La criminalización del periodismo: Gremios rechazan denuncia penal de la Policía en contra de jefa de la UI de Panorama

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazaron el último comunicado de la Policía Nacional, a través del cual anunció que procederá a presentar una denuncia penal en contra de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de “Panorama”.

Esto porque llamó y escribió al suspendido comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, y al comandante PNP Danny Sevilla Arias, a fin de solicitar sus descargos antes de dar a conocer en el referido programa dominical nueva información sobre una denuncia que involucra a ambos. Incluso, la PNP calificó de “acoso” esta práctica periodística.

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La institución policial, además, hizo suya la hipótesis enarbolada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en la Comisión de Fiscalización del Congreso hace una semana, en el sentido de que Ramírez “convierte cualquier información no verificada en una ‘noticia criminal’ con representante del Ministerio Público a la medida, para luego solicitar medidas limitativas de derechos en base con dichos”.

La Policía Nacional indicó que “acompañará a la denuncia penal a presentar” en contra de la periodista un conjunto de pruebas, entre ellas una pericia a la voz atribuida al comandante Sevilla Arias.

Según informó el programa “Panorama”, el oficial PNP Osmar Fabián- testigo en un caso de presunta corrupción en contra de Zanabria, cuando este fue director de Educación de la Policía en el 2022-denunció que recibió una llamada, a través de la cual fue amenazado para que no declare en contra del general PNP.

En el audio, que Fabián grabó, se le advirtió que iba a ser citado por la fiscalía anticorrupción y que Zanabria estaba informado sobre todo y, por ende, debía tener cuidado, “porque se vienen las invitaciones al retiro de manera excepcional”.

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Y ante su rechazo, el emisario lanzó una amenaza directa: “es más fácil silenciar a las personas que pedir las cosas a maneras”.

El dominical señaló que la persona que estuvo detrás de esta llamada habría sido el comandante Sevilla Arias, quien se desempeña como ayudando de Zanabria.

El riesgo de llevar a los tribunales

Al respecto, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, expresó su “rechazo absoluto” al comunicado de la Policía, “porque lo que hace es reafirmar un patrón que venimos denunciando hace mucho tiempo, que es que se está intentando involucrar a periodistas y llevarlos a tribunales”.

“Aquí hay un absoluto desconocimiento de la práctica periodística. Lo que hace Karla Ramírez es lo que todo bien periodista debe hacer, que es pedir las versiones de todas las partes. Si tiene material que involucra a altos mandos de la Policía, es lógico que se contacte con estas personas. Una buena praxis del periodismo es pedir descargos”, manifestó.

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En comunicación con El Comercio, Lainez dijo que asumir que un reportero solo puede llamar a un funcionario público solo si tiene el consentimiento de esta persona “sería negar la posibilidad de hacer periodismo en el país”.

La presidenta de la ANP advirtió que resulta “peligrosísimo” que la Policía Nacional haya hecho suya la hipótesis de Santiváñez, en el sentido, de que “hay periodistas que están involucrados” en una presunta red criminal para crear investigaciones en el Ministerio Público en contra de ciertas autoridades.

“Hace pocas semanas, la procuraduría anticorrupción ha solicitado a un juez el levantamiento del secreto a las comunicaciones de dos periodistas, uno de IDL Reporteros y otro de Latina, Rodrigo Cruz. Y la investigación es por presunta pertenencia a una organización criminal, este no es un hecho aislado”, remarcó.

“Es una intolerancia manifiesta”

El abogado Roberto Pereira, asesor legal del IPYS, consideró que el comunicado de la Policía Nacional, donde anuncian la presentación de una denuncia penal en contra de Ramírez, “es absolutamente destemplada”.

“Lamentablemente, sigue una pauta preocupante: ante cada cobertura de los medios, si se discrepa con su línea editorial, con la relación con sus fuentes o cómo se cubre una noticia, inmediatamente la prensa es amenazada con ser denunciada. Esto refleja una intolerancia manifiesta hacia la labor de la prensa”, expresó.

En diálogo con este Diario, Pereira refirió que las altas autoridades del país están haciendo “un aprovechamiento perverso y temerario” del sistema de persecución penal. “En el fondo, esto busca tratar de impedir el trabajo de la prensa o sancionarla promoviendo investigaciones por discrepancia sobre los contenidos que esta divulga”, complementó.

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Pereira explicó que el presunto delito de acoso en contra de Zanabria y Sevilla Arias “no se configura”, porque Ramírez solo está buscando una respuesta a un hecho noticioso. “Además, ambos son funcionarios públicos”, añadió.

“A alguien le puede gustar o no gustar la manera en la que un reportero aborda un tema, pero de allí a promover una denuncia penal y publicar un comunicado oficial desde la Policía Nacional, me parece una actitud destemplada y absolutamente inaceptable, subrayó.

El letrado advirtió que altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte están buscando, a través de una serie de actos, “amedrentar a la prensa” y sancionarla “empapelándola” con investigaciones fiscales y procesos judiciales. “El propósito es que la prensa no siga investigando a determinados personajes y temas”, finalizó.

La criminalización del periodismo

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, afirmó que la Policía Nacional busca, al entablar una denuncia penal en contra de Ramírez, “criminalizar la práctica periodística” y “utilizar el Código Penal de manera arbitraria y punitiva”. Agregó que es un hecho común que un reportero o reportera busque el descargo de un funcionario denunciado.

“Si la periodista no los llamará, los policías dirían que ‘nunca me llamó, que es una falta ética’, los periodistas estamos obligados a buscar a la fuente, a corroborar la información y estamos obligados a que la persona tenga el derecho a responder a una imputación. No se puede considerar eso como un acoso”, refirió.

En comunicación con El Comercio, Salazar Zimmermann dijo que es peligroso que la Policía Nacional se haya sumado al discurso de Santiváñez que relaciona a los periodistas con una presunta red criminal.

“No es cierto que un periodista se coluda con un fiscal para sacar información o investigar a un personaje. Eso es buscar voltear la tortilla al periodismo. En mis más de 20 años de carrera periodística nunca he visto que esto haya pasado. Hay una intención de criminalizar el acto periodístico. No me sorprendería que más adelante puedan decir: ‘acá hay una relación criminal, entre editor, reportero y la fuente’”, acotó.

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“Es una amenaza más”

Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de “Panorama”, dijo que la Policía Nacional, con su comunicado, quiere imponer la narrativa del gobierno de Boluarte de “criminalizar el proceso de investigación periodística”. “Así como llaman ‘reglaje’ seguir a Santiváñez, en el caso de los colegas de Latina, ahora llaman ‘acoso’ a que se pida un descargo. Esto es risible y lejano”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Ramírez indicó que la anunciada denuncia penal en su contra en realidad es “una amenaza más” del suspendido comandante general de la Policía Nacional.

“No sorprende, porque esa es la actitud y el comportamiento de los funcionarios del actual gobierno […] Lo que ellos buscan, desde el gobierno es empapelar a los periodistas. Este es un gobierno abogadil, de uso y abuso del derecho, desde la presidenta Boluarte, pasando por su mano derecha, Santiváñez, y ahora la Policía Nacional”, finalizó.

Más información

El último sábado, durante las protestas de la Generación Z en contra del gobierno de Boluarte y el Congreso, el periodista Jorge Ballón, que estaba realizando la cobertura de la marcha, fue agredido por la Policía Nacional. Los hechos quedaron registrados en video.