La sinuosa ruta de Las Bambas [INFORME]

“Todas las autoridades y población en general se comprometen a crear un clima favorable y dar su apoyo pleno para garantizar el proceso de promoción a la inversión privada en el proyecto Las Bambas”.

Al salón de actos del municipio distrital de Challhuahuacho, en Cotabambas (Apurímac), llegaron el entonces presidente regional Luis Calderón y los dirigentes de las comunidades campesinas cercanas al naciente proyecto minero Las Bambas. Era el 2 de octubre del 2003, cuando todos ellos suscribieron la “Declaración de Challhuahuacho”, documento cuyo último punto recogía su compromiso de respaldar la actividad minera en la zona. Sin embargo, el “clima favorable” no se sostuvo en el tiempo.

—En la búsqueda del cobre—
La explotación moderna en las provincias de Cotabambas y Grau, donde hoy se sitúa Las Bambas, se remonta a los inicios del siglo XX. Hacia 1911, la empresa inglesa Ferrobamba Limited realizó estudios geológicos en las localidades y comprobó la existencia de importantes yacimientos de cobre (en menor medida, de oro y molibdeno).

No obstante, según el testimonio del antiguo trabajador Darío Carbonelli, la firma “nunca tuvo una buena relación con la población y apenas construyó un campamento”. En 1942, la Ferrobamba Limited y sus concesiones fueron adquiridas por la Cerro de Pasco Mining Company. En la década de 1970, durante el régimen de Juan Velasco, las mismas fueron expropiadas y administradas a través de la empresa Minero Perú. Pero el verdadero cambio en la exploración se daría con la llegada del siglo XXI.

Un año después de suscrita la “Declaración de Challhuahuacho”, el 1 de octubre del 2004, la compañía suiza Xstrata firmó el contrato de concesión del proyecto minero Las Bambas, luego de haber ofertado US$120 millones (el triple del precio base fijado por el Estado Peruano) y de estimar una inversión mínima de US$1.000 millones.

Tras la adjudicación, la empresa creó un fideicomiso con un aporte inicial de US$45,5 millones destinado a combatir la pobreza extrema en las comunidades aledañas.

En ese contexto, el entonces presidente Alejandro Toledo dijo: “Lo que quiere la gente son carreteras, saneamiento, escuelas y electricidad. De eso se trata cuando traemos inversión privada”.

—Relaciones tensas—
Xstrata presentó un plan de relaciones comunitarias para el área de influencia de Las Bambas, que incluyó a las comunidades de Huancuire, Fuerabamba, Pamputa, Chicñahui, Cconccacca, Ñahuinilla, y las localidades de Progreso y Challhuahuacho. Según Pro Inversión, la empresa apoyó proyectos de desarrollo como la producción de forraje hidropónico, la crianza de cuyes y truchas. No obstante, en marzo del 2005, la población apurimeña intentó bloquear las vías locales para exigir que se transfirieran S/141 millones al gobierno regional por la explotación del proyecto. Durante los años siguientes, no se registró mayor conflictividad social.

En enero del 2011, la comunidad de Fuerabamba aprobó el proceso de reasentamiento, debido a que su antigua localidad se vería afectada por la construcción de la unidad minera. Así nació Nueva Fuerabamba, ubicada a 25 kilómetros de la mina, donde se erigieron 441 casas, un colegio, un mercado, un hospital, entre otras infraestructuras. Ese mismo año, en marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) validó el estudio de impacto ambiental (EIA) inicial del proyecto.

Ese EIA establecía que la carga minera se debía transportar a través de un mineroducto, el cual conectaría Las Bambas con Tintaya, en Espinar (Cusco), donde se ubica el proyecto Antapaccay (también operado entonces por Xstrata). Sin embargo, el panorama cambió en abril del 2014, cuando Las Bambas fue vendida a MMG Limited –de capitales chinos– por US$5.850 millones. Como las dos minas (Las Bambas y Tintaya) ya no tenían el mismo dueño, se postergó la construcción del mineroducto de forma indefinida “toda vez que las sinergias entre ambas no eran sostenibles”, como explicó MMG en su momento.

MMG propuso que el transporte de minerales se realizara vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones, para lo cual se utilizaría una ruta de “acceso público” entre Espinar y la mina. Esto fue refrendado en la segunda modificación del EIA del proyecto, la cual fue aprobada por el Ejecutivo en noviembre del 2014 (durante la gestión de Ollanta Humala). Se generó una gran disconformidad entre las comunidades aledañas: en setiembre del 2015, convocaron un paro por supuestas irregularidades en la modificación del EIA, lo que originó enfrentamientos con la PNP que dejaron tres muertos y 23 heridos.

La violencia se repitió al año siguiente: en octubre del 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el comunero Quintino Cereceda falleció producto de otro enfrentamiento con la policía. La población de Cotabambas protestaba por el uso que MMG le daba a la trocha entre Quehuira y Huancuire, ya que –aducían– el paso de los camiones (que permitió la segunda modificación del EIA) levantaba una polvareda que afectaba sus viviendas y sembríos. La empresa respondió que la vía era “pública” y que la modificación del EIA “involucró una comunicación con las comunidades”.

El entonces vicepresidente y actual mandatario Martín Vizcarra también se pronunció: “Si vamos a construir como Estado una vía asfaltada en esas comunidades, el principal usuario es la mina Las Bambas, entonces el principal aportante para esa construcción debe ser la minera”.

—La crisis en Yavi Yavi—
Hoy hay un nuevo conflicto social: van 56 días desde que se inició el bloqueo en un tramo de la vía Apurímac-Cusco-Arequipa (conocida también como corredor minero). Si bien la situación comenzó en agosto del año pasado, esta se agravó desde el 4 de febrero último, cuando un grupo de comuneros de Fuerabamba tomó 12 kilómetros de la ruta, a la altura del fundo Yavi Yavi (Cusco), y restringió el tránsito de vehículos de la mina.

Los fuerabambinos reclaman que su fundo fue vulnerado cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reclasificó como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa la propiedad, a través de una resolución publicada en mayo del 2018. Por ello, exigen que se les pague una compensación económica por derecho de uso de la vía. En tanto, MMG sostiene que tal compensación “no se justifica” porque antes de que Fuerabamba fuese reasentada en el 2011 la empresa era titular de una servidumbre de paso.

Tras la captura y posterior liberación del presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, y la detención de los abogados Chávez Sotelo (acusados del presunto delito de extorsión), la solución a este conflicto parece lejana. Tan lejana como aquel compromiso firmado hace 16 años, donde se proponía un “clima favorable” entre la población y la minera.