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El viernes último, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a cuatro años de prisión suspendida condicionada al pago de la reparación civil a los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima involucrados en el Caso Comunicore, uno de los mayores escándalos de la primera gestión de Luis Castañeda Lossio.
Impuso, además, una reparación civil solidaria de 260 mil soles luego de que, en el 2017, la Procuraduría Anticorrupción apeló el fallo que absolvió a los investigados y consiguió reabrir el caso.
La sala condenó a Juan Blest García, exgerente de la Municipalidad de Lima; Ulises Merino Rojas, exsubgerente de la comuna; Miguel Angel Garro Barrera, exgerente administrativo de Relima; y Rafael Santiago Ruíz Contreras, expresidente de Comunicore, por colusión desleal en agravio del Estado.
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En el 2005, la Municipalidad de Lima tenía una deuda de 35 millones de soles con la empresa de servicios de limpieza, Relima, que cedió sus derechos del cobro de esta deuda a Comunicore. A inicios del 2006, la primera gestión de Castañeda Lossio canceló toda la deuda, pero Comunicore solo pago S/15 millones a Relima.
En su momento, El Comercio informó que pese a eso, la Municipalidad de Lima sí desembolsó, en menos de una semana, los S/35,9 millones para Comunicore, una empresa que ha sido considerada fantasma por la fiscalía. Para hacer ese pago, la comuna desvió fondos del municipio destinados a otros rubros. La transacción no contó con informes legales y financieros. No se sabe el destino del resto del dinero, es decir unos S/21 millones.
Según se establece en la sentencia de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, los condenados se coludieron para crear una deuda ficticia de casi 35 millones de soles entre la Municipalidad de Lima y Relima para, luego, retirar ese dinero a través de la empresa de fachada, que terminó siendo liquidada.
La Procuraduría Anticorrupción señaló que luego el dinero fue retirado de las cuentas de Comunicore a través de transferencias bancarias y cobro de cheques endosados a nombres de terceras personas. Está probado, precisa la sentencia, que las más de 50 personas naturales que cobraron los cheques estaban vinculadas a los acusados.
Los magistrados también dispusieron que se reservará la sentencia contra Odilón Gaspar Amado Junior, actual reo contumaz, y contra Alex Ángel Montoya Agüero, reo ausente. Con esto, se suspende el plazo de prescripción de los delitos que se les imputa.
