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La policía encontró documentos y objetos que revelan conexiones entre el expresidente Pedro Castillo y al menos un grupo radical involucrado en las protestas en Puno, durante una incautación a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, realizada en enero pasado, reveló “Cuarto poder” este domingo.
Entre los documentos se halló un reconocimiento a Castillo del denominado Comando magisterial minero de campaña de La Rinconada y Lunar de Oro, de Puno.
Según la policía, el sector minero de La Rinconada fue el encargado de suministrar material clandestino para la quema de comisarías en esa región, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.
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El Comercio reveló en enero pasado conversaciones de WhastApp que muestran coordinaciones de grupos radicales para atacar a autoridades en Puno. En uno de los chats se anunció que mineros de La Rinconada entregarían “cartuchos”, presumiblemente de dinamita.
De acuerdo con “Cuarto poder”, en el inmueble en Breña también se encontraron chalecos de campaña del comando nacional de Perú Libre, así como sobres del Ministerio de Relaciones Exteriores que debían permanecer en Palacio de Gobierno o en la cancillería.
Se hallaron, entre otros objetos, 56 tarjetas de invitaciones oficiales que debían ser entregadas a ministros de Estado.
Además, durante la incautación, la empresaria Tania Peralta Sánchez, hermana del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, entregó un folder con el rótulo de confidencial, que contenía referencias al narcoterrorismo y el Vraem.
Según la fiscalía, el inmueble de Sarratea “habría sido utilizado como centro de operaciones criminales” de una presunta organización delictiva en el Caso Gabinete en la sombra.
Para el Ministerio Público, el inmueble también fue el escenario donde se planificó la designación de ministros y funcionarios de alta dirección.
La casa será entregada al Ministerio Público para que se convierta en una sede anticorrupción, señaló “Punto final”.
En enero pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la desposesión e incautación de esa vivienda, que en ese momento pasó a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
