“No somos un gobierno débil, sino que trabaja con distintos actores sociales”

— ¿Cómo tomó el Gabinete Ministerial la declaración del titular del MEF, José Arista, quien dijo que el gobierno es “débil”?

Esto claramente ha sido un error, cuando las personas, sobre todo, en este tipo de puestos, están expuestos a tanta presión y a tantos temas que tenemos que tratar, a veces ocurre que simplemente no abordamos las entrevistas de la mejor forma, a veces tenemos exabruptos o errores. El ministro Arista ya reconoció que fue un error y creo que lo que hay que hacer ese seguir avanzando. Es claro que no somos un gobierno débil. Hoy, por ejemplo, vengo de Cusco y Apurímac, he estado con el ministro de Energía y Minas y nos hemos reunido con 12 o 15 funcionarios elegidos por el voto popular. Hemos inaugurado un puente y se ha hablado de otras obras. Nuestro diálogo es permanente con distintos sectores sociales y con congresistas de estas las bancadas…

— ¿Lo dicho por Arista es una verdad que incómoda a la presidenta Boluarte y a los ministros?

Bueno, creo que fue clara la reacción no solamente del ministro de Inclusión Social y la mía casi inmediatamente después de que ocurrió esta declaración, sino luego de la presidenta, sí incomodó sin duda, no le puedo mentir sobre eso, sería absurdo. Pero creo que las disculpas que ofreció el ministro al día siguiente tanto a la presidenta como al Gabinete nos parecen suficientes. Somos humanos y nos equivocamos y a veces decimos cosas que de repente no quisiéramos decir o que no las pensamos, pero que las decimos. No somos un gobierno débil, sino que trabaja con distintos actores sociales, con congresistas, con gobernadores, y alcaldes […] El no tener una bancada parlamentaria nos genera un mayor esfuerzo de diálogo. En mi anterior gestión, yo no tenía tantas visitas de alcaldes ni de congresistas.

— Este gobierno no ha observado el séptimo retiro de las AFP, tampoco otras leyes, como la derogatoria de los plazos para la formalización de mineros, y la que eliminó las PASO. Tampoco tienen una bancada y la aprobación de la presidenta es de 7%, la más baja en 20 años. ¿Estos no son signos de debilidad?

Yo le diría que son signos de un gobierno que tiene, como probablemente ningún otro, la necesidad de tener una apertura y diálogo permanente con todos los sectores, incluso con actores con los que no necesariamente coincidimos en política. Hay posiciones en el Congreso que son ideológicamente muy distintas a las que nosotros emprendemos y trabajamos en el gobierno. Pero tenemos que dialogar con ellos, porque nos guste o no, los congresistas han sido elegidos por la población. Podrán estar mal hoy en las encuestas, como también lo está el gobierno, pero hay un mandato popular.

Entonces, cuando tú tienes una votación donde hay 100 votos a favor de 130, lo que te está diciendo [el Parlamento] es que tienen una mayoría más que una mayoría calificada para cualquier procedimiento que nuestra Constitución establece. Eso te indica una voluntad estrictamente mayoritaria. Nuestro espacio de cuestionamiento más que político tiene un argumento constitucional. Es decir, cuando hay una violación a la Constitución. Pero cuando se plantea una ley que tiene todos los requisitos de legalidad, nuestro cuestionamiento puede terminar basada más en una opinión, y que no corresponde a lo que la ciudadanía ha expresado a través de sus congresistas.

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— La agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Dentro de su argumentación, señaló que “un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno” son obstáculos para el crecimiento…

Mire, son tres calificadoras las que principalmente elaboran estos reportes, de las tres solo una ha hecho una modificación como la que usted plantea. Las otras dos no han modificado su calificación. Lo que hacen las calificadoras es tratar de reflejar el nivel de compromiso que tiene un Estado en un país, en este caso su capacidad de pago de deuda y claro ahí aparecen una serie de factores, como el de la estabilidad política. Lo que viene ocurriendo hace un buen tiempo y no necesitábamos que S&P Global Ratings lo dijera, basta vivir en nuestro país para tener claro lo que está sucediendo, y es que tenemos reglas de funcionamiento de la política que no necesariamente son las mejores y que se refleja en que los últimos seis años hemos tenido cinco presidentes. Esto no es una anécdota ni casualidad, hay algo que no está funcionando bien.

Y por eso, la presidenta cuando dio su discurso por 28 de julio, uno de los temas que planteó ahí era el tema de buscar, sobre la base de un consenso, el Ejecutivo no tiene la capacidad de imponer una reforma política, hay que consensuarla con el Congreso sin duda, pero hay que buscar hacer reformas políticas. Por ejemplo, la bicameralidad me parece una buena medida en ese sentido. Y hay que ir buscando esto con otras medidas.

— Usted refirió que Arista se disculpó con la presidenta y con los ministros. ¿La página ha sido volteada?

Yo creo que sí, él ya planteó las disculpas que correspondían, creo que no deberíamos seguir ahondando en este error, lo que hay que hacer es volver a mirar los temas que son relevantes, como el déficit fiscal, el inicio de un boom minero que estamos observando en las últimas semanas, se ha visto un aumento en el precio del oro y el cobre que nos va a traer sin duda, en la medida de que se sostenga, un importante incremento de los ingresos tributarios.

— Usted está siendo voceado para el MEF si se concreta la salida de Arista. ¿Está dispuesto a asumir esa cartera?

Yo ahora estoy en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizando el trabajo que la presidenta me ha encargado, que es destrabar los grandes proyectos de transporte y acelerar el acceso a Internet en las zonas rurales, en las escuelas públicas. Estoy concentrado en ese trabajo. Yo soy economista de profesión y me he dedicado por mucho tiempo a la actividad regulatoria, particularmente a la defensa de la competencia, pero ahora estoy concentrado en el encargo que tengo en el MTC y seguiré cumpliéndolo.

La relación con el Congreso

— La presidenta Boluarte indicó que, si bien no tiene una bancada, si tiene amigos congresistas en las agrupaciones políticas. ¿Esto ha sido el reconocimiento de un pacto entre el sector que domina el Parlamento y el Ejecutivo?

La expresión “amigo” se refiere a bancadas con las que conversamos, conversamos en el sentido de que planteamos propuestas que puedan ser discutidas con ellos y que se refleja en nuestra participación con distintas comisiones del Congreso. El lunes tengo que estar en Huancavelica en la Comisión de Defensa del Consumidor. Este grupo está presidido por Acción Popular. Y he estado en las comisiones de Descentralización y Economía viendo el tema de la Ley de Contrataciones del Estado, ahí están Somos Perú y Fuerza Popular. Tenemos la obligación si queremos gobernar de dialogar.

— ¿Por qué el Ejecutivo no ha tenido mayor resistencia frente a normas antitécnicas y de corte populista del Congreso?

Por una razón sencilla, el Congreso tiene una función que es la de legislar. Entonces, nosotros expresaremos nuestro punto de vista en desacuerdo cuando creamos que tenemos que hacerlo, pero finalmente nuestra función no es la de emitir leyes salvo cuando nos la delegan. Creo que hay entender que esa es una función del Congreso. Nosotros lo que haremos es discutir sobre la no necesidad de sacar una ley o durante el proceso del debate diremos que no estamos de acuerdo y enviaremos informes en ese sentido. Y cuando creamos que este es un tema de violación constitucional, la observaremos y si el Congreso insiste iremos al Tribunal Constitucional. Pero como gobierno no podemos ir al TC a pedir la derogatoria de una ley simplemente porque no estemos de acuerdo con ella.

— ¿El gobierno no está pasando a ser una mesa de partes del Parlamento?

No, para nada, nosotros discutimos distintos temas con ellos, le hablo de los temas que yo veo directamente, de Transportes y Comunicaciones, de los autos colectivos, por ejemplo, tenemos con ellos una discusión sobre este tema, no necesariamente coincidimos…

— Por ejemplo, en el tema que usted menciona, en el Congreso hay, al menos, seis proyectos de ley para formalizar el taxi colectivo en Lima Metropolitana y el Callao. En el restado del país ya es legal. ¿Cuál es la postura de su sector sobre estas polémicas iniciativas?

Nosotros creemos como política general en la macro transportación. El reconocimiento a la figura del taxi colectivo fuera de Lima tiene un componente idiosincrático, porque en algunas rutas en provincia no hay buses, porque el tamaño del mercado no justifica que aparezca una empresa que invierta en buses y cubra esa demanda. Y lo que ha pasado, y no de ahora, sino desde hace 40 años, esto se ha resuelto por el colectivo. La propuesta de rutas que hemos dado es mucho más acotada, son 80 rutas. Pero en el caso de Lima creemos que no es necesario el taxi colectivo.

— ¿Y qué pasará si el Congreso lo aprueba?

Como un Ejecutivo que no tiene una bancada parlamentaria, incluso si la tuviéramos, nosotros no podemos cambiar las reglas bajo las cuales se legisla. Por un tema de política pública la observaríamos, y lo que podría ocurrir si el Parlamento insiste, la única forma de que nosotros podamos plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional es que la ley sea inconstitucional, y si no lo es, no tenemos como plantear una alternativa. Hay que convencer a los congresistas que este tipo de proyectos no son necesarios y que es contraproducente a la línea de que lo que estamos buscando es la generación de mayor bienestar.

— La Mesa Directiva del Congreso aumentó en S/3.382 la asignación de función congresal. ¿Es oportuno ese aumento de salario para los parlamentarios cuando el país está en recesión?

Definitivamente, siempre va a ser discutible una decisión como esa, pero es una potestad del Congreso y ellos tendrán que explicar por qué han hecho eso. Mi punto de vista personal es que no puedes tener un valor fijado durante 10 años sin que se mueva, o sea, hay una cosa que se llama inflación. Lo que creo es que algunos rubros de gasto deben tener un nivel de ajuste de acuerdo con la inflación. No podemos bajo la figura de que es gasto público dejarlo congelado y no moverlo en el tiempo.

El Caso Rolex

— El 24 de marzo, en Canal N, usted contó que Boluarte había explicado a los ministros que compró los Rolex “con sus ahorros”. Pero dos semanas después, ella dijo que fueron prestados. Y ahora la defensa de Oscorima dice que dos de los relojes era su hijo. ¿La presidenta cambió su versión?

Dos cosas fundamentales, la primera, como ya hemos indicado, todo lo que tiene que ver con la situación concreta de los Rolex está siendo visto por la fiscalía y hay que esperar que esta haga su trabajo. En ese marco, es que nosotros creemos que no debemos interferir y finalmente el comentario de un ministro es político. Y aprovecho en comentar sobre mi declaración, que en ha sido descontextualizada, porque yo no dije que la presidente nos ha dicho en el Consejo de Ministros, no, yo hablé de una declaración pública de la presidenta en su momento.

— Usted dijo textualmente lo siguiente: “Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho, es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros. Lo que hay que hacer es esperar a que este proceso llegue” …

Al inicio hablamos que a veces uno puede expresar términos erróneos, y ahí cuando dije “nos” me referí a una declaración pública y no privada, y esto ha llegado al absurdo que ha habido periodistas que han pedido las actas del Consejo de Ministros, es un sin sentido. Yo no le daría mucha importancia a esa declaración mía.

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— Si el Caso Rolex es un tema cerrado, como señalan algunos ministros, ¿por qué la presidenta Boluarte no declara a la prensa desde el 5 de abril?

Yo lo que creo es que en la medida que la prensa lo que quiere es seguir discutiendo sobre un tema que está en investigación fiscal, lo único que va a pasar es que simplemente van a encontrar que los ministros le vamos a decir exactamente lo que le acabo de decir, que esto está en un proceso de investigación en la fiscalía y que hay que dejarlo ahí. Probablemente, a algunos periodistas les genere algún morbo seguir discutiendo sobre este tema. Hay que permitir que la investigación arroje conclusiones.

— El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, investiga a Boluarte por presuntamente dirigir presupuesto a favor de Wilfredo Oscorima a cambio de los relojes y otras joyas de alta gama. ¿No hubo un favorecimiento para el GORE de Ayacucho con altas partidas presupuestales?

Ningún tipo de favorecimiento, ni al Gobierno Regional de Ayacucho ni a otro, lo que tenemos nosotros es un espacio de diálogo frecuente con los gobernadores y alcaldes y como parte de eso, surgen situaciones como [la de este jueves] en Apurímac, los gobernadores nos dicen que ellos pueden hacer los estudios para una carretera entre Apurímac y Cusco, y nosotros lo que vemos es la forma de conseguir los recursos, ese es el diálogo que tenemos. Obviamente, sobre la base de una necesidad de la población. Cuando miramos las asignaciones presupuestales del año pasado y de este, todas cumplen con la formalidad de la ley. En el caso de Ayacucho, [las partidas] están vinculadas los Juegos Bolivarianos.

— Por ejemplo, el Ejecutivo emitió el DU N°029-2023, el 25 de julio de 2023, a través del cual autorizó a los gobiernos regionales a ejecutar inversiones en universidades públicas. Oscorima, gracias a este dispositivo legal, anunció la construcción de seis escuelas en la Universidad de Huamanga (UNSCH) por S/321 millones. Un día antes, Oscorima entregó la pulsera Bangle a Boluarte.

Nosotros descartamos cualquier relacionamiento que pueda hacer entre un acto y la asignación de presupuesto. Los gobiernos regionales reciben recursos con frecuencia y se les da para distintas actividades y esto no responde a presión de ningún tipo. Bajo esta figura, tendríamos que dejar de darle recursos a los GORES para que no se genere la presunción de que detrás de esto hay una actividad dolosa, lo cual es absurdo porque no podemos paralizar al país por una presunción.

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— Según un audio emitido por “Cuarto Poder”, Nicanor Boluarte operó políticamente a favor de la presidenta Boluarte tras la vacancia de Pedro Castillo. ¿Cuál es el rol que él cumple en el gobierno? ¿Es una de las voces a las que escucha la mandataria?

El señor Boluarte no cumple ninguna función en el gobierno, yo no tengo el gusto de conocerlo, no he tenido ninguna conversación con él y entiendo que los ministros tampoco. Yo creo que más allá de que es el hermano de la presidenta, ella con todo el derecho del mundo puede escuchar a su hermano y reunirse con él en citas familiares. Pero su intervención en el gobierno es nula. Esos audios son de los primeros días de gobierno, no de estos días, entonces sí creo que no dejemos que una cosa que puede ser hasta anecdótica termine planteando que hay la intervención de una persona en la función pública. Él no ha tenido ningún tipo de intervención en la ejecución de proyectos, de actividades y de nada.

— En abril, la aprobación de Dina Boluarte cayó a 7%, según Datum. Esta cifra es la más baja registrada por un presidente en dos décadas. ¿Qué autocrítica debe realizar el Ejecutivo?

Sí, alguna autocrítica tenemos que hacer, varias, pero creo que la más importante es que después de lo que ocurrió al inicio del gobierno con las marchas y manifestaciones violentas, es que esta situación hizo que nosotros seamos más conservadores en nuestra capacidad de comunicar lo que hacemos. Y ahí lo que tenemos que hacer, y el premier [Gustavo Adrianzén] en todos los Consejos de Ministros, su primera intervención es decir nuestras intervenciones en prensa, es decir cuántos ministros han salido esa semana, quiénes han declarado y los temas. También cuántos hemos viajado. A mí me jalaron las orejas el otro día porque no he ido Áncash que es una región a cargo mío. La idea del gobierno es remontar este tema de la opinión pública respecto al Ejecutivo y la presidenta también obviamente. Queremos mostrar a un gobierno en las regiones, haciendo actividades o inaugurando obras.

— ¿Existe temor en el Ejecutivo de que la aprobación de la presidenta Boluarte continúe bajando? ¿De que ella marque un nuevo récord?

Mira, lo que nos preocupa a nosotros es que no podamos hacer nuestro trabajo bien y eso significa que no podamos desarrollar infraestructura, que no podamos llegar con los programas de cobertura social, de salud, de educación, de vivienda, de agua y desagüe. Eso nos tiene muy preocupados, queremos que la población perciba ya las cosas que se han venido trabajando en buena parte del 2023 y que ya en el 2024 comienzan a tener algunos resultados. Por ejemplo, la ministra de Vivienda acudió a Puno en el 2023 y hoy día se tiene diálogo fluido en la zona y se está trabajando para que se realicen las obras de saneamiento en Juliaca.

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“El litigio entre el Estado y los inversionistas no es algo que ayude”

— Durante el gobierno de Vizcarra, en Provías Descentralizado y Provías Nacional operó una presunta red de criminal que direccionó obras públicas. ¿Aún queda rastro de “Los Intocables de la Corrupción” en el MTC?

No tenemos la evidencia de que quede algún rastro, porque si la tuviera le aseguro que yo ya habría mandado una carta a la fiscalía pidiendo que intervengan a esa persona. Lo que tampoco puedo hacer es asegurar de que no lo haya de forma subrepticia, de que todavía haya alguien por ahí que esté operando de manera subrepticia. Hemos cambiado al director ejecutivo de Provías Nacional hace algunas semanas, el nuevo es un ex oficial de la Marina, el contraalmirante José Romero, que en el Ministerio de Defensa compró aviones, barcos y tanques por más de US$3.000 millones. Entonces, está acostumbrado a hacer compras y tiene experiencia en eso. Y estamos haciendo cambios en Provías Nacional de personal, buscando que vengan personas distintas. Un problema de esta entidad y también de Provías Descentralizado es que en algún momento fueron demasiado endogámicos. El director ejecutivo era alguien que había salido de abajo, que en principio pareciera ser bueno, el problema era que luego rotaban, no se veían cambios notables y por eso hemos planteado la reorganización.

— ¿Se ha realizado alguna auditoría sobre la administración de Pedro Castillo? ¿Se ha encontrado alguna irregularidad, además del puente Tarata?

Nosotros lo que hemos hecho es declarar no solo en público, sino cuando vinieron de la fiscalía, es una política de puertas abiertas a cualquier investigación que ellos deseen hacer, aquí no hay espíritu de cuerpo con alguien que delinquió, se le pone a un costado y esa persona tendrá que ir al Ministerio Público a explicar, y si tiene una pena que pagar, lo tendrá que hacer […] Y hay una buena noticia, y es que el puente Tarata ha sido adjudicado hace dos semanas y media. Este proyecto es importante para la población de Juanjuí (San Martín).

— Sobre el conflicto que existe por el puerto de Chancay, ¿qué reclama exactamente Cosco Shipping en el trato directo?

Lo que está en discusión es si una resolución directoral podía interpretando la ley podía permitir que se pudiera prestar un servicio en exclusividad o no. Entonces, en su momento, en el 2021, la Asociación por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) hizo esto, interpretó la ley y decidió que sí había una posibilidad de asignar una exclusividad. Luego un ciudadano cuestionó esa interpretación y la nueva administración de la APN llegó a la conclusión de que no había formalmente un espacio para establecer un derecho exclusivo. Y por eso, se planteó que se revoque ese artículo 2, que es el que plantea la exclusiva.

Legalmente, una resolución directoral tiene un plazo en el cual puede ser declarado nulo de oficio, ese plazo es de dos años y ya había vencido en enero de 2023. La única forma de plantear la nulidad es yendo al Poder Judicial y eso se ha hecho. Este es un tema de cubrir las formas, nosotros creemos que si es necesario que cuando una empresa invierte y asume los riesgos, pueda plantear la exclusividad de los servicios que va a prestar, es totalmente válido. Y esto debe estar considerado en la ley.

En el derecho administrativo el espacio para la interpretación no es que no exista, pero cuando vas a asignar el derecho a una exclusividad es importante tener la seguridad jurídica de que este derecho está bien afirmado. Nosotros creemos que es mejor que esto se defina por ley, una vez que esté aprobada, nosotros la vamos a promulgar y la empresa va a tener la seguridad de tener la exclusividad sin ningún tipo de discusión.

— ¿Cómo afecta al clima de inversiones la constante litigiosidad entre el Estado y los concesionarios?

Como regla general, el litigio entre el Estado y los inversionistas no es algo que ayude a generar un clima de inversión establece, pero también es importante y los inversionistas valoran mucho que las reglas de juego no solo deben ser estableces, sino que deben tener un sustento legal y constitucionales que sea indiscutible. Por eso, para nosotros es importante que esta ley salga, y esperemos que en las próximas semanas, el Congreso apruebe este texto en segunda votación y se pueda promulgar.

— ¿Considera que la apertura del trato directo es una presión de Cosco Shipping para que se apruebe la modificación de la ley del Sistema Portuario Nacional?

No sé cuál es la intención en este caso de la empresa de plantear un trato directo. Nosotros lo vamos a responder en el marco del proceso de trato directo, y bueno esperamos aclarar los cuestionamientos que ellos puedan tener sobre el tema. Si la ley se aprueba pronto, esto va a ser aún mucho más claro y vamos a poder ya pasar la página respecto a este tema de exclusividad.

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— El pasaje en el Metropolitano es de S/3.20, pero su servicio está lejos de ser el mejor. Día a día se registran largas colas, a 14 años del inicio de su operación no se ha completado todo el tramo, y la vida útil de los buses es al 2025. ¿Este sistema está al borde del colapso? ¿Qué medidas concretas está adoptado el MTC y la ATU al respecto?

Este es un tema que es competencia de la ATU directamente […] En el Metropolitano tenemos un proceso que debería estar en operación hace más de 10 años, y por un tema de formalidades legales se planteó en una adenda que no se entrará en operación hasta que se cumplieran algunos requisitos que no se han cumplido, particularmente el patio de maniobras. Y lo que tenemos que hacer, hablé con ATU hace una semana, nos tenemos que sentar con ellos [el concesionario] a plantear una revisión del esquema en el cual se ha trabajado este contrato y se va a tener que ver reflejado en una adenda. Desde el punto de vista real, han estado operativos, todos los días hay personas que se suben a los buses del Metropolitano, se transportan en ellos y pagan una tarifa. Aquí hay una primacía de la realidad, la realidad dice que hay un servicio prestándose más allá de si en el contrato está en operación o no. El contrato debe reflejar mejor lo que ocurre en la realidad, ellos deben plantear un esquema de inversión para buses, si este contrato hubiera entrado en operación hace 12 o 10 años, hoy tendríamos un contrato a puertas de vencerse.

— ¿Desde cuándo sería el reconocimiento de la operación?

Parte de la discusión va a ser eso, a partir de cuándo viene el reconocimiento. La ATU debe sentarse a dialogar con empresas que operan el Metropolitano y evaluar una adenda, y esta debe tomar en cuenta que ha habido una operación real, que el servicio para los próximos 10, 12 o 15 años debe ser renovado en el parque automotor, y lo que tenemos que hacer es plantear una figura que amplíe el plazo, pero reconocimiento que ya hay una operación.

— La Municipalidad de Lima está retrasando ejecución de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro al no dar los permisos. ¿Qué acciones ha tomado el MTC para agilizar esto? ¿Por qué cree que López Aliaga ha asumido esta actitud?

Lo que ha estado pasando aquí es que hay una preocupación legítima del alcalde y de sus regidores respecto al impacto que tendría el cierre de la Av. Garcilaso de la Vega, porque la idea es que hoy esa avenida tiene cuatro carriles de cada lado y el cierre dejaría dos carriles de cada lado. La propuesta que estamos trabajando es que solo pase el transporte público, la pregunta es qué pasa con el transporte particular, es una vía importante porque comunica a una parte del cono norte y también al Rímac con los distritos céntricos de la ciudad. Lo que hemos estado discutiendo sobre las distintas rutas para el tráfico particular. Y lo otro que se ha discutido es cuánto tiempo iba a durar los cerramientos, hemos hecho ajustes y hemos bajado a un cierre de 13 meses en la parte más importante. En el tramo de la Av. Paseo Colón, queda solo un carril de ida y otro de vuelta, en el mes 18 recupera un poco de transitabilidad también.

— ¿Cuándo comenzaría? ¿Tiene una fecha?

Todavía no tenemos una fecha estimada hasta que no resolvamos los temas finales que se están afinando en el equipo técnico. Yo esperaría que en los próximos días ya se cierre las discusiones sobre el enrutamiento del tráfico y a partir de ahí deberíamos tener en 15 días ya esto resuelto y aprobado, y ahí comenzaría el proceso de construcción de la estación 13.