Congreso: más de 20 años sin una reforma sobre la inmunidad

Edwin Donayre cumple hoy 16 días como prófugo de la justicia, luego de que el Congreso aprobara levantarle la inmunidad de arresto para que cumpla una sentencia de cinco años de cárcel.

El pedido de la Corte Suprema sobre Donayre llegó al Congreso en setiembre del año pasado y pasaron 231 días hasta que fue aprobado en el pleno. En todo ese tiempo, Donayre asistió y participó en votaciones.

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Pese a todas las falencias demostradas en el caso de Donayre, el Legislativo se ha rehusado a reformar los alcances de la inmunidad.

La Comisión de Constitución es la encargada de evaluar los proyectos de reforma del Ejecutivo (entre los que se incluyó uno sobre la inmunidad). El jueves pasado, el grupo presidido por Rosa Bartra (Fuerza Popular) archivó la iniciativa que planteaba reformar el artículo 93 de la Constitución para que la Corte Suprema fuera la que decidiera sobre la inmunidad.

La resistencia para aprobar esta reforma se mostró el martes. Cuando se debatía el proyecto sobre el antejuicio político, varios legisladores tuvieron que reclamar para incluir la inmunidad en la agenda. Pero lo que se aprobó sobre el antejuicio fue un anticipo de que no se tomarían en cuenta las propuestas del Ejecutivo.

El mismo martes por la noche, también se llevó a cabo una reunión de la bancada fujimorista. Fuentes presentes en esa cita indicaron que varios legisladores expresaron su preocupación a Bartra porque no se estaban logrando los consensos para los temas de la reforma política. En la votación sobre el antejuicio político, ni siquiera el Apra –su mayor aliado en las comisiones– había votado con ellos. En ese marco, se pidió a Bartra la búsqueda de mayores consensos, tal y como se había trabajado en las gestiones de sus antecesores en el cargo.

—Votación y pedidos—
Bartra consiguió apoyo al día siguiente, cuando puso al debate su predictamen sobre inmunidad. Logró que el Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular votaran a favor de archivar la reforma.

El predictamen fue archivado pese a que no incluía la propuesta del Ejecutivo para que la Corte Suprema sea la que resuelva el levantamiento de inmunidad de los congresistas. La propuesta de Bartra planteaba que siga siendo el Congreso el que defina el tema, pero con un plazo fijo de 60 días.

“De no existir pronunciamiento por parte del Congreso, se entiende que la solicitud que formule la Corte Suprema ha sido aceptada”.

La Corte Suprema tiene una Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que analiza previamente las solicitudes y luego las remite al Congreso para su aprobación. En lo que va de este período, se remitieron unos seis pedidos, pero el Congreso solo aprobó tres: Benicio Ríos, Moisés Mamani y Edwin Donayre.

En el caso de Ríos, como en el de Donayre, las demoras en el Congreso permitieron que estuviera en la clandestinidad. El ex legislador de APP estuvo prófugo 83 días hasta que la policía lo capturó.

Desde 1990, en el pleno solo se ha aprobado menos del 10% de los pedidos de levantamiento de la inmunidad. Es decir, 10 de 109 solicitudes [ver infografía].

—Revisión—
Este Diario revisó toda la legislación sobre la inmunidad parlamentaria presentada desde 1995. Suman casi 70 proyectos, de los cuales solo cinco han sido aprobados. Todas las iniciativas aprobadas están referidas a cambios del reglamento del Congreso a favor de los parlamentarios, ninguna implicó una reforma de fondo o constitucional.

En este Parlamento, la única modificación sobre la inmunidad ha sido elevar el número de miembros de la comisión encargada del tema.

José Elice, director ejecutivo de Reflexión Democrática y ex oficial mayor, afirmó que el Congreso acaba de perder la oportunidad de realizar una reforma progresiva. “Deberíamos ir transitando a darle más espacio a la Corte Suprema en este proceso. Podían, por ejemplo, establecer que la Corte Suprema se encargue del levantamiento de inmunidad de los acusados por delitos cometidos antes de ser congresistas”, refirió.

Elice indicó que el único mensaje que el Congreso está dando a la población es que se protegen entre ellos. “La mayoría de casos donde han levantado la inmunidad son de arresto, donde no tenían nada más que hacer, y aun así registraron demoras no cumpliendo los plazos estipulados en su reglamento”, dijo.

La Asociación Civil Transparencia es una de las que más ha impulsado una reforma del tema. En el 2016, presentó el Plan 32, que proponía que en los casos de delitos cometidos antes de la elección congresal la inmunidad se levante de manera automática.

Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, sostuvo que la Comisión de Constitución interpretó erróneamente la separación de poderes. “Hay una cierta inercia para mantener el status quo, para mantener una situación que hemos visto en los casos de Donayre y Ríos, en los que lo que se hace es proteger a parlamentarios que cometieron delitos antes de ser elegidos como tales”, advirtió.

Távara recordó que en varios países la Corte Suprema es la encargada del levantamiento del fuero legislativo [ver infografía]. En ese sentido, espera que exista una reconsideración del tema para volver a discutirlo y no tener que llegar a una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo ni a otro referéndum, pues acabamos de salir de uno, en referencia al de diciembre.

Esta discusión podría darse luego de la elección de la Mesa Directiva de julio. La proximidad de esta elección ha podido ser un factor clave con miras a las candidaturas. “Cada partido hace su cálculo y no sería raro que algunos tengan en mente este tema para los votos de la Mesa Directiva”, señaló Távara. Rosa Bartra, titular de Constitución, no ha descartado postular.