El Congreso de la República publicó en la víspera la resolución legislativa, a través de la cual se dispuso levantar la prerrogativa del antejuicio al expresidente Pedro Castillo. Esta medida fue aprobada la madrugada del lunes por el pleno con 67 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones.
En el documento- que salió en una edición extraordinaria del boletín de normas legales de “El Peruano”- se resuelve declarar haber lugar a la formación de causa penal contra Castillo Terrones, por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
Al respecto, el abogado constitucionalista Erick Urbina afirmó que la decisión del Parlamento “sí cumple” con la Constitución, “porque hay un bien superior que cuestionar”, más allá del procedimiento, “que es el orden democrático” y “el sistema de gobierno en el Perú”. Agregó que este último fue vulnerado por el hoy detenido ex jefe de Estado.
“Ahora mismo hay una situación excepcional, por la cual el señor Castillo ha sido detenido, hay un inminente peligro de fuga, primero quiso dar un golpe de Estado y los funcionarios del gobierno mexicano han dicho que ha pedido asilo”, manifestó en comunicación con El Comercio.
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Urbina explicó que el derecho a la defensa del exmandatario no ha sido violado, porque este podrá ejercerla a nivel judicial en el marco de la investigación por rebelión, conspiración y otros delitos.
El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma consideró que el Congreso “no ha actuado en contra” de la Carta Magna, al aprobar el desafuero de Castillo Terrones.
“No hay ninguna norma que establezca un procedimiento en casos de un presidente detenido en flagrancia, no se ha violado la Constitución y el procedimiento que ha hecho el Poder Legislativo es compatible con la Carta Magna y la tradición parlamentaria”, remarcó.
García Toma explicó que cuando los congresistas tenían inmunidad, el reglamento del Parlamento establecía que si estos eran capturados en flagrancia, el pleno podía desaforarlos inmediatamente, a fin de ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Agregó que esto se ha hecho con Castillo Terrones.
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El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi indicó que “una situación excepcional”, como la captura de un presidente en flagrancia, “requiere de respuestas excepcionales del Estado de derecho”.
“Los artículos 99 y 100 de la Constitución están previstos para procesos largos, la diferencia ahora es que ahora es una flagrancia, este señor [Castillo] ha sido detenido momentos después de cometer un golpe de Estado. El Parlamento le ha levantado su inmunidad, nada más, lo demás va a seguir su curso”, expresó a El Comercio.
“No podemos tener una democracia boba, si no se tomaba la decisión, el expresidente sale el miércoles, se va a la embajada de México, Cuba, Bolivia o Venezuela y se burla de la democracia”, agregó.
Rospigliosi indicó que la decisión del Congreso se basa en el artículo 45 de la Constitución, que establece que el ejercicio del poder es “con limitaciones y responsabilidades”. “Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”, agrega.
“No podemos tener una democracia boba, si no se tomaba la decisión, el expresidente sale el miércoles, se va a la embajada de México”.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó con 14 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones admitir a trámite la denuncia constitucional contra los exministros Chávez, Huerta y Sánchez.
La SAC, que se declaró en sesión permanente, decidió sustraerse de la materia en el caso del expresidente Castillo, porque el pleno ya ha tomado la decisión de levantarle el fuero.
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