IPYS: situación obliga “a debatir la necesidad de que el presidente sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió este martes un pronunciamiento en el que considera que la situación actual y las graves imputaciones de la fiscalía de la Nación sobre la existencia de una presunta organización criminal en el Gobierno obligan a “debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”.

“La sociedad civil debe responder frontalmente a estos embates e impedir que, en una situación de emergencia nacional, los investigados empleen su poder de control sobre las riendas del país para destruir libertades constitucionales y asegurar su impunidad. Esto obliga a debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”, expresa.

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En ese contexto, reitera su rechazo al proyecto de ley anunciado por el Gobierno de Pedro Castillo que busca penalizar las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales.

En su comunicado, advierte que un proyecto de esa naturaleza “no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia”.

Enfatiza que se trata de “un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del Gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”.

“La gravedad de la situación que vive el país ya ha sido señalada por una resolución del fiscal de la Nación y por otra de un juez de Corte Suprema: la presunta operación de una organización criminal desde el Gobierno, indican, puede socavar los cimientos del Estado democrático. Uno de ellos, el de la libertad de expresión, está siendo directamente amenazado, pero es evidente que no es el único”, alerta en su comunicado.

El 25 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar al presidente Castillo por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Durante una audiencia judicial el 16 de junio, el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, afirmó que el presidente Castillo está siendo investigado por ser el presunto líder de una organización criminal, “por haber planificado y decidido el modo de intervención” de los miembros de dicha red.

El 23 de junio, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos que presentó la defensa del presidente Castillo y, en consecuencia, la fiscalía de la Nación seguirá con las pesquisas.

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Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció un proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.