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Loreto: reparan Oleoducto Norperuano luego de tres meses

Petro-Perú ingresó al área del ducto donde se cometió un atentado en noviembre del año pasado. Gobierno iniciará plan de desarrollo en la zona.

Loreto: reparan Oleoducto Norperuano luego de tres meses

Personal de Petro-Perú accedió al km 193 del ramal norte del ONP para reparar el corte intencional, realizado en noviembre pasado. (Foto: Petro-Perú) 

Este miércoles, un día después de que el Ejecutivo llegara a un acuerdo con la comunidad nativa de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto), la empresa estatal Petro-Perú informó que inició la reparación del Oleoducto Norperuano (ONP).

► Loreto: Ejecutivo llega a acuerdos con comunidad para reparar el Oleoducto Norperuano

Esto sucede tres meses después de que la estructura sufriera un atentado por parte de un grupo de dicha comunidad, que protestaba por los resultados electorales de octubre pasado.

El corte intencional del 27 de noviembre en la infraestructura, en el km 193 del ramal norte del ONP, provocó una pérdida aproximada de 8.000 barriles de petróleo, según cálculos de Petro-Perú. Además, generó la paralización de las actividades en el lote 192, considerado la reserva petrolera más importante del país. La pérdida económica en estos tres meses superaría los US$50 millones.

Durante este tiempo las autoridades no pudieron ingresar a la zona para reparar la infraestructura, debido a resistencia de la comunidad.

Sobre la remediación

A través de un comunicado Petro-Perú, operadora del oleoducto, precisó que han trasladado personal y equipos a la zona. Hasta la noche de este miércoles lograron obturar el ducto en el área afectada. Tras ello colocarán una grapa para evitar más derrames. En los siguientes días se iniciará la limpieza y la remediación del área impactada.

Petro-Perú, en cumplimiento de sus prácticas de gestión social, no contratará personal de la zona afectada para los trabajos de remediación por tratarse de un derrame ocasionado por terceros”, subrayó en su comunicado.

Sobre ese punto, la empresa puntualizó que los trabajos de remediación son distintos al programa de desbroce y sistema de alerta temprana que –dijo– se aplica a todas las comunidades nativas adyacentes al ONP, incluida Mayuriaga.

La aclaración se da luego de algunas críticas sobre el punto 6 del acta suscrita en la este martes por una comisión liderada por el primer ministro César Villanueva. En esta se anunció la contratación por parte de Petro-Perú de hasta 50 personas, mensualmente, por un período de dos años para estas labores, que incluirá a Mayuriaga.

En los próximos días llegará el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para determinar el área y la afectación por la fuga de petróleo.

Aunque no hubo una comunicación oficial, fuentes allegadas a Frontera Energy, actual operadora del lote 192, saludaron los acuerdos logrados. No obstante, indicaron que la reactivación del lote podría tomar un mes.

Actualmente, existe una investigación de oficio por parte de la fiscalía para determinar la responsabilidad en el corte del ducto.

Entre los acuerdos, el Gobierno se comprometió a desarrollar un plan integral para la comunidad, que incluye un proyecto de electrificación rural, proveer de agua a la población y atender la remediación ambiental en la zona afectada por el derrame de petróleo del 3 de febrero del 2016.

-Tema pendiente-

Los analistas políticos José Carlos Requena y Jeffrey Radzinsky coinciden en que el Gobierno no ha mejorado su capacidad de prevenir conflictos, pese a los intentos, como la creación de un Viceministerio de Gobernanza Territorial, encargado de estos temas.

“¿Cómo un conflicto de esta naturaleza tarda tanto en atenderse, y cómo dejas algo que es ilícito sin ninguna sanción?”, se cuestionó Requena respecto a que hasta ahora no se ha identificado a los responsables del atentado contra el ONP.

Requena considera que la gestión de conflictos ha dejado de lado un monitoreo más exhaustivo de los temas más sensibles.

Radzinsky cuestionó el mecanismo de firmar acuerdos, debido a que el incumplimiento de los mismos produce, a su vez, más conflictos o el recrudecimiento de los existentes.

“El Estado de derecho debe individualizar responsabilidades y sancionarlas. Es un pésimo precedente que alguien delinca y no haya sanción”, dijo.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, saludó una salida pacífica del conflicto pero dijo que las condiciones pactadas podrían generar “incentivos perversos” y que se genere la idea de que a través de actos delictivos se pueden lograr acuerdos.

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