El Congreso y el Reinfo: Comisión Permanente ratifica la ampliación por un año más y consuma la quinta prórroga

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la fórmula legal que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, ratificando así la decisión adoptada por el pleno al cierre de la legislatura y que supondrá la quinta prórroga de un mecanismo que ha devenido, tal como lo advierten distintos especialistas, en un manto de impunidad para la minería ilegal. Con ello, se dio por concluido el trámite legislativo ad portas del vencimiento de la última ampliación, dejando ahora el tema a manos del Ejecutivo.

La fórmula ingresó a discusión en la Permanente —que mantiene facultades legislativas hasta febrero próximo— minutos antes del mediodía de este miércoles 17 y fue aprobado poco después, luego de un breve debate que se extendió por poco más de veinte minutos. El texto fue ratificado en segunda votación con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, estas últimas, de Perú Libre [ver gráfica].

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ASÍ FUE LA VOTACIÓN:

Aunque en el debate surgieron algunos reparos, no se introdujeron cambios al texto sustitutorio y este fue ratificado tal y como fue aprobado en primera votación el pasado 4 de diciembre. En aquella ocasión, se dio luz verde a la ampliación de la vigencia del Reinfo por un año más, pero también se llegó a dejar fuera disposiciones planteadas desde la Comisión de Energía y Minas y que desataron cuestionamientos.

Estas apuntaban a impedir al Estado a efectuar exclusiones del Reinfo durante el nuevo plazo de ampliación y, a su vez, abrir la puerta a la reincorporación de los más de 50 mil registros ya depurados. Asimismo, originalmente se planteaba en el dictamen una prórroga por dos años; es decir, hasta el 2027. Aspectos sobre los que el Ejecutivo ya había expresado discrepancias y frente a los cuales adelantó al Congreso que, de no efectuarse modificaciones, observaría la norma que se apruebe.

El texto finalmente aprobado establece que la vigencia del Reinfo se mantendrá hasta diciembre de 2026 o, en su defecto, hasta la entrada en vigor de la ley de la pequeña minería y minería Artesanal (Ley Mape) y su respectivo reglamento, “lo que ocurra primero”.

También mantiene, entre otros, la realización de un censo nacional para este sector, así como un “proceso obligatorio de sinceramiento real” de ubicación de operaciones y establece un plazo para que los gobiernos regionales transfieran el acervo documentado referido al proceso de formalización al Ministerio de Energía y Minas (Minem), bajo responsabilidad.

De llegar a ser promulgada por el Ejecutivo, se consumará la quinta prórroga del Reinfo desde su creación a fines del 2016, a través del Decreto Legislativo N°1293. Un instrumento que fue ampliado por primera vez en 2019 y luego en 2021, 2024 y en junio del 2025, respectivamente. Aunque el proceso de formalización empezó hace casi 24 años.

La fórmula legal agrupa cuatro proyectos de ley de Juntos por el Perú–VP-BM, Podemos Perú y la Bancada Socialista, que proponían ampliar la vigencia del Reinfo con plazos que iban desde el 2026 hasta el 2030 incluso.

En su sustentación, el presidente del grupo de trabajo, Víctor Cutipa (JPP-VP-BM), aseguró que la norma permitirá “garantizar la vigencia del derecho al trabajo” de quienes que dedican a esta actividad y también reducirá la conflictividad social y generará mayor estabilidad en las zonas de influencia minera.

Entrado el tema a debate, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) remarcó que no se cae en cuenta de que en realidad se está legislando para un pequeño grupo en contra de los más de 33 millones de peruanos. Ello pues —agregó— a los beneficiarios del Reinfo se les ha dado una exención de responsabilidad penal, civil y administrativa, una situación que no fue abordada ni corregida con la fórmula.

“Todos los ciudadanos somos responsables de cualquier delito que cometemos, menos los mineros inscritos en el Reinfo y eso no puede ser. Se le dio desde el inicio en el año 2012 de una manera temporal y eso ha venido prorrogándose y se ha convertido en permanente”, aseveró Echaíz. Acotó que, si se quería volver a ampliar el plazo, debería dejarse “sin efecto esas exenciones para que, como cualquier ciudadano, respondan por cualquier ilícito que cometan”.

En la misma línea, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) señaló que, si bien estaba claro que existían los votos para sacar adelante la segunda ampliación, “tiene que quedar claro que, en realidad, lo que están consolidando es una ley pro-economía ilegal”.

Reiteró que se mantiene la exención de responsabilidad penal a aquellos que aseguran que están en un proceso de formalización y tenía que haberse incorporado una disposición para que se pueda responder por cualquier contaminación o impacto ambiental. También cuestionó que se haya excluido del debate a las poblaciones indígenas. “Es bien irresponsable el texto que han aprobado”, acotó.

En tanto, la legisladora Diana Gonzales (Avanza País) remarcó que su bancada se mostró en contra de la prórroga pues “cada ampliación sin cambios de fondo solo termina dándole oxígeno a la minería ilegal y debilitando, por supuesto, a la autoridad del Estado de Derecho”. También dijo que el 2026 tiene que “marcar el cierre definitivo del proceso, sin más retrocesos y con un Estado que sí haga cumplir la ley”.

En contraparte, el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) defendió la propuesta y subrayó que la última prórroga vence el 31 de diciembre y, si es que no se llegaba a aprobar, se estaría “empujando a la informalidad” a medio millón de personas.

En símil, el legislador Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) dijo escuchar con preocupación a aquellos que se oponen a esta decisión del Congreso y cuestionó que se planteen objeciones sin propuestas. “¿Vamos a dejar a 30.000 —por no hablar del universo total que hay de pequeña minería— que el 1 de enero sean totalmente ilegales? ¿Se imagina usted el problema social que tendríamos? Esto no es una posición electoral ni política”, señaló.

El parlamentario Roberto Sánchez (JPP-VP-BM) reconoció que la ampliación del proceso de formalización minera no constituye una solución ideal, pero sostuvo que responde a la incapacidad del Estado y del propio Congreso para aprobar una nueva Ley Mape. “Pero ahora, así como está, hay necesidad de ampliar ese proceso”, aseveró.

En diálogo con El Comercio, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), condenó la que significa la quinta prórroga del Reinfo, a pesar de que —explicó— era de esperarse el resultado alcanzado en el Congreso pues se usó el tema del registro “con fines electoreros”.

“Lamentamos que se haya empleado una herramienta fallida a todas luces, hipotecando el presente y el futuro del país al poder de las economías ilegales. Ratificamos nuestro rechazo a esta decisión de ampliar el Reinfo hasta diciembre 2026, porque es un régimen que ha servido como un escudo para los mineros ilegales, dándoles impunidad y protegiéndoles de nuestro régimen legal, mientras que todos los demás tenemos la obligación y el deber de cumplirlas”, afirmó.

Dijo esperar que en la próxima legislatura exista voluntad política en la Comisión de Energía y Minas para priorizar y poner en debate una fórmula para la Ley Mape, un marco legal que —detalló— puede dar sostenibilidad a las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Mencionó que ya se han efectuado diversos aportes en ese sentido y remarcó que “es muy importante que todos los peruanos entendamos que esta ampliación del Reinfo nos impacta a todos”.

“Hacemos un llamado a los congresistas para que no sigan aprobando normas que sólo fortalecen a las redes criminales, redes que además están asociadas en muchos casos a la minería ilegal. Y esta minería ilegal y las redes que tienen su entorno se han convertido y son una seria amenaza para la seguridad nacional, no solo de las empresas mineras, no solamente de la actividad minera que es tan importante para nuestro país, sino para la seguridad de todos los peruanos”, apuntó también Torreblanca.

A opinión de César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, lo más peligroso del texto aprobado y que será enviado ahora al Ejecutivo es el punto donde se aprueba la nueva prórroga, pero a su vez se deja abierta la puerta a una nueva ampliación al vincular el plazo con la entrada en vigor de la Ley Mape.

“Los mineros no tienen ninguna intención de contar con una Ley MAPE, sino lo único que quieren es más plazo para seguir operando en la impunidad. Debería eliminarse esa condicional hasta contar con una Ley MAPE, porque con eso se está dejando la puerta abierta para que operen de manera impune hasta el infinito”, aseveró.

También lamentó que no se hayan recogido los aportes respecto a la exención de responsabilidad penal, civil o administrativa, algo que al no ser abordado por el Congreso ha sido ratificado implícitamente. “Es simplemente seguir haciéndoles el juego a los mineros ilegales y seguir facilitando la impunidad. No es posible que tengamos ciudadanos a un nivel superior al resto de todos nosotros. Claramente ya el Tribunal Constitucional ha señalado que los poderes deben eliminar cualquier tipo de exención de responsabilidad penal”, apuntó.

Por su parte, Víctor Gobitz, expresidente de la SNMPE, calificó la ampliación del Reinfo como una “crónica de una muerte anunciada” y advirtió que no se puede seguir postergando una solución de fondo al problema de la minería informal. A su juicio, el Congreso actual debería asumir la responsabilidad de impulsar, en el corto plazo, una nueva Ley Mape, en lugar de trasladar el problema al próximo Ejecutivo y Parlamento.

“En un ideal, con un Congreso serio y una clase política responsable, lo lógico sería que este tema se resuelva en los próximos seis meses y no le dejen el problema sin resolver al siguiente gobierno y al siguiente Congreso. Pueden ser palabras utópicas, pero si estuviéramos al frente de una clase política responsable, es lo que corresponde”, remarcó. Subrayó que el desafío no es complejo, sino de voluntad política para tomar decisiones.

En esa línea, dijo que el gobierno interno de José Jerí puede sentar las bases con unos lineamientos para que el Congreso empiece a abordar este tema.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que el Ejecutivo suscribirá la autógrafa que dispone la ampliación del Reinfo solamente si es que la fórmula recoge la postura del gobierno, entre ellos, el no retorno de los 50 mil ya excluidos del proceso.

“El Ejecutivo, desde un primer momento, tuvo el planteamiento que se alcanzó al Congreso, para efectos de que no se mantenga una línea cerrada, porque hay una minería artesanal e informal que sí quiere formalizarse”, afirmó.