El Ministerio de Trabajo se pronunció sobre el proceso penal del que forma parte su titular, Óscar Fernández, y que consignó en su declaración jurada que presentó luego de jurar como parte del gabinete Ernesto Álvarez. Según detalló allí, se trata de un caso por presunta colusión, el cual se encuentra en trámite.
En un pronunciamiento remitido mediante personal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en respuesta a una consulta de El Comercio sobre qué se le imputa en ese caso y cuáles son sus descargos, la entidad se refirió a una licitación que se desarrolló durante su etapa como jefe del Instituto Peruano del Deportes (2016-2018)
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Según indicaron, se trató de licitación pública N° 009-2017-IPD/UL para la adquisición de bicicletas de alta competencia y accesorios. El proceso estuvo a cargo de una comité de selección, a partir del cual se firmó un contrato por S/ 2.5 millones con Consorcio Deportivo.
Ministro Oscar Fernández consignó proceso judicial en su declaración jurada
“La Presidencia del IPD, de acuerdo a las normas que rigen las contrataciones públicas, no intervino en el proceso de contratación señalado, ni en la selección del proveedor ni en la suscripción contractual”, indicaron.
Agregaron que en marzo del 2018, como presidente del IPD, Fernández declaró nulo el contrato luego de que un informe de control determinó que la buena pro se otorgó “sin el cumplimiento de requisitos esenciales”.
“La mencionada declaración de nulidad dispuso asimismo, el inicio de las acciones correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los funcionarios y servidores del IPD, conjuntamente con los contratistas (...) Durante el procedimiento no se otorgó ningún adelanto al mencionado consorcio ni se realizó ningún pago de por medio, no existiendo perjuicio económico a la entidad”, agregarón.
Por último, remarcaron que en mayo del 2018, un tribunal arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima “declaró improcedente la demanda de indemnización solicitada por el Consorcio Deportivo y liberó de cualquier responsabilidad económica al IPD en dicha instancia".
