Luego de idas y vueltas, el pleno del Congreso no tomó ningún acuerdo final, el último jueves, sobre el dictamen que plantea crear el delito de terrorismo urbano.
El presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Isaac Mita (Perú Libre), presentó la propuesta anoche, pero ante una serie de cuestionamientos, pidió que pase a cuarto intermedio (receso) para evaluar modificaciones.
El dictamen propone que se configure el delito de terrorismo urbano cuando dos o más delitos de una lista de más de 40 concurran en un mismo acto, provocando zozobra en la población o en un sector de ella. En la lista figuran, entre otros, homicidio calificado, sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas, lesiones graves y participación en pandillaje pernicioso.
Según la propuesta, la pena por terrorismo urbano sería de entre 20 y 30 años de cárcel.
Objeciones
En un primer momento, Mita propuso cambiar la denominación de terrorismo urbano por el de criminalidad sistemática. Ello a raíz de críticas que surgieron en una mesa técnica celebrada con representantes del Colegio de Abogados de Lima y diversos juristas el último miércoles en el Congreso.
No obstante, mediante una cuestión de orden presentada por el congresista Héctor Valer (Somos Perú), la mayoría parlamentaria rechazó variar la denominación, por lo que Mita tuvo que retomar al dictamen inicial.
La cuestión de orden recibió 79 votos a favor y 15 en contra. No hubo abstenciones.
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La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) cuestionó que un grupo de técnicos haya modificado un dictamen que primero debió ser debatido por el pleno. En tanto, Juan Burgos (Podemos) añadió que no debían temer la creación del delito de terrorismo urbano.
Ya durante el debate del dictamen inicial, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) señaló que la creación de ese delito solo generará confusión. Aseguró que no será eficaz ni aportará en la lucha contra la delincuencia.
“El incremento de las penas no disuade el delito en el Perú ni en ninguna parte del mundo. No ha disminuido el robo de celulares a pesar de que se condena con [hasta] 30 años de cárcel [a los delincuentes que persisten en este]”, añadió.
La congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) dijo que la propuesta “es humo, [ya que] repite asuntos que ya están regulados y no cambia absolutamente nada”.
“Este Congreso debe regresar a la discusión de la ley sobre crimen organizado”, dijo en referencia a una norma que la mayoría parlamentaria se niega a derogar. Esto a pesar de haber beneficiado a sindicados de tráficos de inmigrantes y de generar retrasos en operativos.
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Alejandro Muñante (Renovación Popular) defendió la creación del delito de terrorismo urbano porque sería “una alternativa más, una herramienta más para combatir la criminalidad”. Aunque luego añadió: “Esta ley no es la panacea, no va a solucionar absolutamente nada, pero sirve como herramienta [...]”.
Además…
Durante el debate parlamentario, el congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) aseguró ser víctima de extorsión. En tanto, Vivian Olivos (Fuerza Popular) señaló que lo fue en el pasado.
El Ejecutivo se suma a la propuesta
Tal como lo adelantó en los últimos días, el gobierno de Dina Boluarte también se subió a la ola de propuestas para crear el delito de terrorismo urbano. Esto con la presentación, el último jueves, de un proyecto de ley similar al dictamen de la Comisión de Justicia.
El proyecto del Ejecutivo ingresó al Congreso de la República el jueves por la mañana con las firmas de Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén, en un escenario de intraquilidad social por la ausencia de planes eficacez para frenar el incremento de las extorsiones y otros crímenes.
No obstante, no fue incluido en el debate parlamentario. El presidente de la Comisión de Justicia precisó que no se puede incorporar un proyecto presentado con posterioridad a la fecha en la que se aprobó el dictamen.
En la víspera, el primer ministro Gustavo Adrianzén señaló, para asombro de propios y extraños, que el proyecto de ley que alistaban “no tiene ningún sentido” por sí mismo.
“La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale per se por su carácter persuasivo. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, dijo en conferencia de prensa el último miércoles.
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A la propuesta de crear el delito de terrorismo urbano, el Ejecutivo le sumó otra iniciativa: incrementar en cinco años más las penas que ya se imponen por los delitos de sicariato, extorsión y otros.
En opinión del abogado penalista Vladimir Padilla, se trata de una propuesta ineficaz: “La primera pregunta es: ¿En qué ayuda? Es solo un juego de números. Y en la exposición de motivos [del proyecto de ley] no dicen porqué corresponde aplicar una pena mayor. Creo que solo quieren lanzar un mensaje político, decir que han aumentado las penas, pero es totalmente simbólico. [...] Quien delinque sabe que cinco años no mueve la aguja″, dijo.
En tanto, el penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, señaló que se trata de un ejemplo claro de “populismo penal”, pues está demostrado que elevar penas no sirve para disminuir la criminalidad.
“No es otra cosa que plantear normas que tienen impacto mediático, pero que en realidad tienen cero efectividad respecto del problema que buscan solucionar. Esto es el pan de cada día del Congreso de la República. Lamentablemente este gobierno ha venido a utilizarlo luego de muchos años de contención técnica desde el Ministerio de Justicia. Hay evidencia abrumadora sobre el no impacto de la elevación de penas en la disminución de la criminalidad”, dijo.
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El proyecto del Ejecutivo también plantea, mediante una disposición complementaria, que policías y militares denunciados por actos realizados durante los estados de emergencia sean investigados en el fuero militar - policial.
En opinión de Padilla, con ello se busca la impunidad. “Me parece grave y totalmente inconstitucional. El fuero militar policial solo es competente para delitos de función. [...] ¿Un homicidio o lesiones graves lo conviertes en un delito de función porque hay una resolución que dice que hay estado de emergencia? [...] Los delitos comunes son competencia del fuero civil. Si te disparan o te golpean es un delito común. Creo que, lamentablemente, lo que quieren en realidad es buscar impunidad en las actuaciones que puedan tener la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo.
Ineficaz
Padilla señaló que crear el delito de terrorismo urbano no tiene sentido.
“Si hablas de terrorismo urbano deberías reconocer que hay terrorismo rural, y eso no es verdad. [...] Además, el decreto de ley contra el terrorismo ya está tipificado. Es una norma especial. Está fuera del Código Penal. ¿Para qué quieres tipificar si ya está? [...] Ya tenemos toda una batería de normas contra el terrorismo. No hay nada novedoso. Le están quitando la etiqueta a una Coca - Cola para ponerle otra. Y van a generar conflicto. ¿Qué ley se aplicará?”, dijo.
En tanto, Andía explicó que el terrorismo urbano existe en la legislación comparada, pero está pensada en actos provocados por ‘lobos solitarios’, no por quienes actúan dentro de una organización criminal.
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El especialista añadió: “¿Esto va a resolver la situación [de inseguridad]? [...] Es una norma que no tendrá ningún tipo de eficiencia ni eficacia para el problema real, que es de operatividad. Tenemos policías que salen de la escuela sin la debida preparación, que no saben investigar ni patrullar. Las comisarías son focos de corrupción, no hay un sistema de investigación sistemática, no tenemos la cantidad necesaria de policías, estos no tienen el armamento suficiente, no saben disparar, no llevan cursos constantes sobre intervención, rotan constantemente [...]; es decir, aquí el problema es netamente del Ministerio del Interior.
Para el penalista Andy Carrión, los congresistas creen equivocadamente que las normas por sí mismas van a solucionar el problema de la criminalidad. “En tanto no exista una real política criminal por parte del Poder Ejecutivo, entre ellos el Ministerio del Interior y otras instituciones del sistema de persecución pública, será absolutamente ineficaz. Puden incluso elevar las penas a cadena perpetua, pero en rigor el resultado siempre será el mismo”.
