Lo blindaron. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Lady Camones (APP), aprobó este miércoles por mayoría el informe que archiva la denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exlegislador de Fuerza Popular Héctor Becerril por el caso “Los Temerarios del Crimen”.
Se trata de la Denuncia Constitucional 187 (acumulada con las acusaciones 178, 179, 180 y 181) por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. El informe ahora deberá ser ratificado en la Comisión Permanente y luego en el pleno.
Fueron 10 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Apoyaron la propuesta Jorge Montoya y José Cueto (Renovación Popular), así como Arturo Alegría, Eduardo Castillo Rivas, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu y Martha Moyano (Fuerza Popular). También José Jerí (Somos Perú), quien como delegado del caso elaboró y sustentó el informe, Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) y Edith Julón (Alianza para el Progreso).
Se opusieron al documento los congresistas Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Segundo Montalvo (Perú Libre), Kira Alcarraz y Francis Paredes (Podemos Perú), así como Margot Palacios Huamán (Perú Libre), Jorge Coyla (Perú Bicentenario), Isaac Mita Alanoca (Perú Libre) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).
A Becerril se le imputaba haber solicitado para sí y otras personas vinculadas a él diversos beneficios económicos a David Cornejo Chinguel, exalcalde provincial de Chiclayo, para realizar gestiones ante diversas entidades del Estado para la ejecución de tres obras públicas.
Se trataba del mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular, así como la transferencia presupuestal de los fondos públicos a favor de la entidad ejecutora (Municipalidad de Chiclayo) y la instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos municipales de la localidad de Chiclayo.
Mira aquí la sesión:
Según la fiscalía, Héctor Becerril habría recibido por ello el 5% del valor total de cada una de ellas y sería el brazo político de la presunta organización criminal “Los Temerarios del Crimen” entre los años 2016, 2017 y 2018, que estuvo liderada por David Cornejo Chinguel.
Además, según el Ministerio Público, el exparlamentario sería el encargado de incluir obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en el Presupuesto General de la República y agilizar su transferencia a las arcas municipales, para que luego la organización criminal pudiese cobrar el 10% del valor total de cada una de las obras.
Sin embargo, el congresista delegado, José Jerí (Somos Perú), señaló en su informe que la fiscalía partió de una serie de elementos de convicción que sostuvieron una sospecha inicial simple, los cuales luego de la realización de las diligencias preliminares no pudieron ser corroborados.
De acuerdo con el legislador, no se han podido obtener “indicios reveladores” ni medios probatorios fehacientes que aludan la existencia de los delitos que se le imputan a Héctor Becerril que permitan concluir que hay mérito para habilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial para continuar el proceso penal respectivo.
Asimismo, indica que la fiscalía no ha podido constatar la presencia de elementos constitutivos de una organización criminal; por lo tanto, no puede afirmarse que el excongresista integre la misma.
Del mismo modo, refiere que las gestiones de coordinación entre Becerril con los exministros de Economía y de Vivienda, así como con la expresidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso “no constituyen acto ilícito alguno, sino que por el contrario, son actos que corresponden a su función de representación”.
“Por lo expuesto, se recomienda el archivamiento de la presente denuncia”, dice el documento elaborado por Jerí Oré a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso).
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