A una firma de presentar la censura: ¿Por qué en casi dos semanas moción contra Santiváñez no suma nuevas adhesiones?

Las pesquisas fiscales, los cuestionamientos a su gestión y la alta tasa de desaprobación que arrastra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, parecen no resonar al interior del Congreso. Una moción de censura en su contra, promovida inicialmente por el Bloque Democrático Popular y a la cual se plegaron legisladores de otras bancadas y no agrupados, aún no llega a poder ser presentada, a pesar del tiempo transcurrido. Desde hace dos semanas, suman 32 los legisladores que la respaldan y todavía no se ha logrado sumar otras rúbricas para completar el mínimo requerido y así ser ingresada. Aunque sigue en pie.

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A la moción que acusa la “incapacidad y falta de liderazgo” del actual titular del Ministerio del Interior (Mininter), se plegaron en las últimas semanas legisladores de Renovación Popular (5), Avanza País (3), Bancada Socialista (4), Honor y Democracia (1), Juntos por el Perú - VP (7), Podemos Perú (3) y no agrupados.

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Sin embargo, la distribución de las firmas evidencia que no hay una postura cohesionada entre las mismas. Una dispersión que se suma a que otros grupos mayoritarios como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre todavía no han optado por respaldar la medida, pese a las críticas contra Santiváñez y los espaldarazos de parte de la presidenta Dina Boluarte.

“La mayoría de bancadas no tienen una decisión clara sobre sacar o no sacar al señor Santiváñez. De Avanza País, solo tres personas han firmado; de Honor y Democracia solo una persona ha firmado; de Juntos por el Perú no están todos; de Podemos, solo tres congresistas... Así como a veces se dice que las bancadas han cerrado su decisión, acá no está pasando esa misma unidad. No se está dialogando el problema de la inseguridad desde el hecho de que tenemos a un ministro ausente. Eso preocupa”, dijo a este Diario la legisladora Sigrid Bazán (BDP).

La parlamentaria confirmó que —hasta este martes— aún eran 32 los legisladores que respaldaban la moción, cifra que ya se había alcanzado el pasado 20 de febrero. Se requieren como mínimo 33 para su presentación y su trámite. La dificultad para conseguir el respaldo parece avizorar lo que ocurriría, incluso, si se llega a poder ingresar la moción, pues se requieren 66 votos —según el reglamento— para que sea aprobada. La moción se corre desde fines de enero.

Bazán reconoció que no hay claridad respecto al resultado final de esta situación. Si se presenta la moción con el mínimo requerido, es posible que se caiga si alguno de los firmantes opta por retirarse. Dijo que esperan que este jueves 6 de marzo, en el primer pleno de la legislatura, se pueda recabar más firmas y definirse el tema. “La población está esperando a ver si va a tramitarse o no; y si no va a hacerse, que se sinceren también de una vez las bancadas”, apuntó.

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A opinión del legislador Jaime Quito (Bancada Socialista), quien respalda la moción, esto debió haberse podido presentar hace semanas y reiteró que Santiváñez debe ser censurado. “A mí me sorprende sobre manera por qué a un ministro tan cuestionado y con cero resultados en seguridad ciudadana aquí en el Congreso se le esté blindando. Me preocupa mucho la noticia que el ministro se habría reunido con algunos congresistas. ¿Para qué? ¿Para evitar esas mociones? Es realmente muy sospechoso”, aseveró.

Consultado por las otras fuerzas políticas que han optado no respaldar la moción dijo: “este es un blindaje; no encontraría otro término más que ese”.

Al respecto, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, explicó a El Comercio que, si bien hasta el viernes tenían una posición “bastante marcada”, lo ocurrido con Santiváñez el fin de semana amerita, por lo menos, volver a analizar la situación. Dijo que en las próximas horas tomarán una posición.

“APP va tomando posiciones en función a situaciones históricas y el análisis político que hacemos permanentemente. Hasta el viernes, teníamos una posición bastante marcada que era no apoyar censura ni interpelaciones digamos que no tengan un objeto claro. Pero lo ocurrido el domingo con la entrevista de Cuarto Poder, hay hechos que exigen por lo menos un análisis mayor. Ese análisis aún no lo hemos hecho. Imagino que en los próximos días nos reuniremos y tomaremos una posición”, comentó Valdez a este Diario.

César Vásquez, actual ministro de Salud y militante de APP, había indicado hace unos días que el ministro del Interior “no duerme, se está enfrentando a la delincuencia brutalmente” y que “aquellos que están pretendiendo censurar al ministro, déjenme decirles que están jugando a favor de la delincuencia”.

En tanto, desde Fuerza Popular, el legislador César Revilla comentó que aún no han tenido una reunión como bancada para analizar la situación. “Está prevista para la próxima semana y después de eso nuestro vocero comunicará la posición”, adelantó.

Legisladores de otras bancadas como Perú Libre, Renovación Popular y Somos Perú no respondieron a consultas de este Diario sobre el tema.

Mientras ello ocurre en el Congreso, la situación legal de Santiváñez parece complicarse. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema convocó a audiencia para el próximo 11 de marzo, a las 9:30 a.m., para evaluar la solicitud de impedimento de salida del país que la Fiscalía de la Nación requirió contra Santiváñez.

En la resolución, a la que accedió este Diario, se convoca al ministro, a su defensa y al Ministerio Público a una audiencia virtual. “Siendo que, en caso de imposibilidad de conexión virtual del investigado, se prescindirá de su presencia virtual, toda vez que su derecho de defensa técnica se encuentra debidamente garantizado al ser representado por su abogado”, se lee en la resolución suscrita por el juez Juan Carlos Checkley.

El requerimiento fue presentado al juzgado horas antes que el titular del Mininter viaje a Bruselas y a los Países Bajos para un evento oficial para el cual fue autorizado hasta el próximo 9 de marzo. A pesar de la solicitud fiscal, Santiváñez llegó a salir del país el último lunes, poco después de que la fiscalía había allanado su domicilio y su oficina en el marco de las indagaciones y de que se revelaran las declaraciones de dos testigos protegidos que lo implican en pago de coimas.

Justamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó las acusaciones que la presidenta Dina Boluarte había señalado en la víspera sobre un supuesto “golpe de Estado blanco” desde el Ministerio Público, luego de las diligencias contra Santiváñez.

Espinoza pidió “que guarde la compostura, que no pierda los papeles” y que son expresiones que ofenden a la institución que dirije. Y reiteró su pedido para que declare por el Caso Cofre, luego de reprogramarse su declaración para este miércoles.

“Lamento las expresiones destempladas, nerviosas de la señora presidenta a quien siempre vamos a respetar por la investidura, pero pido también que respete al Ministerio Público, defensor de la legalidad. Un presidente tiene que saber guardar las formas y saber también a veces controlar las emociones. Todos podemos ser investigados en un debido proceso”, apuntó Espinoza.

Por su parte, Boluarte insistió este martes durante un evento en San Borja que el Gobierno trabaja a pesar de las “mentiras que le inventan” y del “acoso político”. “Si estamos unidos, nada nos para, nada ni nadie nos detiene, ni las mentiras que nos inventan, ni el acoso político ni la justicia politizada. Todo lo contrario, le ponemos más punche y arriba el Perú”, apuntó.