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José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, ex directivos de la empresa Graña y Montero, acudirán este domingo a la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará la prisión preventiva solicitada por la fiscalía contra ellos y otros tres representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
"Ellos quieren que se les escuchen y mañana [domingo] es la oportunidad para que mis clientes sean escuchados por la fiscalía. Ellos van a decir su versión", indicó a El Comercio Daniel Linares, abogado de los citados empresarios.
Esta semana, la fiscalía incluyó en su investigación preparatoria del caso de la Interoceánica Sur a los representantes de Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A. e ICCGSA, socias de Odebrecht en la construcción de la carretera. También solicitó 18 meses de prisión preventiva para ellos.
El abogado indicó su preocupación por la forma en que está actuando la fiscalía. Precisó que, pese a que sus clientes se pusieron a disposición del Ministerio Público desde que comenzaron las investigaciones, nunca los llamaron para declarar y de un momento a otro se les abrió investigación y se pidió la prisión preventiva.
Linares aseguró que no hay razones que justifiquen la prisión preventiva y reiteró que sus defendidos "no conocieron ni participaron en el pago de coimas".
El abogado sostuvo que la fiscalía ha interpretado mal las operaciones comerciales que ha habido entre Odebrecht y sus socias peruanas. Argumentó que, de acuerdo con la versión de Jorge Barata, Odebrecht aparentemente pactó una coima de US$35 millones con Alejandro Toledo con la condición de que las bases del proyecto salgan rápido y que el único adjudicatario sea la firma brasileña.
El letrado agregó que, debido a los reclamos del gremio de constructores peruanos, el Ejecutivo cambió las bases para que las empresas peruanas puedan intervenir en ese proyecto de la Interoceánica con un 40% de participación. Por eso Odebrecht se consorció con Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.
En ese momento (2005), prosigió Linares, se tomó el acuerdo de que Odebrecht cobre a sus socias peruanas una "compensación de liderazgo" porque diseñó, financió y sacó adelante el proyecto. Recordó que se acordó pagar el 1,5% del costo total de la obra si es que las utilidades estaban por debajo del 23,5% y el 3% si las utilidades eran superiores. Expresó que en esa compensación de liderazgo estaba incluido el concepto de riesgos adicionales de la obra.










