José Jerí y una nueva prórroga del Reinfo: ¿Qué está en riesgo con el dictamen del Congreso?

El presidente José Jerí rechazó la posibilidad de extender por dos años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Su postura, sin embargo, deja entrever que el Ejecutivo sí respalda una ampliación, aunque por un periodo más breve, a pesar de que gremios empresariales y especialistas han advertido que la prórroga abrirá la puerta a actividades ilegales y agravará los impactos ambientales y sociales que ya arrastra el sector.

Jerí señaló: “El punto principal, y creo que hay consenso entre varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar dos años. Eso descartado. [...] Menos de dos años va a ser, de todas maneras”.

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El mandatario también se refirió a una de las propuestas más polémicas que viene discutiéndose en el Congreso: la eventual reincorporación de más de 50 mil registros que fueron excluidos del Reinfo en los últimos meses, tras una depuración realizada por el gobierno anterior.

“Los que ya han sido retirados, que es un avance del gobierno anterior, ya no deberían volver. Y si fuese el caso, debería ser en casos muy precisos, muy puntuales”, aseguró en diálogo con RPP.

El Reinfo acumula una serie de ampliaciones consecutivas desde su creación en 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En junio de este año, la gestión de Dina Boluarte volvió a extender su plazo hasta diciembre próximo.

En noviembre, Jerí adelantó que el Ejecutivo enviaría al Congreso una propuesta formal. “Vamos a hacer un planteamiento. Vamos a mandar documentariamente nuestra posición”, señaló en entrevista con el programa “El valor de la verdad”.

Avanza en el Congreso

Mientras el Ejecutivo marca su posición, en el Congreso la bancada de Juntos por el Perú, encabezada por el congresista Roberto Sánchez, solicitó que el dictamen que propone una ampliación de dos años del Reinfo sea puesto a debate y votación en el pleno esta misma semana, cuando la legislatura entra a sus últimos días.

En diálogo con El Comercio, Sánchez aseguró que el tema será discutido este jueves, aunque otras fuentes parlamentarias indicaron que la fecha prevista sería el viernes. Pese a la discrepancia, hay consenso en que el debate se realizará antes del cierre de la legislatura.

Sánchez también criticó la posición de Jerí. “No se trata de tener posturas personalistas. Su periodo concluirá en julio, por lo tanto, la legitimidad de solucionar un problema de fondo será del próximo gobierno. De tal manera que limitarlo a un año es insensato e injusto para el pueblo minero”, afirmó el legislador, convertido en uno de los principales defensores de la ampliación.

La bancada de Podemos Perú, encabezada por José Luna Gálvez, también solicitó la semana pasada que la ampliación del Reinfo sea incorporada como prioridad en la agenda del pleno de esta semana.

Mientras tanto, grupos de mineros informales e ilegales realizaron el lunes nuevas protestas en la avenida Abancay, a pocos metros del Congreso, para presionar a favor de la prórroga.

La propuesta que debatirá el pleno

El dictamen que plantea la prórroga de dos años cuenta con la firma de 16 congresistas de diversas bancadas: Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú -Voces del Pueblo -Bloque Magisterial y la Bancada Socialista. El documento fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas.

La iniciativa plantea que la vigencia del Reinfo se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027 o, alternativamente, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Mape —destinada a regular la pequeña minería y la minería artesanal— y su reglamento. “Lo que ocurra primero”, señala el documento.

Sin embargo, el alcance del dictamen no se limita a ampliar plazos. Uno de sus puntos más controversiales es la propuesta de suspender todos los procedimientos de exclusión del registro que están actualmente en trámite e impedir que se abran nuevos procesos, al menos hasta que la Ley Mape sea aprobada o hasta que culminen los trámites de formalización.

En la práctica, eso significaría paralizar una de las pocas herramientas con las que cuenta el Estado para depurar el padrón y evitar que este sea utilizado como un salvoconducto para actividades ilegales, tal como han alertado diversos especialistas consultados por este Diario.

La iniciativa contempla algunas excepciones. No podrán beneficiarse de esta suspensión quienes tengan una sentencia condenatoria firme por delitos vinculados a la minería ilegal, lavado de activos o trata de personas, ni aquellos que desarrollen actividades en zonas expresamente prohibidas.

Advierte peligros

El especialista en temas mineros Iván Arenas advirtió que el dictamen favorece a la minería ilegal.

“Hay un riesgo evidente: que la minería ilegal que utiliza el Reinfo siga vigente. El dictamen que se va a discutir habla de dos años de ampliación y la restitución de los 50 mil. Eso sería dañino para el país pues es un beneficio directo para los mineros ilegales”, dijo en diálogo con El Comercio.

En opinión de Arenas, el registro “técnicamente podría ampliarse seis meses, no dos años, porque de los 31,000 Reinfos, cerca de 24,000 han registrado partida de existencia; es decir, sí existen y han mostrado voluntad de formalizarse”.

Añadió que el Ministerio de Energía y Minas debe presentar una propuesta concreta para destrabar la formalización. Sostuvo que se deben sincerar las cifras, definir si continuará la burocracia en la revisión de los instrumentos de gestión ambiental y contratar más especialistas para evaluar los miles de expedientes pendientes.

El pasado 17 de noviembre, 56 gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la SNMPE advirtieron que ampliar el Reinfo “fomenta la ilegalidad y pone en riesgo la industria y las exportaciones peruanas”.

Mediante un comunicado conjunto, alertaron que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) podría aplicar restricciones comerciales a productos clave de la canasta exportadora del país debido a que el Perú estaría incumpliendo compromisos asumidos en la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.

Además, remarcaron que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país.