Bloqueos en carreteras de al menos doce regiones del país, llantas pinchadas de los buses que no acataron la protesta, azotes a conductores que trabajaron y la incertidumbre de cientos de personas sobre sus viajes dentro del país. Así se vivió el primer día del paro de transportistas de carga pesada e interprovincial. Es el tercero de este tipo que se desarrolla durante la gestión de Pedro Castillo, en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha tenido cinco ministros distintos.
Los principales incidentes se reportaron en Ica (km 441 de la Panamericana Sur), Cusco (km 14 carretera Cusco-Puno), Ayacucho (km 290 de Los Libertadores), Junín (Carretera central, altura de Sicaya), así como en Barranca (Lima región), Lambayeque, Arequipa, Ayacucho, Áncash, Apurímac, La Libertad y Puno. Mientras tanto, en terminales de Lima y de otras regiones del país se reportó poca afluencia de salida de buses.
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El paro nacional está encabezado por transportistas de carga pesada con cinco exigencias que -al menos hasta ayer- no piensan ceder: reducción en el precio del combustible, obligatoriedad de vincular la estructura de costos del transporte para la determinación de fletes, reserva de carga, igualdad de condiciones en el transporte interprovincial y la reforma de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias (Sutran). Otros pedidos se relacionan al reembolso de peajes y la devolución del 70 % del Impuesto Selectivo al Consumo.
Son los mismos pedidos que motivaron la paralización de actividades en marzo y julio de este año. De hecho, ya en noviembre del año pasado se hablaba de huelga nacional que fue suspendida luego de que el entonces ministro del Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se reuniera con gremios de transporte y se pactara la salida de la entonces jefa de Sutran y cambios en la ATU.
Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), sostiene que esta vez no levantarán la medida de fuerza hasta que no tengan documentos que confirmen los cambios que solicitan. “Desde el año pasado hemos tenido tres paros con tres actas que no se ha cumplido. El viernes nos reunimos con el MTC y lo que nos ofrecieron era nada. El lunes hemos ido al Congreso y tampoco nada. Hoy (ayer) del MTC nos llamaron para conversar pero les dijimos que no mientras nos den por escrito una plataforma de solución”, dijo a este Diario. Solo este sector agrupa a 187 mil empresas de transporte de carga.
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Junto a ellos se ha sumado el transporte interprovincial que, mueve a alrededor de 10 mil vehículos en todo el país. Según Martin Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte y Gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap-Apoip) el 80% se han plegado al paro. Según Ojeda que el problema del transporte es aún más profundo por la presencia, dentro del MTC, de funcionarios que dan prioridad al transporte ilegal y los dejan desprotegidos frente a colectiveros.
“La gestión del ministro Tineo nos parece buena, pero existen personajes que trabajan en el ministerio y están vinculados directa e indirectamente con el servicio informal. Este transporte no paga impuestos, no tiene planilla, usa un solo conductor por varias horas, parte y deja a la gente donde quiere y encima su única multa es una UIT. Si las normas de fiscalización se aplicaran, independientemente de la desproporción de la multa, esto no tendría que pasar”, dijo.
Distintos informes de El Comercio han dado cuenta cómo en los últimos años se ha empoderado al taxi colectivo interprovincial. El primer paso lo dio el anterior congreso cuando en diciembre del 2020 formalizó el servicio sin establecer requisitos para que no se convierta en competencia desleal con los buses formales. Más adelante, con la gestión de Castillo, el MTC ha sostenido reuniones con gremios que solicitan amnistía de papeletas y brevetes indefinidos.
Respuesta del MTC
Hasta el cierre de esta nota no se establecía una nueva conversación con transportistas en huelga y el MTC. Tulio Arana, vocero de este sector, explicó que la mesa técnica de alto nivel que se estableció en abril pasado sigue vigente. Sin embargo, atribuye la paralización a un intento por presionar al Ejecutivo por el alza del combustible. “El diálogo siempre se ha sostenido. Lamentablemente, por parte de los gremios pretenden que se den soluciones inmediatas a temas que son históricos. El caso del precio del combustible no depende ni del Estado ni del Gobierno sino es un tema internacional”, expresó.
En diálogo con El Comercio, recordó que el Congreso tiene pendientes proyectos de ley relacionados a sus pedidos como el que “establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre y el proyecto que promueve la contratación preferente de personal o empresa local y/o regional para el desarrollo de actividades económicas circunscritas al transporte de carga y transporte terrestre”, así como la devolución del ISC.
Sobre la reestructuración de Sutrán, dijo que se está planteando que sea un ente preventivo y educativo más que sancionador. “Pero eso tampoco se hace de la noche a la mañana, se tiene que lograr a través de un desarrollo normativo porque Sutrán se creó por ley”, dijo.