Vocero de APP: “Devolver derechos no es populismo, se llama hacer justicia”

— El Congreso lleva casi tres meses en funciones, en este tiempo ha dado leyes como la liberación del 25% de los fondos de las AFP, la cancelación del cobro de los peajes, y el ascenso automático en Essalud, entre otras. ¿Por qué el Congreso ha asumido un rol populista? ¿Han evaluado el impacto económico de estas medidas?

El Congreso no está siendo populista, está corrigiendo lo que en años no se atrevieron a hacer ni el Gobierno, ni los Parlamentos anteriores. Devolver derechos no es populismo, eso se llama hacer justicia. El sistema privado de pensiones, empecemos por ahí, ha sido un sistema perverso para el trabajador, lo que hemos hecho es liberar parte de los fondos, los fondos que son del trabajador, porque no olvidemos que es producto de un descuento que le hacen. En este contexto de pandemia, lo que hizo el Congreso fue flexibilizar y dar acceso al trabajador a esos fondos. Esta no es una medida populista, al contrario, estos fondos hoy están dinamizando la economía. Ahora, respecto a los peajes, esta norma es excepcional…

— La suspensión del cobro de peajes puede generar perjuicios económicos al Estado si las empresas afectan acuden a un arbitraje internacional…

¿Cuántos perjuicios económicos nos han dejado los distintos gobiernos, al momento de endeudarnos con la corrupción? El gran ejemplo es el caso Lava Jato. Hoy cuando se emite una ley excepcional, que alivie en parte ese costo adicional que les cobran a los transportistas en los peajes nos hacen un cargamontón. El Estado tiene muchos arbitrajes internacionales sin la necesidad de tener leyes controversiales.

— Si el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) falla en contra del Estado peruano por esta norma, ¿quién va a asumir ese costo, los congresistas?

¡No! ¿Quién hizo los contratos? Lo que pasa es que hoy estamos visibilizando que siempre el Estado ha hecho contratos en perjuicio del propio Estado. Siempre se han hecho contratos para favorecer intereses empresariales. Hoy cuando esa ley que aprueba el Congreso, excepcional por el tema de la pandemia, salen distintas voces a decir que va a haber un enorme perjuicio económico porque ante un eventual arbitraje internacional el Estado va a perder. Siempre ha perdido el Estado, hay que tomar la enseñanza de que con esta ley nunca más se hagan contratos lesivos a los intereses nacionales.

— ¿Cómo toma la carta de cuatro embajadores al presidente del Parlamento, en oposición a la ley que cancela el cobro de peajes?

Es una carta inoportuna e impertinente desde todo punto de vista. No solamente porque existen tratados, convenciones como la de Viena, sino que hay canales diplomáticos, y si una carta va directa a un poder del Estado, es quitarle autoridad al canciller, en este caso al Ejecutivo. Qué bien que se haya corregido eso porque este es un mal precedente. Las sociedades fuertes son respetuosas de sus instituciones y creo que ha sido una impertinencia de parte de los cuatro embajadores de firmar una carta directa al presidente del Congreso cuando existe en nuestro país un canciller.

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— La presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli, afirmó que la ley sobre ascensos automáticos generará un perjuicio de S/1.100 millones, que deberá ser asumido por los 11 millones de asegurados…

Rechazo las declaraciones de la señora Molinelli, porque esta ley no se aprobó entre gallos y medianoche, esta norma la hemos aprobado conscientes de que esta mega organización que es Essalud no brinda servicios de calidad a los asegurados. Y en segundo lugar, Essalud hace tiempo ha colapsado, no lo digo yo ni el Congreso, lo dicen lo más de 11 millones de asegurados que todos los meses aportan y no reciben una atención debida. La comodidad de su administración hoy se ve trastocada con esta ley, que es justa, porque estamos acabando con la discriminación laboral. Y no hay ningún perjuicio al Estado, porque el seguro social es de los trabajadores, no de la señora Molinelli. Lo que ella tiene que hacer es que Essalud optimice sus recursos y deje de tercerizar.

— Durante la presentación del Gabinete Zeballos en el pleno, usted dijo que "este nuevo Congreso es diferente”. ¿En qué respecto al Parlamento que fue disuelto?

Este nuevo Congreso no responde ni a los lobbies, ni a los monopolios. Si hay algo que tenemos que corregir hoy día son los fallos del Estado. Cuando se choca con los intereses entre comillas de los grupos de poder dicen que este Congreso es populista. No, lo que estamos haciendo es corregir, por eso es diferente este Congreso, no respondemos a ningún grupo empresarial ni a ningún lobby estatal. Queremos que el país y el Estado respondan a las aspiraciones ciudadanas, queremos que sea un estado de bienestar. Esta pandemia nos ha desnudado y lo que queremos hoy de este Congreso es construir un Estado eficiente, moderno, pero también un Estado justo ante tantas injusticias que se han venido dando desde leyes que aprobaron en el pasado y que nunca se han cumplido.

— ¿Cómo define la relación del Parlamento con el Ejecutivo? ¿Se ha desgastado rápidamente?

Al contrario, más allá de algunas opiniones o declaraciones, este Congreso abre sus puertas las veces que sean necesarias al Ejecutivo para trabajar por nuestro país, pero donde hay que decir que las cosas no andan bien, tenemos que decirlo. Entre nuestras funciones no solamente está legislar o representar, sino también hacer control político. El Perú va a caer 12% del PBI, creo que es una de las caídas más estrepitosas de la historia económica del país, y va a ser la más alta de toda Latinoamérica, todo indica. ¿Y cuáles van a ser los resultados de las medidas tomadas por el Ejecutivo? ¿Positivas para los pueblos altoandinos, para las comunidades indígenas, para los emprendedores, los microempresarios? ¡No! Va a seguir habiendo esa brecha social.

— ¿Cree que a medida que las elecciones de 2021 estén más cerca, es más probable que se repita un escenario de confrontación con el gobierno?

¡No! Este Congreso está trabajando por el Perú. En el 2021 vamos a entrar al Bicentenario aún con las secuelas del coronavirus y el país nos demanda unidad. No hay guerra que se gane con división. Y esta guerra contra la pandemia se tiene que ganar con unidad, sin soberbia, sin hipocresía política, con sinceridad anteponiendo los intereses del país.

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— El Frente Amplio ha presentado un proyecto para dejar sin efecto el régimen especial que creó el Parlamento para la presentación de la declaración jurada de intereses. ¿Cuál es la postura de su bancada sobre este tema?

Nosotros somos transparentes en nuestros actos y tenemos que demostrarlo en cada acción. La declaración jurada de intereses o cualquier otra declaración jurada, no solamente tienen que ser un simple documento de entrega o de cumplimiento como requisito obligatorio, tiene que ser un instrumento de socialización ciudadana.

— Pero los únicos funcionarios públicos que entregarán su declaración jurada de intereses ante la contraloría son los congresistas. ¿Por qué esa diferencia?

Por una simple razón: la contraloría es la institución de control de nuestro país. Y debemos ir más allá de eso, el acceso [de esta información] a la ciudadanía.

— ¿La estrategia del gobierno para frenar al COVID-19 ha fracasado, a su entender? ¿Por qué?

Porque el gobierno no ha escuchado las recomendaciones que le han dado distintos actores, y por no aplicar políticas diferenciadas. Por ejemplo, en Loreto solo hay bancos privados en Iquitos y Yurimaguas de los 53 distritos de la región amazónica. Entonces, repartir bonos donde no hay oferta de servicios bancarios genera aglomeraciones y más contagios. Ahí están las consecuencias, el fracaso en la lucha contra el COVID-19 es porque, desde el Ejecutivo, se perdió la perspectiva territorial. Hoy [martes], tras más de 80 días del estado de emergencia, recién van a llegar los bonos a las comunidades indígenas, ese es un ejemplo de cómo fracasa la lucha contra el coronavirus.

— Loreto, región que usted digirió como gobernador regional entre el 2014 y 2018, ha sido una de las zonas más afectadas por el coronavirus. ¿Qué hizo usted para mejorar el sistema de salud de esa localidad?

Cerré brechas sociales que eran bien marcadas hasta antes de 2015, y nos regimos a los indicadores del INEI. Loreto no tenía en el 2015 los servicios de salud que dejé en el 2018. Se construyeron, durante mi administración, dos hospitales, la región creció 7%. Dejamos el hospital de Iquitos al 60%, se debió terminar en enero de este año. Y dejamos culminado el hospital de Yurimaguas.

— El parlamentario Marco Verde, integrante de su bancada, fue grabado en una reunión social bebiendo licor e incumpliendo el aislamiento social por la emergencia del COVID-19. ¿Será suspendido de APP? ¿Lo someterán a la Comisión de Ética?

El congresista Verde ha mostrado su predisposición de responder ante cualquier tipo de investigación, una vez instalada la Comisión de Ética, él tendrá que responder por la falta cometida.

— El programa “Punto final” reveló que familiares de Manuel Merino de Lama contrataron por más de S/200.000 con el Estado entre el 2011 y 2016, cuando el acciopopulista era congresista. ¿APP respaldará que la Comisión de Ética abra investigación al presidente del Congreso?

Todos los congresistas sin excepción, desde el presidente hasta el 130, estamos llanos a cualquier investigación, el señor Merino ha dado su descargo y, a título personal, creo que hay una intencionalidad, toda vez que este es un hecho de ocho años atrás. Sin embargo, por el bien de la imagen del Congreso, él ha dado a conocer que se somete a cualquier investigación.

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La reforma política

— Durante la campaña para las elecciones de enero, la mayoría de partidos tenía como una de sus banderas la reforma política. Pero a dos semanas de que concluya la presente legislatura no hay un solo dictamen aprobado en el pleno. ¿Solo fue un discurso?

No, al contrario, nosotros vamos a defender con todo la reforma política, pero no olvides que el Congreso no solo es APP, hay nueve bancadas, y para lograr la reforma política se requiere de consensos y en esa lid estamos.

— Tras la suspensión de las elecciones primarias de cara al 2021 por el COVID-19, ¿las internas deben ser organizadas por la ONPE, bajo la modalidad de un militante, un voto, a través del sufragio electrónico?

Mira, sería lo ideal, pero nuevamente regresamos al tema de los contrastes de nuestro país. ¿Se podría aplicar el voto electrónico en las regiones amazónicas o altoandinas? No, no hay condiciones, más aún cuando no sabemos cómo va a quedar o en qué condiciones vamos a desarrollarnos, luego de que salgado de este estado de emergencia.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

No es agenda la bicameralidad hoy, lo es cómo vamos a enfrentar la pobreza en el escenario post COVID-19. Esa debe ser la agenda en los próximos meses, tenemos que sacar adelante a nuestro país. La bicameralidad tendrá que esperar al próximo Congreso. Creemos que los procesos para fortalecer la institucionalidad y democracia requieren que nuestro país recupere su senda de crecimiento, que hoy es prioridad.

— ¿Es César Acuña el candidato natural de APP a la Presidencia de la República en el 2021? ¿Su imagen no quedó desgastada en el proceso anterior?

César Acuña no solamente es el candidato natural [de APP], él debe ser, Dios mediante, el próximo presidente del Perú. Tiene todas las condiciones y el perfil para conducir a nuestro país en el proceso de reconstrucción post COVID-19.

— En el 2016, APP llevó al Congreso a Benicio Ríos y a Edwin Donayre. Los dos están en prisión ahora. Y en el 2020 han llevado al Parlamento a Humberto Acuña, quien tiene una sentencia suspendida por cohecho activo en calidad de cómplice…

Alianza para el Progreso, en su proceso de selección y democracia interna, ha hecho una evaluación rigurosa de nuestros antecedentes. Si me preguntar respecto a tener candidatos con antecedentes, mientras no tenga una sentencia firme todo peruano tiene derecho de participar no solo en política, sino en hacer su vida ciudadana.

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