Joaquín Ramírez: Fiscalía realiza megaoperativo de allanamiento e incautación en siete ciudades por caso Alas Peruanas

El Ministerio Público realiza un megaoperativo de allanamiento e incautación de diversos inmuebles en siete ciudades del país, todos vinculados a Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y otros investigados en el caso Alas Peruanas.

Las diligencias están a cargo del segundo despacho de Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y se realizan en paralelo en Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

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Todas las propiedades afectadas están vinculadas a los investigados Joaquín Ramírez, su hermano el excongresista Osías Ramírez y Pier Figari.

También a Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Rosa Amparo Castañeda Cubas, Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Edmond Jordán Montes, Marco Antonio Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales y Marcos Aponte.

“Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas”, detalló el Ministerio Público.

El megaoperativo, que también incluye la incautación de objetos e información útil y relevante para la investigación, alcanza también a las personas jurídicas como la Universidad Alas Peruana S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Compañía General de Combustibles Granel S.R.L., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C., e Imporgraf S.A.C.

El Ministerio Público investiga a los arriba mencionados como parte de una presunta organización criminal que integraría Joaquín Ramíres y personas de su entorno para cometer lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

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Por este mismo caso Alas Peruanas, en abril del 2023 el Poder Judicial autorizó la incautación y allanamiento de unos 300 bienes vinculados a Alas Peruanas.

Adicionalmente, se admitió el requerimiento de S/700 millones por concepto de reparación civil que solicitó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.