Golpista Pedro Castillo anuncia huelga de hambre en rechazo al juicio en su contra por el delito de rebelión

El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) anunció que acatará una huelga de hambre en el penal Barbadillo, en rechazo al juicio en su contra por el delito de rebelión, a raíz del golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, Castillo Terrones acusó a la jueza Norma Carbajal Chávez, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, de haber adelantado opinión en su contra al “forzar” el tipo penal de rebelión.

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“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre; acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”, señaló.

Cabe indicar que la misiva no solo lleva la firma del exmandatario, sino también de su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala.

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Como se recuerda, el pasado 4 de marzo Pedro Castillo trató de frustrar la sesión de instalación del juicio oral en el que será procesado por rebelión tras el golpe de Estado del 2022, al presentarse sin abogado y rechazar que se le asigne uno de oficio.

Castillo Terrones aseguró que había prescindido de los otros tres abogados que había acreditado en este proceso: William Paco Castillo, Carlos Perea Pasquel y Juan Sifuentes Bustillos.

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El tribunal rechazó el intento del expresidente, mantuvo la defensa de los otros tres abogados que no fueron incluidos en el pedido formal y nombró como defensa de oficio a Edgar Callahualpa Quispe.

La fiscalía solicitó 34 años de prisión para Pedro Castillo por el delito de rebelión, mientras que para Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres, Manuel Lozada y Jesús Venero solicitó 25 años de cárcel.

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La fiscalía los acusa de haber aprovechado la condición de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía para ordenarles, a través del mensaje golpista del 7 de diciembre, alzarse en armas contra el régimen constitucional, con la intervención del sistema de justicia, el cierre inconstitucional del Congreso y el establecimiento de un gobierno por decreto.