Dina Boluarte: Expertos advierten que pedido a la CIDH es “prematuro” y “no debería proceder”

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionará este viernes teniendo como uno de sus puntos de agenda continuar con el proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, quien a través de su defensa legal ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que suspenda dicho trámite en su contra.

De acuerdo a lo previsto en el grupo, para ese día se espera proponer y elegir al congresista delegado del caso. Esto luego de que la Comisión Permanente aprobara el pasado viernes 1 de julio otorgar 15 días de plazo a la subcomisión para que presente su informe final sobre la denuncia contra Boluarte por presuntamente haber realizado gestiones para el Club Departamental Apurímac, una entidad privada, cuando ya desempeñaba un cargo público.

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Asimismo, según pudo conocer El Comercio, la subcomisión tenía previsto responder este martes al oficio remitido por Carlos Reaño, procurador público especializado supranacional, en el que se solicitó información sobre los pasos del procedimiento contra Boluarte, observaciones sobre el pedido de la vicepresidenta ante la CIDH y cualquier información adicional que se quiera transmitir a este organismo internacional.

Cabe recordar que Boluarte presentó su demanda ante la CIDH el 7 de junio; el 30 de junio, la entidad pidió a la cancillería peruana remitir información del caso; y el 1 de julio, la procuraduría traslado el requerimiento a la subcomisión.

Hasta el cierre de este informe la subcomisión aún no respondía y tampoco fue posible conversar con su presidenta Rosío Torres, quien se encontraba en la región San Martín por una sesión descentralizada de la Comisión de Descentralización, que integra.

No obstante, una de las fuentes consultadas señaló a este Diario que el tenor de la respuesta desde la presidencia de la subcomisión radica en defender su labor, el fuero parlamentario, indicar que se está dando trámite a la denuncia constitucional conforme a reglamento y señalar que no se puede restringir la facultad constitucional del Parlamento para fiscalizar, “porque si se lesiona a la subcomisión, se está lesionando al Congreso”.

“Se ha respetado tajantemente el debido de proceso, el derecho de defensa. En ningún momento se ha festinado un trámite, un adelanto de opinión, porque la Comisión Permanente recién el viernes de la semana pasada aprobó el informe de calificación, con lo cual ahora corresponde nombrar al congresista delegado que empezará las investigaciones. Y como primer punto, correrá traslado de la denuncia constitucional y la vicepresidenta podrá ejercer su derecho de defensa”, explicó.

En cuanto a la sesión del viernes, la presidencia de la subcomisión –en la sección de informes– dará cuenta a los miembros del grupo sobre pedido de Boluarte ante la CIDH, lo que podría generar pronunciamientos desde las bancadas.

El proceso en la procuraduría

En su oficio a la subcomisión, el procurador exhortó a que se le remita una respuesta a más tardar el último martes. Hasta el cierre de este informe, en la procuraduría aún se esperaba la documentación en la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Justicia.

El Comercio pudo conocer que, una vez recibida aquella, la procuraduría responderá directamente a la CIDH con copia a la cancillería. Su labor consiste solicitar información a las entidades involucradas, acoger sus respuestas –y si hay demoras se reitera el requerimiento–, consolida la información, se define una estrategia y envía el expediente a la comisión interamericana. Además, de ser el caso, se remiten informes complementarios.

“La posición de la procuraduría supranacional es la posición del Estado en su conjunto. No se defiende a una entidad específica, sino al Estado. Hay una situación entre el Ejecutivo y el Congreso particular, pero no se toma posición por uno ni por otro, sino por los intereses del Estado”, explicó una fuente de este Diario.

Perspectivas sobre el pedido

En la denuncia presentada ante la CIDH, la defensa legal de Boluarte argumenta que no fue notificada adecuadamente, que a partir de ello se vulneró el debido proceso al no poder ejercer oportunamente su defensa, que legisladores han adelantado opinión, que el Congreso tiene planificado inhabilitar a Boluarte a más tardar este viernes 8, que en el Perú no hay marco legal de agotar la vía interna y que incluso esto sería ineficaz.

El exministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, sostuvo que el proceso contra Boluarte en el Congreso está en curso, falta que ejerza su derecho de defensa y, además, tampoco es inminente que se vaya a resolver en su contra. En ese sentido, calificó de “bastante prematuro” el pedido ante la CIDH.

“No es que mañana van a votar, falta que haya un informe de la comisión, que pase a la Comisión Permanente, al pleno. Faltan una serie de instancias en donde puede ejercer su derecho a la defensa”, explicó. No obstante, dijo que ello no necesariamente hace difícil que la CIDH emita un pronunciamiento a favor de Boluarte, evaluando si el caso amerita gravedad, urgencia y un daño irreparable.

En cuanto al argumento de la defensa de Boluarte respecto a que en el Perú no hay recursos legales adecuados y efectivos que impidan el procedimiento congresal –la vicepresidenta incluso considera que no hay duda de que será destituida “con la fuerza de los votos” de la oposición–, el también exembajador ante la OEA recordó algunos antecedentes.

Por ejemplo, la decisión del Poder Judicial de acoger –a inicios del mes pasado– una medida cautelar solicitada por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo para suspender provisionalmente la elección del nuevo defensor, generando que el Parlamento inicie un nuevo proceso. Asimismo, entre el 2013 y 2014, distintos fallos judiciales anularon la investigación de la denominada megacomisión contra el fallecido expresidente Alan García a raíz de una acción de amparo presentada por este alegando la vulneración del debido proceso.

En tanto, en el 2013, el Poder Judicial falló en dos instancias a favor del desaparecido exlegislador Javier Diez Canseco y declaró nula la suspensión que le impuso un año antes el Congreso por supuestamente favorecer a una familiar con un proyecto de ley.

“El sistema jurídico peruano contempla la posibilidad de medidas cautelares internas […] Son argumentos discutibles, en el Perú existe una vía interna que tiene que ser respetada, porque así lo dice la propia convención americana [de derechos humanos]”, recordó Jiménez Mayor.

A esa posición se adhirió el abogado constitucionalista Erick Urbina, quien incluso consideró que el pedido de Boluarte “no debería proceder”, porque el Parlamento está actuando en base a su reglamento y la Constitución.

“La acusación recién se ha presentado y el proceso recién se ha iniciado. Ella puede accionar en sede judicial en el Perú, pero ahora mismo tampoco habría motivo para que se pronuncie el Poder Judicial, porque el proceso recién está empezando. Tendría que haber una vulneración al debido proceso, la legítima defensa, para que pueda proceder una acción de amparo o medida cautelar”, explicó Urbina.

Aseveró, además, que el sistema de justicia supranacional se pronuncia después de que en sede nacional se hayan agotado todos los recursos posibles, siendo un único motivo la evidencia de que en el país no haya garantías de imparcialidad y objetividad judicial.

“Lo máximo que podría hacer la CIDH es recomendar que se cumpla con el debido proceso o se agote la vía interna. En el peor de los casos, invocarle al Congreso de la República que cumpla con el debido proceso”, acotó.