En una accidentada sesión, el pleno del Congreso brindó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Alberto Otárola con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. Esto un día después de una violenta jornada en Juliaca (Puno), donde en los últimos días se registraron 18 muertos, entre ellos un agente de la Policía Nacional, quien fue quemado vivo.
En una accidentada sesión, el pleno del Congreso brindó el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Alberto Otárola con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones. Esto un día después de una violenta jornada en Juliaca (Puno), donde en los últimos días se registraron 18 muertos, entre ellos un agente de la Policía Nacional, quien fue quemado vivo.
Inicialmente, congresistas de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú, entre otras, le solicitaron a la Mesa Directiva, presidida por José Williams Zapata (Avanza País), que suspendiera la presentación de Otárola en señal de respeto al luto de los ciudadanos fallecidos en el sur del país. No obstante, este pedido no tuvo el respaldo de la mayoría y fue rechazado.
Y después del blindaje al parlamentario Freddy Díaz, investigado por violación sexual, el primer ministro, acompañado por la totalidad de su equipo, ingresó a la sesión. No obstante, el abogado no pudo pronunciar una sola palabra ante la protesta de los congresistas de izquierda.
Por ejemplo, los parlamentarios de Perú Libre y el Bloque Magisterial dejaron sus curules y desplegaron en el centro del hemiciclo una tela negra donde ubicaron las fotografías de los fallecidos en Juliaca. Y portando pancartas con la frase “Gabinete de la Muerte” le exigieron a Otárola su renuncia.
Incluso, la congresista perulibrista María Agüero le gritó “asesino” al jefe del Gabinete a una corta distancia. Esto provocó que este tuviera que abandonar la sala, fuertemente resguardado.
Luego de 45 minutos, tiempo en el que se reunió la Junta de Portavoces, se retomó la sesión. Y Otárola pudo dar inicio a un discurso de 47 páginas, donde la principal omisión fue la falta de autocrítica por el manejo que ha tenido el gobierno de Dina Boluarte en el control de las protestas, que han dejado en total 40 muertos.
“No es un momento fácil, ninguna comparecencia después de un golpe de Estado es fácil. Pero venimos fortalecidos por la firmeza de las instituciones constitucionalmente autónomas y, en especial, del Congreso de la República para defender la democracia a cualquier precio”, subrayó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Negó que haya un régimen autoritario
El primer ministro recordó que en las últimas semanas elementos violentistas promovieron la destrucción de cinco aeropuertos, “el asalto” a la planta de gas de Kepashiato (Cusco), el ataque con armas contundentes a la policía y el incendio de comisarías, y sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otros.
Otárola lamentó que en Juliaca se hayan registrado 17 ciudadanos fallecidos, tras “un nuevo intento de toma del aeropuerto y bloqueos de vías”.
No obstante, remarcó que “esta nueva asonada no debilita al Gobierno”, sino que constituye “una prueba más que sabremos superar”.
En ese sentido, respaldó “totalmente” a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Otárola negó que la administración de Boluarte Zegarra sea “un régimen autoritario” y que se oponga a la legítima protesta. Sin embargo, señaló que tienen como Estado “la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia”.
“Y lo vamos a seguir haciendo, porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y, menos, valiéndose de métodos violentistas”, sostuvo.
El titular de la PCM, además, dijo que el Gobierno apoyará “firmemente las investigaciones de los hechos trágicos” y reiteró que le darán “todo el apoyo necesario” que requiere el Ministerio Público y el Poder Judicial “para el establecimiento de responsabilidades de ley”.
Horas después, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en contra de Boluarte, Otárola y otros ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho en las últimas cinco semanas [ver nota vinculada].
Otárola cerró su discurso –que tuvo una serie de anuncios en políticas económicas, sociales, y de seguridad– señalando que si el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo hubiera tenido éxito, el anunciado gobierno de excepción hubiese sido “una tiranía extremista y totalitaria, y cruelmente vengativa”. “La democracia supo defenderse y seguirá haciéndolo con la ley en la mano y la fuerza disuasiva de su vigencia y de su razón”, acotó.
El Gabinete obtuvo el voto de confianza gracias al respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú.
La portavoz de la bancada fujimorista, Patricia Juárez, indicó que el actual equipo ministerial está formado por personajes con “trayectoria y experiencia” y que no tienen prontuario, en clara alusión a los gabinetes del gobierno de Castillo Terrones. No obstante, precisó que el apoyo de Fuerza Popular no constituye un cheque en blanco.
Desde la bancada de Perú Libre, el congresista Waldemar Cerrón señaló que la democracia no se defiende “a punta de bala”. “No se construye una democracia con el miedo”, añadió.
La politóloga Kathy Zegarra, en un Twitter Spaces con El Comercio, consideró que Otárola ha tenido “una mala lectura de la realidad”. “Es inadmisible que haya solicitado la confianza ante el Congreso, la muerte de tantas peruanas y peruanos ha tenido que significar el cambio del Gabinete desde la Presidencia. Es decir, desde Boluarte”, expresó.
Zegarra dijo que le preocupa que “no haya habido un mea culpa” y que haya habido una “gran defensa” al actuar de la PNP y de las FF.AA.
El analista político Gonzalo Banda opinó que “es vergonzoso” que el primer ministro se haya presentado ante el Parlamento “sin asumir ninguna culpa” ni “entender el momento” de crisis que atraviesa el país. “Ha sido un discurso policíaco y en defensa del statu quo. Incluso fuera de contexto”, comentó.
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Otárola remarcó, durante su discurso, que el Gobierno dispuso la separación de 1.619 autoridades políticas en las prefecturas y subprefecturas del país, todas designadas durante la administración de Pedro Castillo.
El primer ministro señaló que la policía “ya ha identificado” a decenas de personas que han inducido a las protestas. Agregó que el Ejecutivo responderá “con firmeza para contener y anular” la resaca golpista.
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