Asesinato en Pataz: Fiscal señala que familiares de víctimas impiden necropsia

El fiscal provincial coordinador de las fiscalías penales de Pataz, Enrique Valverde Cabrera, denunció que la investigación del asesinato de tres personas en un socavón minero se encuentra paralizada debido a la oposición de los familiares y residentes locales, pues impidieron el traslado de los cadáveres para las necropsias de ley.

Según el magistrado, tras un enfrentamiento armado en el interior de una labor minera, aproximadamente 40 personas impidieron que el personal de la Comisaría de Vijus movilizara los cuerpos.

“La resistencia para trasladar los cadáveres está retrasando la investigación. Esta dificultad limita la obtención de evidencia forense crucial para identificar a los responsables y autenticar lo sucedido en la escena del crimen”, señaló Valverde Cabrera en declaraciones a Canal N.

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Las primeras indagaciones confirman un intercambio de disparos en el socavón, donde se hallaron 11 casquillos de bala. Además, el fiscal precisó que el incidente involucró a los denominados “parqueros”, delincuentes dedicados al robo de mineral.

Cabe mencionar que, el pasado 1 de enero, autoridades reportaron tres personas y al menos 7 desaparecidos en un nuevo ataque armado en Pataz. El sucedo ocurrió en la bocamina ‘Papagayo’.

Aunque la Policía capturó a dos personas, cuya situación legal también fue verificada, la falta de acceso a los cuerpos impide realizar peritajes de balística y análisis forenses completos.

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¿Fiscales de Pataz tienen limitaciones para investigar?

En otro sentido, el letrado sostuvo que la capacidad de respuesta fiscal en la zona ha sufrido un retroceso significativo, pues, el decreto de urgencia que permitía contar con nueve fiscales y sus respectivos asistentes expiró el pasado 31 de diciembre.

Así, afirmó que la sede fiscal de Pataz estaría operando con solo cuatro fiscales y que, bajo el marco normativo vigente, la Policía dispone ahora de 60 días para agotar las investigaciones operativas del caso.

Reacción de los Gobiernos Regionales

Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento condenando los hechos y responsabilizando al Ejecutivo por la falta de una estrategia territorial efectiva.

“La violencia en esta zona es una consecuencia directa de la falta de una estrategia efectiva para controlar el territorio y enfrentar al crimen organizado. La situación en Pataz evidencia el avance de economías ilícitas”, sentenció en su comunicado oficial.

La organización exigió una intervención multisectorial inmediata y el fortalecimiento real de la PNP para evitar que el control de las zonas mineras siga en manos de organizaciones delictivas.