Declaraciones juradas de congresistas: ¿Cuáles son los riesgos del cambio aprobado?

El pleno del Congreso aprobó el último jueves una norma polémica, mediante la cual toma el control de las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios a través de su Consejo Directivo. En contra de la resolución legislativa votaron las bancadas del Partido Morado, el Frente Amplio y el Frepap.

La norma excluye al Congreso de lo regulado por el Decreto de Urgencia 020-2019, que el Ejecutivo emitió durante el interregno parlamentario. Este obligaba a los congresistas –junto al resto de altos funcionarios públicos– a presentar sus declaraciones juradas de intereses a través de una plataforma única implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Especialistas y organizaciones civiles advierten que la norma aprobada por el Congreso –cuando solo nueve parlamentarios habían cumplido con presentar su información en la plataforma de PCM– constituye un peligroso régimen de excepción. El presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos coincidieron en ello el viernes en su informe de prensa de mediodía.

“Las normativas permiten que el Congreso se autoregule”, había alegado el jueves excontralor Edgar Alarcón, hoy presidente de la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, el ex procurador anticorrupción Yván Montoya opina distinto. “Me parece una norma errada y poco transparente”, advierte. “Los obligados a hacer transparente su información pueden decidir qué información se hace transparente", critica también el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra.

“Me sumo a la indignación al haber sido testigos ayer [de que] el Congreso de la República ha eliminado para ellos la declaración jurada. De ninguna manera, si estamos luchando para hacer todos más transparente la gestión pública [...] Lo que más daño hace al correcto desempeño es la falta de transparencia. [...] Espero que recapacite el Congreso y corrija la decisión tomada ayer”, se quejó el viernes Vizcarra.

Y la secretaria de integridad pública de la PCM, Susana Silva, indicó en su cuenta de Twitter que lo aprobado le parecía “inexplicable”.

¿Pasarán por Contraloría?

El principal problema de la resolución legislativa aprobada el jueves es que no especifica que las declaraciones de los congresistas deban ser presentadas ante la Contraloría. En cambio, el texto lo establece solo para los funcionarios administrativos del Parlamento, según los especialistas. Ello pese a que Acción Popular, la bancada que impulsó el proyecto, asegura que no es así.

La norma solo dice que el Consejo Directivo del Congreso deberá “disponer el cumplimiento de la presentación de la declaraciones juradas de intereses de los congresistas de la República”, y nada más. Recién a reglón seguido, indica que se deberá establecer la relación de funcionarios “del servicio y la organización parlamentaria” que deben formular dicha declaración ante la Contraloría.

“La primera parte dispone el caso de los congresistas. Luego, de los segundos obligados [los funcionarios del Parlamento], y solo para ellos se establece la Contraloría. Pero se deja en el aire qué pasa en el primer caso. Hay un texto poco claro. Lo ideal habría sido una redacción más precisa”, dice Lanegra.

Ricardo Burga, el congresista de Acción Popular que impulsó el proyecto, argumentó a El Comercio que esa interpretación sería errada, y que la norma sí establece que las declaraciones de los congresistas deben presentarse ante Contraloría. Su bancada también ha emitido un comunicado detallando lo mismo. Sin embargo, el propio ente de control no lo entiende así.

Fuentes de la Contraloría explicaron a este Diario que la redacción de lo aprobado no dispone la presentación de las declaraciones ante este órgano.

“No habría problema con que pidieran una precisión al respecto”, respondió Burga. Sin embargo, las fuentes de Contraloría indicaron que cualquier disposición del Consejo Directivo del Congreso ya no generaría una obligación legal porque no tiene rango de ley.

“Tiene que ser la Contraloría la que reciba las declaraciones y haga una fiscalización de estas. Tendría que existir la obligación de que los congresistas se las remitan directamente”, opina Montoya.

“Si yo tuviera que elegir a quién darle la información obligatoriamente, sería la Contraloría", coincide Walter Albán, miembro del consejo directivo de Proética.

El problema de la excepcionalidad

El segundo gran problema es el de la excepcionalidad: el DU del Ejecutivo disponía una plataforma y régimen único de reporte de las declaraciones juradas de intereses. Lo que hace la norma aprobada el jueves es autoexcluir al Congreso de ese régimen y crear uno excepcional, bajo responsabilidad de su Consejo Directivo, explica Lanegra.

“No deberíamos crear regímenes particulares por institución. Las declaraciones juradas deben tener un régimen único y centralizado. Un régimen excepcional como este puede ser utilizado para flexibilizar las disposiciones sobre las declaraciones juradas. El Congreso se convierte en una especia de juez y parte sobre qué información revelan sus miembros", afirma.

El régimen excepcional, coincide Montoya, podría generar opacidad en el reporte de la información. “Dejar la fiscalización al propio Congreso [también] puede hacer que un grupo [de parlamentarios] se demore en presentar o no lo haga”, indica. Y agrega que otro punto clave es el formato de declaración. “El problema será si usan su propio formato. Eso es preocupante. Debe ser un formato único”, asegura.

“[Con la norma aprobada por el Congreso] se abre un alto riesgo de discrecionalidad para decidir quién declara, qué se declara, qué se publica o en dónde y de qué manera se accederá a la información, lo que no abona al objetivo de una herramienta de integridad destinada a proteger el bien común”, afirmó Silva, secretaria de integridad pública de la PCM, el viernes en un comunicado.

“Todos los funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia han realizado su declaración de intereses. Son cerca de 36.000. Incluso 9 parlamentarios lo han hecho. Pero ayer se ha aprobado una modificación que genera un registro excepcional y exclusivo para un sector de la administración pública [el Congreso]. Eso contraviene un principio rector de esta: que las normas son para todos”, criticó Zeballos el viernes.

Albán –en coincidencia con Montoya y Lanegra– asegura que el tema de fondo no está en que se haya quitado a la PCM la potestad de recibir las declaraciones juradas de intereses, sino el riesgo de opacidad. “Lo que me preocupa es que esta discusión entre Contraloría, PCM y Congreso termine en que se decida hacer pasar esto por información confidencial”, afirma.

Si bien Burga asegura que ese no es el espíritu de la norma, la redacción de esta faculta al Consejo Directivo del Congreso a dar las disposiciones para la presentación de la información, pero sin especificar su naturaleza.

“La suerte de competencia entre quién recibe la información es absurda. Debemos apuntar a plataformas compartidas. Lo importante es que sea información pública, compartida por todas las instituciones. La meta es la interoperabilidad”, concluye Albán.

“Claro retroceso en materia de transparencia”

En este contexto, Proética y Transparencia emitieron un comunicado cuestionando la posición del Congreso y advirtiendo que se trata de un claro retroceso en materia de transparencia.