La presidenta Dina Boluarte decidió recorrer las cinco calles que separan Palacio de Gobierno del Congreso a bordo de su auto y bajo fuertes medidas de seguridad. ¿La razón? A solo unas cuadras, en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, la Policía Nacional contenía una nueva marcha que exige ir a un adelanto de elecciones generales.
Boluarte dio inició a las 11:11 a.m. de un extenso discurso. Aquí los hitos de los anuncios políticos:
1. Pedro Castillo y el balance sobre cómo recibió el país
El primer punto del discurso, de 72 páginas, de la presidenta Boluarte se centró en un balance sobre cómo recibió el gobierno, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, quien cumple hoy prisión preventiva por perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre último. Ante el pleno del Congreso, la abogada afirmó que heredó un país “en grave crisis material, moral y política”.
Boluarte afirmó que durante la administración pasada, de la que ella fue parte como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, “fue el marco propicio para el vertiginoso aumento de la criminal organizada” en el Perú. Agregó que la actuación de las “grandes bandas transnacionales” ha escalado a “niveles insoportables”.
“Nadie está ahora a salvo de la delincuencia. La inseguridad ciudadana es el problema número uno y tenemos que afrontarlo con energía y determinación”, remarcó.
La presidenta también responsabilizó al gobierno de Castillo Terrones por el declive económico.
En ese sentido, dijo que la postura del régimen castillista en contra de la inversión privada “generó rápidamente la caída en picada de esta importante herramienta de desarrollo y una gran desconfianza de los inversionistas que decidieron poner en suspenso el inicio de nuevos proyectos y la mayor parte de sus planes de expansión”.
Puso, como ejemplo, que la producción registró una caída del 13% al 2,7%; que la pobreza monetaria aumentó del 26% en 2021 al 27,5% en el 2022.
La presidenta Boluarte hizo referencia a la infiltración en el Estado de personas allegadas a Castillo y a partidos políticos cercanos a este, como Perú Libre, que no cumplía con los requisitos para altos cargos.
“Recibimos también un gobierno sumido en un creciente caos administrativo, con funcionarios no idóneos contratados en base a clientelas políticas y partidarias, con promesas incumplidas, que dieron lugar al nombramiento de cinco presidentes del Consejo de Ministros y un récord histórico de 79 ministros de Estado, así como la acumulación de acusaciones por presuntos actos de corrupción dentro de ese régimen”
La jefa de Estado también mencionó que su antecesor estuvo involucrados en “caso de gran corrupción” dentro de una organización criminal, de la cual sería cabecilla.
“Los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que, incluso, desde antes de acceder al poder, habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno familiar más cercano, parte de su consejo de ministros, otras autoridades y un conjunto de malos empresarios y empresarias ávidas de conseguir, de manera espuria e ilegal, contratos de obras con el Estado”
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2. Pidió perdón a deudos de muertos en protestas
Boluarte, en el segundo eje de su mensaje a la Nación, abordó las protestas en contra de su gobierno y el Congreso, que tenía como principal exigencia ir a nuevas elecciones generales. La presidenta afirmó que tras el golpe de Estado de Castillo Terrones, el país atravesó “una grave convulsión social”, cuyo objetivo “fue derrocar” a su administración y “reemplazar a nuestra democracia por una dictadura”.
Ante el hemiciclo, la jefa de Estado reconoció que las manifestaciones, cuya etapa más dura se desarrolló entre diciembre y febrero último, tuvieron un “daño inmenso”.
La mandataria, tomando los registros de la Defensoría del Pueblo, dijo que en las protestas fallecieron 61 civiles, 49 de estos en “enfrentamientos directos con las fuerzas del orden” y los otros 11 por bloqueos de vías. También recordó los decesos de un policía y seis militares.
La presidenta pidió “perdón” en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos.
“Declaro nuevamente - y con mucho dolor - que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares”
A mediados de enero, Boluarte Zegarra ya había solicitado perdón. En ese momento, los muertos eran 40.
La abogada reiteró que mantiene su “compromiso”, junto a funcionarios y autoridades [de su gobierno], de “allanarme totalmente” y cooperar con el trabajo que realiza el Ministerio Público.
“No habrá impunidad para nadie en este caso”, subrayó.
Boluarte, además, dijo que su administración “cumplirá las recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo internacional, a través de un informe, concluyó que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el Ejecutivo y el Parlamento.
“Tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad”, refirió.
La presidenta expresó que para su gobierno “no hubo vencedores ni vencidos” el 19 de julio, cuando se realizó la última gran protesta en su contra.
“La democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo. Por ello, anuncio que relanzaremos el Acuerdo Nacional, incorporando a todos los sectores sociales, a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas, sobre la agenda social y las reformas políticas que están pendientes en nuestro país”
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3. “No le temamos al debate” de la bicameralidad
Respecto a la reforma política, la presidenta Boluarte, de manera tímida, sugirió al Congreso insistir con el retorno de la bicameralidad, al advertir que el modelo actual “ha generado severas fracturas institucionales”.
“En cuanto a la bicameralidad, no le temamos al debate. La elección individual de los diputados debe ir de la mano con el relanzamiento de un Senado elegido en distrito nacional único, donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora. La idea es tener pues, una Cámara de Diputados de mayorías y un Senado proporcional”, subrayó.
Ante el Parlamento, la jefa de Estado dijo que la comisión de expertos constitucionalistas que ella convocó- entre los que están los expresidentes del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, Víctor García Toma, Óscar Urviola y Ernesto Álvarez- le ha recomendado que “quizá sea el momento” de debatir si el modelo de representación que data de 1962 “ha sido el más adecuado para la consolidación del sistema de partidos y el ejercicio de la representación política”.
“Quizá haya llegado el momento de debatir la elección de los congresistas a través de distritos uninominales, que requerirán asignar las curules con un criterio de mayorías. Al menos la primera vez, los asientos podrían asignarse a mayorías absolutas, realizándose una segunda vuelta allí donde ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos”, propuso.
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De otro lado, Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 77 del Reglamento del Congreso, “a fin de garantizar el estudio y dictamen en el procedimiento de trámite de las autógrafas de ley que sean observadas por el Poder Ejecutivo”. “El espíritu de esta norma es contribuir a mejorar la calidad de nuestras leyes”, complementó.
La mandataria expresó su preocupación debido a que varias leyes promulgadas por el Congreso “afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto”.
4. Solicita facultades para legislar en seguridad
Tal y como lo adelantó El Comercio, la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto ante el Congreso, a través del cual pide que ese poder del Estada le delegue al Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana por un plazo de 120 días, con el objetivo de aprobar medidas para enfrentar “con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad”.
“Nuestro propósito es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia; seis normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica [fenómeno de El Niño global]; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y uno sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones”, detalló.
La jefa de Estado precisó que una de las normas que desean aprobar está orientada a “reforzar” la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos.
Además, indicó que para frenar la acción delictiva “cometida por extranjeros” en el Perú, su gobierno planteará incorporar en el Código Penal como pena “la figura de la expulsión en caso de flagrancia”. “De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación”, dijo.
Boluarte señaló que el Ejecutivo ha contemplado modificar el artículo 30 del Código Penal “que permitirá aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional”.
En un extenso discurso, la presidenta aseguró que “los delincuentes y criminales tienen que estar en el lugar que le corresponder”. “No queremos ver más ‘malditos Cris’ en las calles, robando, secuestrando a pequeños empresarios, asesinando sin piedad, actuando con total impunidad”, mencionó en referencia al sicario Christopher Fuentes González.
Fuentes González fue abatido por la Policía Nacional en San Martín de Porres. El criminal extranjero se encontraba prófugo de la justicia, tras asesinar al sereno de Surco Luis Manrique, de 56 años.
Boluarte exhortó a las autoridades del país a “cerrar filas” y estar “comprometidos” en la lucha contra la delincuencia.
“Esperamos, en ese sentido, una actuación también oportuna y clara de nuestros jueces y fiscales”, remarcó.
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5. Serenidad ante observación a ley de colaboración
En el tramo final de su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte le solicitó al Congreso ponderar con serenidad los argumentos bajo los cuales el Ejecutivo observó la norma que limita la colaboración eficaz. Agregó que espera que el Parlamento realice “las correcciones adecuadas” para mejorar este mecanismo legal.
“Todos debemos convenir en que esta ley ha dado buenos frutos en los combates del Estado contra el terrorismo y el narcotráfico y también contra la corrupción. Hemos expresado nuestros reparos sobre la reducción inconveniente de los plazos del procedimiento, a fin de que no pierda su eficacia”, expresó.
No obstante, la observación hecha por el gobierno a la referida ley solo atendió uno de los cuestionamientos hechos desde el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado (PGE) y distintos actores ligados al aparato judicial: el referido al tiempo de 16 meses para cerrar un acuerdo de colaboración eficaz.
La norma ha sido cuestionada, además, por la obligación de grabar en audio y video los testimonios, la obligación de que se celebre un acuerdo preliminar con el colaborador en el que se fijen los beneficios que iba a recibir, y por no diferenciar entre las colaboraciones de personas y de empresas, entre otras críticas.
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Boluarte, en otro momento, dijo que su gobierno colaborará “ampliamente” en las investigaciones que realice el Ministerio Público sobre “los graves caso de corrupción” que han sido descubiertos en los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones, durante la administración de Castillo, en referencia al copamiento de la empresaria Sada Goray.
Para cerrar su discurso, de más tres horas, Boluarte Zegarra hizo un llamado a la “reconciliación nacional entre todos los peruanos”.
“Ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que esta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos regidos por antagonismos innecesarios e irreconciliables”, subrayó.
Los incidentes en el Congreso
Boluarte, a su ingreso al hemiciclo, solamente dirigió su mirada y saludos a las bancadas de la derecha, quienes en un año pasaron de ser sus adversarios a sus aliados.
Precisamente, los congresistas de Perú Libre, que ahora tiene a Waldemar Cerrón como su representante en la Mesa Directiva, mostraron pancartas en rechazo a la jefa de Estado. “Alto a la represión”, decía una de ellas.
Otros parlamentarios de izquierda, como Jaime Quito y Álex Flores optaron por darle la espalda a Boluarte Zegarra durante la lectura de su todo su mensaje.
Y los legisladores Roberto Sánchez y Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-JPP) y Silvana Robles (no agrupada) dejaron el hemiciclo.
Robles, exministra de Cultura en el tramo final del gobierno de Pedro Castillo, dijo que se retiró del hemiciclo, “porque una presidenta que ordena asesinar peruanos no merece ninguna consideración”. “Ninguna disculpa será valedera, mientras se continúe terruqueando y persiguiendo al pueblo movilizado”, tuiteó.
El punto de vista
Al respecto, el politólogo Mauricio Zavaleta dijo a El Comercio que el discurso de Boluarte “borda con la hipocresía”, al recordar que ella tuvo una “participación directa” en el anterior gobierno. Agregó que le llama la atención que haya referido de “manera inequívoca” que las protestas tenían como fin establecer un régimen autoritario, cuando en realidad la demanda de mayor consenso es ir a elecciones anticipadas.
Zavaleta dijo espera que el pedido de perdón de la presidenta no quede solo en palabras, sino que el Ejecutivo impulse que se conozcan los planes operativos que ejecutaron en Ayacucho y Puno las Fuerzas Armados y la Policía, respectivamente. “Necesitamos saber quiénes eran las personas que estaban al mando en el campo, porque eso va a llevar a establecer responsabilidades”, acotó.
La antropóloga Norma Correa, en diálogo con este Diario, refirió que el discurso fue “largo y con ausencias”. Por ejemplo, la presidenta no hizo mención a las denuncias de corrupción en EsSalud ni a las acusaciones de plagio en su contra.
También cuestionó que la jefa de Estado no haya hizo clara respecto a cómo se evitará repetir las situaciones violentas que dejaron 49 muertos en enfrentamientos en las protestas de inicio de año. “Esto no se puede volver a repetir, qué garantías tenemos de esto. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales el gobierno va a garantizar el acceso a la justicia a los [deudos de las] víctimas?”, concluyó.
El analista Gonzalo Banda criticó que Boluarte no haya ensayado “ninguna respuesta política” respecto a la estrategia que seguirá el gobierno para darle estabilidad al país.
“Hace solo siete meses la presidenta presentó un proyecto de adelanto de elecciones, entendió que su mandato era muy frágil, ha habido protestas sociales, muertes, el país está sacudido por la crisis económica y política. Frente a ello, no ha habido estrategia que le permita decir [a Boluarte] que el adelanto ya no está en agenda y que este gobierno se va a mantener hasta el 2026 y que ‘estás son nuestras líneas de gobierno’”, sostuvo a El Comercio.
Banda, además, dijo que la jefa de Estado no ha optado por una renovación de su Gabinete, a pesar de que su primer ministro Otárola no tiene pasivos.
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