El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) aseguró el lunes pasado que el proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada sobre casos judiciales es un atentado contra la ciudadanía.
La institución advirtió que, bajo una ley de ese tipo, se sancionaría a jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa antes de que un proceso llegue a la fase de juicio oral.
Para el CPP, se trata de una “medida oscurantista”.
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La entidad señaló que, de ser aprobado por el Congreso, el proyecto del Ejecutivo privará a los peruanos de informarse sobre investigaciones de corrupción, incluyendo aquellas que se siguen contra el presidente Pedro Castillo, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del mandatario.
Castillo y su entorno están bajo investigación por presuntamente integrar una organización criminal que controló de manera ilegal millonarias licitaciones públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Para el CPP, la iniciativa del Gobierno blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, de la gestión actual y anteriores.
Además, señaló que la propuesta implica “retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto”, donde se promovió un proyecto de ley similar.
En opinión del CPP, una ley como la que propone el Ejecutivo hubiese impedido que se conozca el Caso Lava Jato, pues la prensa fue la que mantuvo a la ciudadanía informada sobre esos hechos. “Sin salir a la luz, las investigaciones pudieron ser saboteadas o afectadas por intereses particulares. La impunidad hubiera prevalecido”, señaló.
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La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y la defensora del Pueblo interina, Eliana Revollar, también rechazaron el proyecto del Ejecutivo el domingo pasado.
El organismo y la defensora advirtieron que el Gobierno busca amordazar la libertad de expresión.
En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) aseguró que la iniciativa afecta de manera directa la labor de la prensa en el país, y añadió que criminalizar a las fuentes periodísticas genera mordaza y afecta el derecho a saber.
El Congreso derivará el proyecto a alguna comisión ordinaria para que lo analice, debata y decida si lo archiva o lo aprueba. De ocurrir esto último, el tema será evaluado por el pleno.
El CPP pidió ayer al Parlamento “que no se sume al juego” del Ejecutivo y archive la iniciativa si realmente está comprometido con investigaciones relacionadas a corrupción. Por su parte, la ANP dijo que estaba preocupada al considerar que existe “plena sintonía en esta materia” entre el Ejecutivo y el Legislativo.
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