Presuntas firmas falsas: JNE presentó 104 denuncias contra organizaciones políticas entre el 2024 y 2025 ¿a qué partidos incluye?

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Según pudo conocer El Comercio, las demandas fueron presentadas por la procuraduría del ente electoral entre el 2024 y el 2025 contra los personeros legales de las agrupaciones y son por el presunto delito de falsificación de documentos, entre otros.

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De acuerdo con un documento obtenido por este Diario, a través de un pedido de acceso a la información, las acusaciones contra los dirigentes de los partidos políticos y movimientos regionales están en manos de diversas fiscalías.

Entre los partidos políticos con más denuncias [ver recuadro] están Perú Primero, del expresidente Martín Vizcarra; Salvemos al Perú; y Sí creo. Cada una de estas agrupaciones cuenta con cuatro denuncias.

Le siguen Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo; Ciudadanos del Perú, vinculado a Nicanor Boluarte; y Primero la gente, de la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello.

Agrupaciones denunciadas por el JNE ante el Ministerio Público:

Respuestas

En diálogo con El Comercio, Alejandro Salas, militante de Perú Primero y portavoz de Martín Vizcarra, afirmó que las primeras denuncias contra el partido han sido archivadas.

En esa línea, indicó que estas nuevas demandas correrán la misma suerte, pues los entes electorales no cuentan con peritos para determinar si las firmas son falsas o no.

“Las denuncias no prosperan porque Reniec determina muy vagamente que de un mismo puño y letra se han hecho una gran cantidad de firmas. Esto se desvirtúa con los ciudadanos que van y señalan que sí es su firma”, aseveró.

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Salas restó importancia a las acusaciones y añadió que muchas veces los ciudadanos no firman igual porque se olvidan de hacer algún trazo y eso no quiere decir que se trate de rúbricas falsificadas.

“No sé cómo concluyen que las firmas son inconsistentes. Consideramos que todas van a caer en la misma suerte del archivamiento. Es muy poco sólido y muy poco creíble”, agregó.

Por su parte, Duberlí Rodríguez, dirigente de Unidad Popular (UP), indicó que en su declaración ante la fiscalía negó que “alguien haya enviado alguna ficha con firma falsa”. “Algo que es inevitable en una campaña tan difícil, pero eso no es responsabilidad del personero. Las responsabilidades son individuales y en un debido proceso, que no es un procedimiento administrativo, deberá esclarecerse cualquier imputación”, añadió.

“El personero es el encargado de presentar las fichas de inscripción. No se encarga en forma personal o directa de sacar las firmas y fichas (tarea imposible de hacer), lo han hecho brigadas que en cada provincia las han recogido”, remarcó.

“Esas fichas han pasado por un minucioso proceso de verificación de la RENIEC por encargo del JNE con intervención de peritos y con esa validación registrada en actas se han superado las 25.300 fichas de inscripción que es uno de los requisitos para la inscripción de un partido, inscripción definitiva que ya la tenemos”, concluyó.

A su turno, Rafael Belaunde, presidente de Libertad Popular, aseveró que su partido tiene copia de todas las fichas y que es “muy fácil determinar la veracidad de la afiliación”. Subrayó que su agrupación presentó más de 64.000 afiliaciones.

Finalmente, Marco Zevallos, personero de Primero la Gente, respondió que su partido está enfocado en consolidar alianzas electorales y evitó comentar sobre las denuncias por presuntas firmas falsas que afronta.

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El secretario general del PPC, Javier Bedoya Denegri, dijo que la denuncia interpuesta por el JNE en contra de su partido se debe a 1.070 firmas presuntamente falsas de un total de 40.000 presentadas. Agregó que las rúbricas cuestionadas no fueron contabilizadas en el proceso de reinscripción de su agrupación.

“Estas firmas no fueron contabilizadas, se quedaron fuera, en la mesa de partes”, manifestó.

En breve diálogo con este Diario, el exministro González dijo que Salvemos al Perú ha sido notificado de las cuatro denuncias interpuestas por el JNE y “estamos haciendo los descargos correspondientes”.

Este Diario intentó comunicarse con el periodista Carlos Espá, de Sí creo, pero no respondió a nuestros mensajes.

Como se recuerda, en mayo de este año, luego del escándalo de firmas falsas y afiliaciones indebidas, el JNE presentó ante el Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), con la finalidad de reforzar la fiscalización y sancionar a las agrupaciones que recurran al uso de firmas falsas.

La iniciativa busca modificar los artículos 8, 11-A, y 18-B en la LOP correspondientes al funcionamiento de los comités partidarios, la suspensión de la inscripción y la afiliación indebida, respectivamente.

El tribunal electoral planteó la incorporación del artículo 11-B en la LOP para suspender el proceso de inscripción de una organización política que aún no está registrada “cuando de la verificación de firmas y de la impresión dactilar, cuando corresponda, efectuado por el Reniec, se advierten registros no válidos que provengan de mismos puños gráficos”.

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El proyecto de ley también propone sumar el artículo 395 a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) para que los partidos sean responsables penalmente “por los delitos señalados en los artículos 427 Y 428 del Código” (falsificación de documentos y falsedad ideológica) “cuando estos hayan sido cometidos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto, por su personero legal, fundador y/o directivo que integra el máximo órgano ejecutivo”.

Y, plantea que se pueda aplicar el artículo 105 del Código Penal, es decir que un juez pueda disponer la cancelación de la persona jurídica, tras un proceso.

Entre las disposiciones complementarias, el JNE sugiere que “excepcionalmente” esta ley se aplique para las elecciones del 2026.

Este proyecto está desde mayo en manos de la Comisión de Constitución, que preside Fuerza Popular; sin embargo, desde esa fecha no registra avances.

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El exdirector del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón, estimó que las denuncias no van a prosperar, pues en su experiencia este tipo de casos siempre caen en saco roto y terminan siendo archivados.

Explicó que, durante los procesos de inscripción, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hace la verificación de firmas y, en todos los casos, las agrupaciones han logrado su afiliación con rúbricas que se declararon buenas y las declaradas no válidas no eran consideradas para el procedimiento de inscripción. De este grupo, indicó, que hubo algunas sospechosas de proceder de un puño gráfico y en esos casos las enviaron al procurador para que presente las denuncias correspondientes.

“No he conocido ningún caso positivo hasta el momento. Por lo general, todas las denuncias se archivan porque los personeros legales responden que ellos no son los responsables sino que solo acopian las fichas”, acotó.

Para Rodríguez Patrón, estas denuncias deben ser tomadas con cautela, pues han sido presentadas recién este año y no se conoce el avance de las mismas.

Finalmente, subrayó que estas denuncias no deben ser confundidas con el procedimiento de oficio que ha iniciado el JNE sobre la reverificación de firmas con peritos contratados. “Lo que se está verificando son las firmas que Reniec dio como buenas y cuando tengan el resultado verán”, puntualizó.

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A su turno, el especialista en derecho electoral José Tello señaló que entre los delitos que generalmente presenta la procuraduría del JNE están falsedad ideológica, presentación de documentos falsos en trámites administrativos, entre otros. “Eso ya lo califica la procuraduría del JNE y finalmente el Ministerio Público, si quiere formalizar la denuncia contra la persona responsable”, indicó.

Añadió que en el documento enviado por el ente electoral a El Comercio figuran los nombres de las personas que, para la procuraduría, habrían sido responsables de los presuntos delitos.

Tello aseveró que estas denuncias no “interfieren” en la organización política y, por lo tanto, no habría responsabilidad penal ni consecuencia contra los partidos y movimientos regionales implicados. “Ello, en tanto no estén sujetos a un control posterior como el que viene ejecutando el JNE con miras a declarar la posible nulidad de partidos políticos que tienen menos de dos años de antigüedad”, precisó.

“La responsabilidad recae en el personero o la persona encargada de la información documentaria, ellos son responsables”, puntualizó.

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De otro lado, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi opinó que, si se determina que los partidos políticos “robaron la identidad” de algún ciudadano, deberían ser sancionados con la nulidad de su inscripción por el propio JNE.

El JNE indicó que las denuncias que ha interpuesto son a consecuencia de registros no válidos identificados por el Reniec.

La entidad electoral detalló que las denuncias han sido en contra de las personas que resulten responsables por el presunto delito de falsificación de documentos.

También precisaron que las fichas de afiliación con esta observación (de registro no válido) no fueron tomadas en cuenta en el proceso de inscripción de partidos.