¿Por qué la información de celulares incautados en penales no fue analizada por inteligencia?

En ese mismo periodo, en el 2024 se ejecutaron 1.934 y en el 2023, 1986; esto representa, un incremento del 21% y 23%, respectivamente.

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Como parte de estas intervenciones, el INPE decomisó 699 celulares, 1.058 accesorios de celulares, 4.092 litros fermentados y 2.643 armas blancas.

Así también, el INPE informó que 282 internos fueron traslados de un penal a otro, debido a que representan una amenaza para la seguridad del establecimiento penitenciario. En su mayoría, las reubicaciones se hicieron a los penales de Challapalca, Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2.

Uno de los más recientes ocurrió el sábado 25 de octubre, cuando 45 internos del penal Miguel Castro Castro fueron trasladados al nuevo pabellón ‘Régimen Cerrado Especial– Etapa A’ del centro Ancón 1. Este espacio está habilitado para recluir a 160 internos de alta peligrosidad, procesados o sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión y secuestro. Entre los presos se encontraban Jhon Jairo Arancibia (alías ‘JJ’), cabecilla de la banda criminal Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina (alías ‘el Jorobado’), líder de una red criminal dedicada a extorsiones y ataques armados.

Asimismo, el 3 de noviembre, 26 integrantes de organizaciones criminales internos en el penal de Juliaca fueron trasladados al penal de Challapalca. Entre ellos se encontraban integrantes de las bandas ‘La nueva generación del crimen’, ‘Los injertos de Lima’, ‘Los injertos del Altiplano’, entre otros.

En el 2024, 230 internos fueron trasladados entre julio y noviembre, y 154 en el mismo periodo en el 2023.

Por otro lado, Iván Paredes Yataco, jefe del INPE, declaró que ha iniciado un proceso de rotación del personal de seguridad penitenciaria “para limitar la familiaridad que puedan haber desarrollado con los internos, factor que pone en riesgo la seguridad interna de los penales”.

En ese sentido, informó que, desde julio, el instituto ha iniciado investigaciones a 49 trabajadores por presuntos actos de corrupción y otros delitos, como permitir el ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad y favorecimiento indebido.

Paredes Yataco también comunicó el cambio de los directores de las ocho oficinas regionales del INPE, que administran los 68 establecimientos penitenciarios del país, y de 66 directores de penales. “Después de 10 años realizamos el cambio de los directores de las ocho oficinas regionales del INPE, como una política de gestión que busca erradicar la corrupción de la administración de los penales. A su vez, se realizó el cambio de directores en 66 penales del país”, expresó.

Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE, declaró a El Comercio que es favorable el incremento de requisas en los penales en comparación a los años anteriores. No obstante, cuestionó el cambio de todos los directores de las oficinas regionales. “En términos de administración, es una decisión incorrecta, porque demuestran que no hay meritocracia ni existe una continuidad de la gestión. No es normal que un funcionario que lidera una institución la descabece por completo”, sostuvo.

César Cárdenas, exjefe del INPE y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), explicó a El Comercio que el uso de celulares por los internos de los penales se realiza para dos fines principales. En primer lugar, la comunicación con su familia, amigos o entorno cercano. En segundo lugar, mantener vínculos con organizaciones criminales para ordenar, disponer y controlar acciones ilegales.

Cárdenas mencionó que la extorsión es uno de los principales delitos que ejecutan los presos con los celulares que utilizan. “También coordinan otros delitos con sus organizaciones. Por ejemplo, robos, asaltos, secuestros, sicariatos. La sola coordinación ya es una conspiración”, expresó.

Cárdenas mencionó que, durante su gestión en el INPE (2019 y 2020), la Policía Nacional (PNP) le informaba que, del total de celulares decomisados en un mes luego de una requisa, el 5% era utilizado para actos extorsivos.

En esa línea, Leonardo Caparrós, también exjefe del INPE, sostiene que la información brindada por la PNP sobre delitos cometidos a través de comunicaciones realizadas desde los penales no tiene evidencia. “La Policía informa que desde las cárceles se hacen llamadas extorsivas o que desde ahí se dan órdenes al resto de la organización para determinadas acciones criminales. Pero esto no tiene evidencia. No tenemos realmente información o una metodología que determina si esto realmente es así”, afirmó.

Por otra parte, Caparrós expresó que dentro de los centros penitenciarios funciona un mercado ilegal de alquiler de celulares para que los internos realicen llamadas. “Los teléfonos están en manos de los detenidos que cuentan con mayor poder adquisitivo. El alquiler funciona básicamente para llamadas a familiares y el entorno social. Esto funciona aun cuando existe un servicio de teléfonos públicos en las cárceles”, explicó.

Pedraza afirmó que, en los penales donde se encuentran los presos de mayor peligrosidad, 1 de cada 3 internos tiene un celular.

Al respecto, Caparrós manifestó que el ingreso de celulares ocurre por la complicidad de “malos agentes penitenciarios” que permiten el ingreso de los celulares a los visitantes, a veces por medio de un pago, o son ellos mismos quienes los introducen para entregarlos luego a un preso.

“En algunos casos, los familiares pueden pagar a un funcionario hasta el triple de lo que vale un celular para que ingrese el equipo”, mencionó. Cárdenas agregó que, en un fin de semana, al 5% de los visitantes se les encuentra intentado introducir objetos prohibidos a los penales.

“Aunque son pocos, esto genera un alto nivel de impacto, porque basta que un interno tenga un celular para que pueda alquilarlo o realizar un gran número de extorsiones”, sostuvo.

Pedraza recordó que el uso de equipos de comunicación en centros de reclusión es un delito, tipificado por el artículo 368d del Código Penal, con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Si se demuestra que del uso de estos aparatos se cometió o intentó cometer un ilícito penal, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años.

Asimismo, la persona que ingresa, intenta ingresar o permite el ingreso de un equipo de comunicación comete otro delito, tipificado por el artículo 368a, reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Si el agente se vale de su condición de autoridad, abogado defensor o funcionario público para cometer o permitir que se cometa el hecho punible descrito, la pena privativa será no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación.

Por ello, Pedraza sostuvo que “deben agudizarse los mecanismo de control” para impedir el uso de celulares en los centros penitenciarios y mejorar los controles durante las visitas para impedir que estos sean introducidos.

“Se tiene que mejorar la tecnología que restringe la señal en los penales e incrementar las requisas para detectar más celulares. También, debe mejorar la tecnología de detección de metales y objetos prohibidos para impedir que las visitas o malos funcionarios los introduzcan”, afirmó.

Esta última semana, el presidente de la República, José Jerí, inició su gira nacional en Huánuco con una revelación que generó preocupación en torno al manejo de información penitenciaria: existe una base de datos con las llamadas realizadas desde los penales del país que no habría sido utilizada en diez años para combatir la delincuencia.

El mandatario lanzó cuestionamientos directos sobre la inacción del Estado frente a esta información, cuya existencia —según dijo— debió servir para desarticular extorsiones, asesinatos y otros delitos planificados desde las cárceles.

“¿No será que acaso algunas otras autoridades con esa información se hicieron de la vista gorda y voltearon su cara para otro lado para evitar enfrentar la delincuencia? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de participación en ella?”, expresó Jerí durante el Noveno Consejo de Estado Regional, su primera actividad oficial al interior del país como jefe de Estado.

El presidente explicó que estos registros vienen siendo gestionados por el Estado a través de empresas privadas desde que se implementaron los bloqueadores de señal hace una década. Para Jerí, disponer de diez años de comunicaciones penitenciarias habría permitido anticipar numerosos actos criminales. “Diez años de llamadas, diez años de planificación de atentados, extorsiones y asesinatos. ¿Cuántos homicidios se hubieran evitado si se hubiera tomado la decisión política de actuar con lo que ya teníamos a la mano?”, cuestionó.

El jefe de Estado anunció que su Gobierno iniciará una revisión exhaustiva para determinar por qué esta base de datos no fue procesada ni empleada con fines de seguridad. Indicó que se investigará al INPE y a las entidades estatales vinculadas a la administración del sistema de control de llamadas, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades por omisión, negligencia o encubrimiento.

Al respecto, César Ortiz Anderson, experto en temas de seguridad, resaltó: “A pesar de que por una década existió un registro completo de las comunicaciones realizadas desde los penales, el Estado nunca articuló un trabajo de inteligencia capaz de convertir esos datos en alertas tempranas o acciones concretas. Esta omisión revela no solo incapacidad técnica y falta de interoperabilidad entre instituciones, sino también la ausencia de una voluntad política real para enfrentar a las mafias carcelarias. Mientras las extorsiones y coordinaciones criminales crecían, nadie cruzó información, nadie analizó patrones, nadie pidió responsabilidades. La inacción sugiere un aparato estatal que prefirió mirar hacia otro lado —por miedo, por negligencia o por posibles complicidades— dejando que los delincuentes convirtieran el sistema penitenciario en un centro de operaciones criminales a plena vista”, dijo a El Comercio.