En los próximos ocho meses, la Fiscalía de la Nación espera poder recoger más de 300 declaraciones de testigos, en el marco de las pesquisas por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de diciembre y enero pasado, en donde se investiga a la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como a otros altos funcionarios del Ejecutivo.
Casi al cierre del plazo de la investigación preliminar, que vence este miércoles 25 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió la Disposición N°08, mediante la cual se prorrogó por ocho meses más y de forma “excepcional” la indagación por genocidio, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.
Además de Boluarte, la pesquisa también comprende al actual jefe de Gabinete, Alberto Otárola; así como a los ministros de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta; y del Interior, Vicente Romero. También se incluye al exprimer ministro Pedro Angulo y a los exministros César Cervantes y Víctor Rojas.
LOS ARGUMENTOS
El principal argumento para la ampliación de plazo tiene que ver con las dilaciones que se han registrado para recoger testimonios de testigos. En el documento se explica, por ejemplo, que “habiéndose programado oportunamente fecha y hora para la realización de un total de 118 declaraciones”, las cuales tenían que llevarse a cabo del 14 de setiembre al 11 de octubre, “solo ha sido posible llevarse a cabo un total de 26 declaraciones testimoniales”. Es decir, poco más del 20% de las diligencias programadas para ese periodo de fechas se pudieron realizar.
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“El Ministerio Público ha actuado conforme a su deber de diligencia y prontitud, habiendo programado la realización de diligencias de manera oportuna, habilitando incluso días no hábiles con el propósito de cumplir a cabalidad con las diligencias proyectadas”, se refiere en el documento fiscal al que accedió El Comercio.
“Sin embargo, se han venido suscitando una serie de situaciones que generaron dilaciones innecesarias en la tramitación del presente caso, ajenas a la voluntad de este despacho, conllevando a la imperiosa necesidad de tener que prolongar el referido plazo excepcional”, se agrega.
Respecto a los investigados, se menciona que el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y el exministro César Cervantes solicitaron la reprogramación de sus declaraciones iniciales, las mismas que tuvieron que ser recogidas el 29 de setiembre último.
Además, otros 10 funcionarios y servidores públicos, en calidad de testigos y entre los que se encuentra el comandante general de la Policía, Jorge Angulo Tejada, “solicitaron la reprogramación de sus respectivas declaraciones, las que, hasta la fecha, dada la recargada agenda fiscal correspondiente al caso, no han sido posible reprogramarlas”.
En tanto, otros 24 funcionarios, entre los que se encuentra el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista Perea, “no concurrieron a brindar su declaración testimonial dispuesta en la presente investigación de manera injustificada; encontrándose pendiente la reprogramación de tales declaraciones”.
Tampoco se pudieron recoger las declaraciones de los deudos de 25 víctimas mortales, así como de 30 agraviados por el delito de lesiones en sus diferentes modalidades.
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Ante las inconcurrencias, el despacho de la fiscalía de la Nación ha optado por recabar copias de las declaraciones de las víctimas que ya ha recogido el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP). No obstante, se precisa que en algunas de las declaraciones “no se habría obtenido información relevante” para el esclarecimiento de este caso.
“Debemos recordar que en el caso submateria, el número total de agraviados por delito de lesiones [en sus diversas modalidades] es de doscientos cincuenta y uno; de los cuales este despacho ha recibido de manera directa diez agraviados”, se remarca. Se menciona que ello es por el “poco espacio” en la agenda fiscal, pero también por la inconcurrencia de algunos agraviados.
Otro de los argumentos que refiere la Fiscalía de la Nación es que de los 251 agraviados por el delito de lesiones, “existen certificados médicos legales en los que se requiere información complementaria para que se pueda emitir un pronunciamiento definitivo”; así como “en otros casos no se cuenta con los certificados médicos legales de determinados agraviados”.
(Foto: Archivo GEC)
“A partir de la información recibida, se ha podido advertir la existencia de presuntas incongruencias en algunos certificados médicos legales; por lo que urge solicitar al EFICAVIP, como gestor de la información, soliciten a las dependencias respectivas que formulen las precisiones que correspondan”, se sostiene.
Y un punto a destacar que se consigna en la disposición fiscal es que recién el 3 de octubre último el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró “fundada en parte” la solicitud planteada por el Ministerio Público para acceder a información clasificada.
Es decir, los planes de operaciones tanto de la Policía Nacional como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) que se realizaron en medio del conflicto social. No se consiga con precisión a qué información sí podrá acceder el Ministerio Público y cuál le fue denegada por el Poder Judicial.
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Argumentando estas dilaciones, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, optó por disponer una ampliación de plazo “excepcional”. Y dispuso recabar las declaraciones de más de 300 personas en calidad de testigos, entre los que se encuentran 27 derechohabientes; más de 34 funcionarios y servidores, entre los que se encuentran altos mandos de la Policía y del sistema de inteligencia; así como a 241 presuntas víctimas de lesiones; además de otros 27 testigos.
PUNTOS DE VISTA
Para Carlos Rivera, abogado de las víctimas, la decisión de ampliar el plazo “se caía por su propio peso” debido a que se ha estado incorporando mucha más información documental, más víctimas y mayores elementos en los últimos dos meses, “y por tanto es obvio que el nivel de complejidad de la investigación había crecido de manera significativa”.
Sobre la cantidad de diligencias programadas, Rivera advirtió que la inmensa mayoría de testigos viven en provincias y no tienen recursos para venir a Lima a brindar su declaración o tampoco la forma de cómo conectarse de forma virtual.
Aunque a juicio de Rivera, las pesquisas van por buen camino en el sentido de la aparición de información relevante “respecto del conocimiento que tuvieron los altos funcionarios, y de las decisiones que no tomaron o dejaron de tomar para evitar los resultados que se conocen”.
“Creo que lo que va a ocurrir es que se va a seguir incorporando informaciones, se va a seguir incorporando declaraciones y eso, en un tiempo más o menos corto, le va a permitir al Ministerio Público tener una idea mucho más concreta, mucho más objetiva de cuál ha sido el rol que los investigados tuvieron en cada uno de los acontecimientos”, comentó a El Comercio.
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Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión destacó que ya la Fiscalía de la Nación tiene ahora los plazos muy ajustados, por lo que ve “irreal” que se pueda cumplir con todas las diligencias que se ha dispuesto. Para el especialista, hay dos puntos centrales por definir: si es que se podría ampliar aún más el plazo, y si es que se formalizará la investigación.
“Yo creo que sí se podría ampliar (el plazo por) el delito de genocidio; porque es un delito complejo, de lesa humanidad, para una nueva ampliación. Es irreal pensar que en ocho meses van a culminar esas diligencias. Si se compara retrospectivamente, en ocho meses de investigación, vas a ver que no han sido ni cien diligencias las que se han llevado a cabo como para ahora tener todas esas declaraciones en este corto tiempo. Es irreal pensar que en esos ocho meses van a culminar”, manifestó a este Diario.
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Apunto que “lo que a veces hace la Fiscalía, cuando ya está con el plazo casi vencido, por salvar la investigación pasan a la investigación preparatoria y ganan un plazo adicional”. Sin embargo, “el problema aquí es si esto pasaría o no a una siguiente etapa, porque estamos frente al primer ministro y frente a la presidenta”, por lo que previamente tiene que pasar por el Congreso antes de formalizarse el caso.
“Tendría que aplicar (la fiscal de la Nación) el mismo precedente de Castillo y, si se le vence el plazo de los ocho meses y al ya no poder ampliarlo, tendría que necesariamente enviar su acusación al Congreso. De mutuo propio ella no puede ir a la siguiente etapa, necesita la habilitación del Congreso (para formalizar)”, recalcó.
Este Diario intentó recoger comentarios de la defensa de la presidente Dina Boluarte, pero no fue posible.
