huelga de agroexportadores, las marchas contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y las protestas realizadas en el corredor minero. En este último punto, Luque señala que el próximo gobierno tiene que ponerle mucha atención.

“En el corredor minero, que tiene 480 kilómetros entre Cusco, Apurímac y llega hasta Arequipa, están ubicados varios proyectos mineros. Ahí hay 12 conflictos relacionados a la minería. En 8 de ellos han habido protestas el año pasado pese a las restricciones. Estos están en las provincias de Cotabamba, Fuerabamba, Espinar, Chumbivilcas, Purmamarca y en el distrito de Livitaca. En esas zonas están las mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay”, precisó.

Según Luque, lo que la población está exigiendo es una entrega más inmediata del canon minero, así como la firma de convenios marco con las empresas mineras para que asuman un conjunto de servicios de obras públicas, inversión, etc. Además, está en discusión la renegociación de la venta de tierras.

Vale precisar que tanto en las regiones Apurímac como Cusco, el líder del partido Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del domingo último.

Las mesas de diálogo

Uno de los principales factores que provocó tanto las protestas como el resurgimiento de los conflictos sociales es la inestabilidad política que ha vivido el Perú en el último año. Además, las restricciones impuestas para evitar el contagio del COVID-19, han impedido que las mesas de diálogo se realicen de manera presencial en las zonas rurales y más alejadas del país.

Recién este año, el Ejecutivo aprobó un protocolo para realizar mesas de diálogo virtuales y evitar que los procesos de diálogo se paralicen. Sin embargo, el problema para que estas se concreten es el poco acceso a Internet con el que cuentan las comunidades o zonas rurales.

“Hay conflictos en el 48% de los centros poblados en el Perú y solo el 17% tiene acceso a internet fijo. Es una dificultad grande instalar mesas de diálogo para darle continuidad y que el poblador no piense que el Estado se ha olvidado de sus demandas. De los 96 procesos de dialogo, el 39% ha sostenido hasta el momento por lo menos una reunión a distancia. Ha sido una buena decisión de la Secretaria de Gestión y Diálogo de la PCM elaborar un protocolo para la instalación de mesas de diálogo digitales. El año pasado emitimos un informe y una recomendación fue que se preparara un plan y una estrategia para continuar con los procesos de diálogo en pandemia”, sostuvo Luque.

Lo pendiente

Para Rolando Luque, precisamente, uno de los primeros retos del próximo gobierno debe ser la construcción de consensos a través del diálogo. Además, opina, es importante que se introduzca en el debate parlamentario las nuevas políticas que puedan impactar en la reducción de brechas económicas y sociales, así como la atención de servicios básicos.

Por su parte, Raúl Molina, ex viceministro de gobernanza territorial de la PCM, precisa que el enfoque prioritario que deberá tener el gobierno entrante debe ser el preventivo, teniendo en cuenta los últimos conflictos y protestas sociales que hubo en el país debido a la inestabilidad política.

“En los 27 meses que fui viceministro no tuve ningún muerto, y no por arte de magia sino porque esa fue una convicción con la que asumí el cargo y para evitar esos muertos íbamos y nos acercamos a la gente. Nos hemos acercado a los compatriotas en conflicto incluso en problemas de crisis. Creo que en los meses siguientes se decidió esperar y dejar que el conflicto escalara suponiendo que se iba a resolver por arte de magia. O como en el caso de (Manuel) Merino optar por la represión pura y simple”, comentó.

A opinión del exviceministro, el implementar mesas de diálogo de manera virtual teniendo en cuenta que la mayoría de conflictos se da en zonas rurales, es prácticamente “un chiste”. Por ello, indicó que es necesario que el o la próxima gobernante del país tenga en cuenta la calidad de servicios que el Estado debe proporcionar a la población.

“El enorme desafío que tiene es construir una calidad del Estado de prestar servicios a la gente. Si algo ha mostrado la pandemia es la enorme inoperancia del Estado peruano para proteger y asistir a su gente en estado de emergencia, el Estado peruano a veces parecería que ya tiró la toalla. Creo que hay un desafío muy fuerte y espero que las dos personas que han ganado lo tengan muy claro a dedicar un esfuerzo consistente para que el Estado peruano sea mucho más eficaz en los servicios para la gente de áreas rurales, porque si no lo hacen este país sería mucho más difícil de gobernar. La candidatura de Castillo ha interpretado que un contingente de peruanos no poco numerosos, ya no le creen a nadie y están hartos de que nos olvidemos de ellos”, aseguró.

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