“La estrategia del señor Ollanta Humala es clara: es que los testigos no declaren”

El fiscal superior también se refirió a los procesos e indagaciones que ha abierto la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público en contra suya y del fiscal José Domingo Pérez, integrante de su equipo. Según advirtió, están ante una campaña de censura y de hostigamiento cuyo propósito final sería llevarlos a las suspensiones o destituciones en su cargo, en una campaña similar a la ocurrida cuando Pedro Chávarry era el titular de la institución.

— Luego de que el Poder Judicial prescindió el lunes de las declaraciones de cinco exdirectivos de Odebrecht en el juicio a Ollanta Humala, algunas voces dijeron que el caso Lava Jato se caía. ¿Qué responden a eso?

Son versiones de parte. Nunca ha existido un riesgo de que los casos de vayan a caer porque no dependen de una circunstancia, sino que están construidos sobre la incorporación válida de pruebas. Lo paradójico es que quien se defiende quiera buscar obstruir la actuación de la prueba [...] Buscan, a través de maniobras y artificios legales, sustentar posiciones fuera del país para obtener decisiones controversiales. Felizmente, los jueces [peruanos] han tomado posición en el sentido de que estas corresponden al sistema de justicia de Brasil, pero no están vinculadas al Perú.

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— ¿Qué efecto tendrá en el juicio a Ollanta Humala que se haya prescindido de esas declaraciones? Tengo entendido que eran testigos importante para ustedes

Son testigos que el Ministerio Público propuso. Sucede en los juzgamientos que eventualmente hay testigos que no pueden declarar. Son testigos que el Ministerio Público propuso. Sucede dentro de los juzgamientos que eventualmente hay testigos que no pueden declarar. Esta es una conducta obstruccionsista, de mala fe, de la defensa del señor Humala, que buscó controvertir la posibilidad de que se brinden estos testimonios desde Brasil. El Poder Judicial del Perú determinó prescindir de estas declaraciones porque nada garantizaba de que pudieran actuarse en el corto plazo.

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Dada la conducta procesal de la defensa de litigar en Brasil para evitar que estos testigos puedan comparecer ante la justicia peruana, nada podría garantizar que durante el tiempo que falta para que concluya el juicio, estos se vayan a presentar. Dadas las imposibilidades, se buscó prescindir de ellos, pero eso no quiere decir que no vayan a actuarse sus declaraciones previas. El caso de Jorge Barata es distinto. Es un testigo que tiene doble condición: es delator premiado en Brasil y colaborador eficaz de la justicia peruana, porque los crímenes que ha admitido se han realizado en el Perú.

— Jorge Barata está citado para el 10 de octubre. ¿Ya tuvieron algún contacto para saber si estará en el Perú ese día?

No, pero estamos siempre a la expectativa de promover todas las condiciones para que el señor Barata se presente. No tiene sino que coordinar con nosotros tal vez aspectos de carácter logístico, porque su obligación legal está determinada en la sentencia de colaboración eficaz [...] [Barata] es plenamente consciente de sus obligaciones. Esas obligaciones tienen que ser plenamente cumplidas.

— ¿Está obligado por la justicia peruana a presentarse ese día?

Sí, él tiene una obligación. Eso se explicó en audiencia, se discutió en audiencia y así fue valorado por el colegiado a cargo del juzgamiento del señor Ollanta Humala.

— ¿A qué se expone si no se presenta a esa citación?

En términos generales: los acuerdos de colaboración tienen también obligaciones para los colaboradores [...] Específicamente, las vinculadas a que dentro de todos los procesos en que sea convocado, por un juez o por un fiscal, el señor Barata tiene la obligación de comparecer. A eso él se ha obligado voluntariamente, es parte del acuerdo de colaboración eficaz.

— Si no viene, ¿cuál es el riesgo específico para él? ¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo contempla también procedimientos de revocatoria, porque están en la ley descritos. La revocatoria de un acuerdo es siempre una posibilidad en términos de un incumplimiento. Eso previamente tiene que ser evaluado por el fiscal encargado, José Domingo Pérez. Es en el escenario de una posible circunstancia, que aún no se produce, cuando se podría evaluar esa situación. Nosotros confiamos en que el señor Barata, como corresponde al mandato judicial del sistema de justicia del Perú, va a comparecer en la fecha en que fue notificado.

— Las defensas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori dicen que lo afirmado por Barata sobre aportes a sus campañas es más de lo mismo. ¿Son relevantes para sus casos esas menciones?

Seguramente han estado muy atentos a la declaración del señor Barata [...] Todo lo dicho [en audiencia]es relevante para el caso Lava Jato, seguramente, pero ha sido realizado dentro del caso Metro de Lima. Todo lo que se pueda derivar, eventualmente, en un análisis de cada fiscal del caso y de cada juez que, eventualmente, lo vaya a poder incorporar. Seguramente produce mucho temor en todos estos abogados lo que se ha escuchado el jueves respecto a casos conexos. Lava Jato es un gran caso de megacorrupción y lavado de dinero. Es inevitable que en un caso como Metro de Lima se puedan mencionar hechos consustanciales a otros casos. Seguramente les puede preocupar ello. [En el] Caso del señor Humala, por ejemplo, que busca censurar a los testigos, que busca que no declaren. Lo que el jueves se ha escuchando seguramente le genera un nivel de preocupación.

— ¿Están en condiciones de asegurar que Jorge Barata estará en el Perú el 10 de octubre?

Estamos en condiciones de asegurar que Jorge Barata es plenamente consciente de sus obligaciones. El jueves dio una muestra objetiva de estar cumpliendo con el acuerdo. No tenemos sino que asumir lo ordenado por jueces peruanos: la citación el 10 de octubre a las 9 a.m.

— Los testigos brasileños que fueron impedidos por un juez de ese país para declarar en el Perú también son testigos para otros juicios, como el de Alejandro Toledo o Keiko Fuijimori. ¿Podría ocurrir lo mismo en esos casos?

No lo podríamos adelantar porque no sabemos qué van a hacer los abogados. Está claro que agotan todos los mecanismos que pueden, en orientación a sus estrategias legales. La estrategia del señor Humala es clara: es que los testigos no declaren. Ellos no quieren escuchar a los testigos, no quieren interrogarlos. Lo que quieren es que no se escuche esa versión [...] Estamos ante la probabilidad de que otros abogados puedan hacer lo mismo. De momento, la decisión del Tribunal Federal brasileño [de impedir las declaraciones] corresponde a una petición exclusiva de la defensa del señor Humala. No tenemos ninguna otra noticia. Cada vez que presenten algo, eso sí, el Ministerio Público está preparado para responder.

— En medio de estos avances en los casos, a usted y al fiscal José Domingo Pérez les vienen abriendo indagaciones y procesos en la autoridad de control de la fiscalía por declaraciones a la prensa...

Yo añadiría que sufrimos una permanente campaña de difamación en distintos medios y que por diferentes circunstancias, no hemos tenido tampoco la posibilidad de rebatirla con la frecuencia que antes teníamos, respecto a esclarecer las notificas falsas o a contrapresar lo que los abogados defensores ocupan como espacio dentro de los medios; en lo que el Ministerio Público estimaba que era una vocería, pero asociada a la rendición de cuentas. Bueno, resulta que evidentemente, ahora estamos dentro de una censura, dentro de la probabilidad de que cada vez que declaramos, cualquiera de nuestras declaraciones sea descontextualizada por los órganos de control, y eventualmente se busca que lleguemos hacia investigaciones donde la autoridad de control determina faltas graves o muy graves, que nos llevarían al escenario de las suspensiones o las destituciones en nuestros cargos.

Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Sin embargo, estamos sometidos a distintos niveles de presión que buscan nuestra salida. Nuestra intención siempre ha sido perseverar, tener determinación en nuestros casos para terminarlos. Peleamos por permanecer con nuestros casos, más allá de las especulaciones y difamaciones que se hacen en estas campañas de demolición [...] Buscan atacar a los investigadores, desprestigiarlos. Esto no es inédito: sucedió en Brasil, en Guatemala. Siempre hay un modelo a seguir respecto a lo que la criminalidad organizada busca para encontrar impunidad [...] Estamos en una expectativa de culminación de ese esfuerzo. Por eso, reiteramos y pedimos la dedicación exclusiva al Poder Judicial, para que todas estas acusaciones no sigan el trámite de cualquier otro caso de crimen organizado, sino que la sociedad merezca la averiguación de la verdad y finalmente llegamos a que todos estos hechos sean conocidos judicialmente y se determine la culpabilidad o inocencia de las personas acusadas.

— Uno podría ‘entender’, bajo la lógica de una defensa bastante agresiva, que exista interés de personas procesadas por ustedes para que sean sacados de sus puestos. ¿Pero qué interés tendría la Autoridad Nacional del Control?

La Autoridad de Control tiene deberes consecuentes a su función, porque están establecidos en la ley: de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, de no hostilizar. Nosotros aquí hemos tenido circunstancias inéditas, como que para notificarnos una notificación de la Autoridad de Control han venido con sus medallas un señor fiscal superior provisional, un adjunto superior, simplemente para entregar una disposición que podría haberse entregado hasta mediante una cédula de notificación en un correo electrónico.

— ¿Eso lo considera un hostigamiento?

Pero no solamente eso. Hay una serie de circunstancias relacionadas a lo que vamos defendiéndonos en los proceso disciplinarios. Nos han negado la prueba, en mi caso hasta me han negado mi derecho a la salud. Todas esas circunstancias las hemos informado a quien corresponde, que es la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos de que en el análisis de todas esas consideraciones, que estimamos que son parte de una campaña de hostilización y de abuso, sean en su momento analizadas por la JNJ. Y por la sorpresividad de las circunstancias, porque este tiene que ver con el avance de las investigaciones.

Cuando es extraditado el señor Alejandro Toledo, cuando termina el control de acusación de la señora Keiko Fujimori, cuando está finalizando el juicio del señor Ollanta Humala, es que arrecian las campañas de desinformación y en paralelo se reactivan investigaciones de hechos de hace casi cuatro años en las oficinas de control interno [...] Además, [las investigaciones en la ANC] tienen que ver con declaraciones que nosotros hacemos ante los medios de comunicación, que es una rendición de cuentas y que contrapesa la permanente desinformación de muchos abogados. Eso no es especulativo, nosotros somos parte de una plan comunicacional que no viene únicamente de esta gestión, sino desde mucho antes. Hemos sido parte activa y nunca hemos sido criminalizados, por decirlo de alguna manera, a través de los órganos de control por lo que declaramos. Esto se identifica con algún sistema de persecución. A partir de esa situación, estamos siendo investigados por faltas graves y muy graves.

— En este escenario, ¿ustedes sienten el respaldo de la fiscal de la Nación?

La señora fiscal de la Nación nos permite poder tener estos espacios de comunicación. Siempre, por cierto, existen políticas comunicacionales, que de repente son parte también de los estilos de trabajo y gobernabilidad en ese sentido. Nosotros nos estamos defendiendo como corresponde, desde las perspectiva de lo que es nuestro trabajo cotidiano. Por supuesto, siempre especulaciones, invocaciones a la fiscal de la Nación hacia pedir que seamos removidos de nuestros cargos. Pero tenemos la certeza de que hemos cumplido cabalmente nuestro trabajo y el mejor reconocimiento es el seguir dentro de nuestras posiciones.

Finalmente, hacemos nuestro trabajo y no tengo ningún tipo de elemento para especular algo distinto, porque conozco el valor de mi trabajo, porque he puesto mi trabajo y el de las personas que trabajan en el equipo, a disposición de la institución. Y partimos de la presunción clara de que la señora fiscal de la Nación también así lo interpreta, porque todos continuamos en el ejercicio de nuestros cargos, de nuestros puestos y nuestras obligaciones.