Sin desayuno, “guerreando” desde las 4 de la madrugada y abandonado a su suerte. Al mismo tiempo que el paro agrario se agudizaba ayer en Ica y La Libertad, un suboficial envió un audio para denunciar que la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) no enviaba refuerzos y que él y sus compañeros se habían escondido en camiones para huir de los manifestantes. “Nos han abandonado”, decía. El reinicio de las protestas de trabajadores del sector agroindustrial ha mostrado dos escenarios de precariedad: trabajadores que denuncian desatención de las autoridades ante la grave vulneración de sus derechos labores y policías enviados a liberar vías bloqueadas sin directrices eficaces para actuar ante multitudes.
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Anoche, el ministro del Interior, José Elice, reconoció que la policía se vio desbordada en las protestas registradas en Ica y La Libertad. “Se ha diseñado y ejecutado una operación policial pacífica. Lamentablemente, la policía fue atacada, pero se defendió con prudencia, utilizando los grados de intervención que el reglamento y sus manuales les permiten”, dijo en entrevista con Canal N.
De acuerdo con el titular del Mininter, hasta hoy se registran 40 policías heridos y dos retenidos que posteriormente fueron liberados a salvo, pero con lesiones leves. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), por otro lado, registra 25 personas heridas, cuatro de ellas en estado delicado, en el denominado Barrio Chino de Ica. Varios heridos presentaban lesiones por perdigones.
Previsión y recursos
Para Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno del Mininter, lo ocurrido ayer refleja la falta de preparación y acciones de inteligencia ante protestas “previsibles”. El paro agrario se inició la primera semana de diciembre con bloqueos en varios puntos de la Panamericana Norte y Sur para exigir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. La falta de un consenso en el Congreso para la aprobación de una nueva ley hacía inminente un reinicio de manifestaciones en las mismas zonas que hace dos semanas, dice.
“Hemos visto una policía absolutamente sobrepasada tanto en el sur en el norte. ¿Qué pasó con las labores de inteligencia y el plan de operaciones? Algo ha fallado en ambos aspectos”, dijo a El Comercio.
El plan de operaciones al que se refiere es el documento que consigna los nombres de los mandos designados para la intervención, todas las acciones que se deben cumplir y los recursos que se emplearán. Precisamente, este tipo de plan fue el que la fiscalía solicitó a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú para identificar a los agentes denunciados por uso excesivo de la fuerza tras las protestas contra Manuel Merino.
De acuerdo con Valdés, el accionar de la policía en dichas protestas – que incluyeron graves denuncias en investigación por uso de perdigones de plomo y la muerte de dos jóvenes – no justifica la desatención denunciada por los agentes enviados a desbloquear las vías. “Siento una especie de inoperancia en las fuerzas y creo que la explicación que de haber sido vapuleados en la gran marcha es absolutamente insuficiente. Hay más temas de fondo que tienen que ver con el uso de recursos y el equipamiento de la policía”, dice.
Valdés considera que una de las deficiencias en preparación se evidencia con la ausencia de vehículos diseñados especialmente para el control de manifestaciones sin uso de violencia. “¿Dónde está la inversión que hicieron los ministros anteriores? No hay vehículos rompe manifestaciones o rochabuses, solo escudos gastados”, agrega.
Sobre este último punto, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP en el 2003, dijo que el país solo contaría con dos vehículos rompe manifestaciones que datan de los años 60. En diálogo con este Diario, coincidió con Valdés con que un correcto análisis de inteligencia previo garantizan una correcta intervención policial. “El manual de operaciones indica que el primer paso de la policía es la verbalización, luego el uso progresivo de la fuerza. Lo normal sería tener carros lanzadores de agua, pero no tenemos. Los policías fueron solo con escudos protectores cuando había una turba con infiltrados”, señaló.
Denuncias
Aunque el plan de operaciones especifica las acciones que se toman en cada intervención, estas se realizan en base al Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, así como el Manual de Procedimientos para las Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público y el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial.
Este último especifica que para el control de manifestaciones no se debe “hacer uso de la fuerza contra las personas que huyen o caen mientras corren y que no participan en hechos violentos” y “no arrojar contra los manifestantes objetos contundentes (piedras, palos, fierros, etc.) que estén al alcance o que sean lanzados al personal policial”. Sin embargo, estas acciones no se habrían cumplido ayer durante el desbloqueo de la carretera Panamericana Norte y Sur.
Dicho manual, publicado en el año 2018, menciona que durante las operaciones para controlar el orden público se debe “evaluar la participación de mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables dentro de la manifestación” a fin de adoptar medios disuasivos o de control adecuados.
Sin embargo, la CNDDHH denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en el denominado sector Barrio Chino de Ica, donde un contingente de aproximadamente 500 policías despejó la Panamericana Norte durante la mañana de ayer. “El uso indiscriminado de gases lacrimógenos, que afecta zona de viviendas, viola los estándares internacionales”, indicaron en un comunicado.
Además, la Comisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica) mostró un video en el que familias del sector La Franca denuncian que niños y adultos mayores resultaron afectados por los gases lacrimógenos e intervenciones dentro de viviendas. “Estamos alejados de la Panamericana Sur y entraron, patearon, golpearon”, dijo uno de los vecinos del lugar.
Esta mañana, la Defensoría del Pueblo condenó la violencia ocurrida desde el lunes en Ica y La Libertad y recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica. “Nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas o creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la tranquilidad de las demás personas, más aún cuando estas no son responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo”, indicaron en un comunicado.
Sobre el papel de la PNP, exigieron que el “restablecimiento del orden interno se respeten los derechos de las personas y se haga un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza”.
Hasta el cierre de la nota, la Panamericana Norte permanece bloqueada, mientras los trabajadores piden que el Congreso cumpla con aprobar una norma que garantice sus derechos. Desde que se iniciaron las protestas a inicios del mes, los trabajadores han denunciado que los 39 soles que se les pagaba por jornal era insuficientes porque trabajaban más de 10 horas y en condiciones inseguras. En tanto, en el Congreso, hoy el ministro de Economía (MEF), Waldo Mendoza, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Federico Tenorio, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier Palacios, presentaron la propuesta del gobierno para la nueva ley agraria ante la Comisión de Economía. El Ejecutivo plantea bono no remunerativo del 20% sobre el jornal de trabajadores con lo que el salario diario pasaría de S/39 a S/45.
De acuerdo con Elice, la Panamericana Sur ya se desbloqueó y se espera que esta situación se mantenga así. “Si la policía comete excesos, hay un órgano que va a investigar”, dijo en una breve conferencia de prensa esta tarde. Sobre las denuncias de los agentes respecto al abandono de sus superiores, el ministro no se pronunció.
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