

El Congreso reprogramó el debate y votación en el Pleno sobre los informes finales de la denuncia constitucional contra la expremier Betssy Chávez. Esta se iba a realizar el próximo 11 de septiembre, pero finalmente se realizará el 1 de octubre.
En esta nueva fecha, el Consejo Directivo dispuso que se analice el informe final de la Denuncia Constitucional 355, interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra Betssy Chávez Chino, en su condición de excongresista de la república y exministra de Estado.
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El informe determina que Chávez Chino, en su condición de excongresista de la república, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, sea acusada por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (artículo 399 del Código Penal).
Además, se solicita al Pleno del Congreso de la República que proceda al levantamiento del antejuicio político.
También se plantea acusarla por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal), y solicita al Pleno del Congreso de la Republica que proceda al levantamiento del antejuicio político.

Denuncia contra el juez Salas Arenas
Luego, el Pleno debatirá y votará la denuncia constitucional 469, interpuesta por el exfiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana, contra Jorge Luis Salas Arenas en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
El documento concluye en que Salas Arenas es presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido el cargo.

En esta misma fecha se verá el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas) contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda.
Se concluye acusar al denunciado por ser el presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública — negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.
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