Virtualidad sin control y posibles aumentos de sueldo para senadores y diputados: lo que esconden los nuevos reglamentos del Congreso

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Si bien se retiró la propuesta inicial de incrementar los sueldos de estos funcionarios a más de S/ 42 mil, los textos ahora señalan que los diputados y senadores tienen derecho “a una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley y a una compensación por tiempo de servicios conforme a dicha remuneración”.

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Aunque se trata del mismo texto que figura en el reglamento actual, especialistas consultados por El Comercio advirtieron que los nuevos predictámenes abren las puertas a posibles aumentos salariales, debido a que el tema dependerá siempre del criterio y voluntad política de cada gestión parlamentaria.

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En la sesión de este martes 9 de septiembre, el presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), anunció que los predictámenes se votarán la próxima semana de forma individual. Ello luego de un extenso debate en el que los textos se evaluaron de forma general y no se llegó a ningún acuerdo. Tampoco se abordó el tema de la remuneración.

Luego del anuncio, Alegría señaló que los integrantes del grupo de trabajo tienen plazo hasta este viernes 12 para presentar sus sugerencias y observaciones sobre las iniciativas.

Si los textos son aprobados por la comisión, se envían al pleno, la instancia final del Congreso.

Actualmente, un legislador ya recibe mensualmente cerca de S/ 30 mil. A la fecha, el sueldo de un legislador es de S/ 15.600, un monto de viáticos por semana de representación de S/ 2.800 y un monto por “asignación por representación” de S/ 11.000. Estas cifras suman S/ 29.400.

El monto por asignación ya fue aumentado el año pasado por el actual Congreso: antes era S/7.617.

Si se considera el pago anual, reciben en total 16 sueldos de S/ 15.600, asignaciones mensuales por S/ 11.000 y S/ 2.800 mensuales por viáticos de semana de representación.

Además, tienen seguro, pasajes pagados para destinos nacionales, tarjetas de consumo navideños, bonos, gastos de transporte y otros beneficios.

En ambas propuestas también se mantiene la virtualidad “en circunstancias de gravedad”, pero no se precisa cuáles son estas circunstancias. Esta falta de precisión ha derivado en un elevado ausentismo de los parlamentarios tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones.

En un anterior informe, El Comercio llevó a cabo un análisis de 217 sesiones de comisiones ordinarias realizadas en lo que va del 2025 y reveló una imagen lamentable: solo cinco congresistas asisten en promedio de manera presencial a los debates legislativos y, en al menos 20 sesiones, los presidentes de comisión sesionaron solos ante la inasistencia física de sus colegas.

En la sesión de este martes, solo Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) expresó sus reparos sobre la virtualidad.

Mira aquí la Comisión de Constitución de este 9 de septiembre:

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En diálogo con El Comercio, los abogados constitucionalistas Alejandro Rospigliosi, Erick Urbina y Bruno Fernández de Córdova señalaron que la propuesta abre las puertas para posibles aumentos salariales de los senadores y diputados.

Los especialistas cuestionaron, además, que se mantenga la figura de la virtualidad.

Para Rospigliosi, el texto no es el problema sino el criterio de las gestiones parlamentarias de turno, pues quizás existan casos en los que se aplique la austeridad y en otros el despilfarro. Todo ello, según el constitucionalista, dependerá de la voluntad política.

El especialista consideró que el artículo podría precisar que las remuneraciones deben fijarse en base al principio de austeridad. “Por ejemplo, hace varios años atrás, en la versión inicial del financiamiento de partidos políticos, decía que el financiamiento del Estado estaría sujeto a la estabilidad presupuestal”, indicó.

No obstante, subrayó que “no se trata de las normas” sino de “las personas que las aplican”. “Todo dependerá del criterio de los integrantes del Congreso en cada quinquenio”, remarcó.

Rospigliosi calificó de “burla” que se mantenga el texto del Parlamento actual sobre la virtualidad.

Sin embargo, también consideró que “dependerá del pensamiento y la decencia” de los próximos legisladores la interpretación de la frase “en circunstancias de gravedad” para conectarse virtualmente a las sesiones plenarias y de las comisiones, en lugar de asistir de forma presencial.

“Las sesiones deben ser presenciales y solo por excepción virtuales, pero en el actual quinquenio han convertido lo excepcional en la regla general”, concluyó.

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A su turno, Urbina señaló: “El Congreso tiene la potestad de fijar sus honorarios, por lo tanto, a partir de esta disposición, el Poder Legislativo podría perfectamente modificar los sueldos tanto de diputados como de senadores.”

El letrado indicó que lo ideal para que no haya incrementos exorbitantes es fijar un salario en el reglamento, que tenga correlación con los sueldos de todos los funcionarios públicos.

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Finalmente, Fernández de Córdova afirmó que, “al tratarse de un texto abierto, siempre cabe la posibilidad de que -por disposiciones internas- se termine incrementando la remuneración de los senadores y diputados”.

Bajo su análisis, sería complejo que se fije un monto fijo en un reglamento con rango de ley. “Entonces, va a ser probablemente más un tema de voluntad política, que realmente lo que pueda decir el texto del reglamento”, agregó.

En su opinión, el problema de la virtualidad no es el texto sino de cómo se aplica.

“Es circunstancia de gravedad debería ser más específica y para fechas determinadas. Entonces eso justifica que haya virtualidad uno o dos días, pero no puede extenderse y volverse regla o establecerse de forma permanente”, añadió.

En un anterior informe, El Comercio detalló que los documentos establecen que los legisladores que renuncien o sean expulsados de sus bancadas pasarán a integrar un “grupo mixto”. Desaparece así la posibilidad de adherirse al grupo parlamentario de otro partido político o formar una bancada nueva, que no responda a ningún partido, como ocurre hoy.

El grupo mixto funcionará como bancada solo para presentar proyectos de ley y participar en las comisiones. Sus miembros no podrán integrar la Mesa Directiva ni la Junta de Portavoces. Además, no tendrán oficina ni personal asignado: sin técnicos ni asesores.