Pugnas, votos y escenarios del bloque opositor en camino a su tercer intento por sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno

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Entrando al tercer mes de la legislatura, la Mesa Directiva compuesta por el autodenominado “bloque democrático” de oposición ha enfrentado dos cambios en su composición que han resquebrajado la unidad con la que se presentaban en julio pasado. El distanciamiento de Podemos y Somos Perú del bloque pone en riesgo los planes de la oposición frente a un nuevo intento para sacar a Pedro Castillo de la presidencia de la República.

Los distanciamientos empezaron desde la salida de Wilmar Elera (Somos Perú) de la tercera vicepresidencia y la elección de Alejandro Muñante (Renovación Popular) en su reemplazo. “Somos Perú sintió como una deslealtad que el bloque no haya respetado su asiento y elegido a Hitler Saavedra. Además, se acordó que respetarían 10 cupos de trabajo de la vicepresidencia para Somos Perú y la han hecho larga para cumplir”, revela una fuente del bloque.

La siguiente disputa interna vino con el proyecto de ley de la segunda vicepresidenta Digna Calle (Podemos) que proponía el adelanto de elecciones. Desde Renovación Popular y Avanza País rechazaron la iniciativa y luego buscaron censurarla.

Tras la frustrada censura, el periodista Beto Ortiz (Willax TV) reveló el chat de whatsapp del bloque -que inluye a la Mesa Directiva, congresistas y dirigentes partidarios de oposición- donde Aron Espinoza, esposo de Digna Calle y dirigente de Podemos, se salió del grupo con el mensaje: “este bloque no me representa”. José Luna y la misma Digna Calle también se retiraron del grupo.

La semana pasada, se completaron las firmas para censurar al vicepresidente opositor Muñante. Podemos y Somos Perú evalúan votar a favor, segùn las fuentes consultadas.

Además de este escenario fraccionado, la oposición es consciente de que la denuncia constitucional contra Pedro Castillo es un camino complicado. No solo por lo procedimental -deben sortear la barrera del artículo 117 de la Constitución- sino también por los votos.

Para una acusación constitucional, la valla es de 50 votos, pero las bancadas deben descontar a sus miembros de la Comisión Permanente. Realizando el descuento, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso llegan a 36 votos. Sumando a los cinco miembros de Acción Popular (la facción de María del Carmen Alva), a Alfredo Azurín, Esdras Medina (Somos Perú), a José Elías (Podemos), a Kira Alcarraz (Integridad y Desarrollo) y a los no agrupados Edward Málaga, Heidy Juárez, Juan Burgos y Carlos Anderson llegan hasta 49.

“El escollo está en la admisibilidad de la denuncia. Incluso podrían iniciar la investigación, pero el tema está en la acusación porque el artículo 117 de la Constitución es claro. Si te das cuenta, el primer día todos salieron efusivos, pero en el segundo día bajaron el tono y varios han cambiado el discurso hacia la suspensión”, alegó una fuente del referido bloque.

El problema con la suspensión es que no está regulado su procedimiento. “Hay un proyecto de (Alejandro) Muñante en la Comisión de Constitución para regularlo. Pero es polémico, ¿cómo tipificas infracciones de funcionarios de otros poderes del Estado con un reglamento interno?”, plantea la misma fuente.

Aun cuando logren regularlo, y presenten una moción, se estima que el debate de la suspensión podría iniciarse en enero del 2023.